

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada programó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para el 23 de setiembre.
Como se recuerda, el equipo especial del caso Lava Jato solicitó 29 años de prisión contra Villarán de la Puente por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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La acusación incluye a José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros involucrados y exfuncionarios de la Municipalidad de Lima. Contra ellos, el fiscal José Domingo Pérez solicitó penas entre 9 y 25 años de prisión efectiva.
También están comprendidas las personas jurídicas Momentum, Ogilvy & Mather S.A.; Chirinos & Salinas Asociados S.A.C.; Asociación de Amigos de Lima Metropolitana; CMR Construcciones S.A.C.; Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A.; Rentable.Pe S.A.C.; Mindshare Perú SAC; Asociación Ciudadanos por Lima; y Diálogo Vecinal.
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Entre los acusados figuran el peruano Mario Ruas Nogueira (México) y el brasileño José Adelmário Pinheiro Filho, cuya tramitación de notificación a dichos países a través de Cooperación Judicial Internacional requiere un plazo de cuatro meses.

“En base a dichos factores se considera un plazo razonable mínimo de cuatro meses, para la audiencia de instalación de juicio oral”, dice la resolución a la que accedió este Diario.
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Según el documento fiscal, Susana Villarán lideró una organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima que lavó más de US$ 11 millones de dólares provenientes de Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero.
El documento precisa que dicho delito se dio a través de aportes de origen ilícito a sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección a la Alcaldía de Lima (2014).
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En mayo del 2019, la exalcaldesa admitió en una entrevista haber recibido esos aportes de las constructoras brasileñas. Sin embargo, dentro del proceso penal ha negado en todo momento haber cometido delito alguno.
Villarán cumplió prisión preventiva hasta mayo del 2020, cuando fue liberada para que se cumpla arresto domiciliario ante el riesgo de contraer COVID-19 al inicio de la pandemia.
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Un año después, el Poder Judicial rechazó ampliar el arresto domiciliario y le impuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país mientras seguían las investigaciones en su contra.
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