Las cirugías de Dina Boluarte: ¿Por qué la Fiscalía de la Nación busca que no salga del país ante un eventual juicio oral?

El fiscal supremo adjunto Wilfredo Rivera Baltazar, afirmó que la exmandataria puede movilizarse libremente e incluso abandonar el territorio peruano en cualquier momento, puesto que al haber sido destituida del más alto cargo público ya no necesita de la autorización del Congreso de la República para viajar a otro país.

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Luis Castro Grados, abogado de Boluarte Zegarra, solicitó que se rechace el pedido al sostener que su patrocinada acudió a las citaciones fiscales a rendir sus declaraciones y no concurrían los elementos para dictar un impedimento de salida del país.

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En este caso, la vacada exmandataria es investigada por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por haber intervenido para la designación de terceras personas en puestos de confianza de Essalud, derivado de la investigación por las cirugías estéticas que le practicó el médico Mario Cabani.

El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien escuchó los argumentos de las partes, anunció que resolverá el pedido “en los próximos días”y lo notificará por las respectivas casillas electrónicas.

Boluarte Zegarra, como se recuerda, no cuenta con medida restrictiva en su contra pese a que afronta diversas investigaciones que la vinculan a graves delitos que habría cometido, tanto en su condición de exmandataria y como persona natural.

De acuerdo al reporte del Ministerio Público, la exmandataria se encuentra investigada en más de veinte carpetas fiscales, tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación como en la Fiscalía para casos de Lavado de Activos.

Además, está pendiente que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales reactive las denuncias constitucionales por los denominados caso “El Cofre”, caso “Cirugías”, el caso “Qali Warma”, entre otros.

Así, los presuntos delitos por los que tiene que afrontar ante la justicia son presunto enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, encubrimiento personal, abuso de autoridad, falsedad genérica, lesiones leves, lavado de activos, organización criminal, financiamiento prohibido de organizaciones políticas, entre otros.

Precisamente, sobre el caso de lavado de activos y organización criminal donde Boluarte Zegarra es señalada de presuntamente haber recepcionado dinero ilícito de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón, el juez Lolo Fernando Valdez desestimó este miércoles el impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía de lavado de activos.

En el sustento de sus argumentos, el fiscal supremo adjunto Wilfredo Rivera Baltazar, precisó ante el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, que en este caso, la vacada expresidenta Dina Boluarte es investigada presuntamente por haber usado su cargo para otorgar beneficios a terceras personas, amigas del médico Mario Cabani, quien le practicó una cirugía estética en el rostro el 23 de junio del 2023.

De acuerdo al fiscal, los elementos de convicción han corroborado “presuntos favores” solicitados por el médico a la exmandataria a través de correos electrónicos enviados entre 3 de agosto y 14 de setiembre del 2023 a Patricia Muriano, asistente personal de Boluarte.

Cabani requería puestos de trabajo en Essalud, entre estos, en las oficinas de gerencia, en la oficina de Adulto Mayor o Poblaciones Vulnerables y en la Red 1 o 2 del Rebagliati. También solicitó en Promperú o en el área de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente.

“Este interés directo e indirecto indebido de la expresidenta, siguiendo las solicitudes efectuadas por Mario Cabani se han visto materializadas, porque el día 9 de agosto del 2023, esto es, seis días después del correo mencionado, es nombrada Natali Victoria Román Schmitt”, señaló el fiscal.

Además, se habría interesado en el nombramiento de María Aguilar del Águila, amiga de Cabani, como directora ejecutiva de Essalud.

Y, en un tercer hecho, se habría interesado en agilizar el pago de liquidación de beneficios del médico Javier Sánchez e Igunza de su puesto en Essalud y quien también es amigo de Cabani.

El fiscal señaló como elementos probatorios la declaración ante la fiscalía anticorrupción de Aguilar del Águila, quien confirmó que es amiga de Cabani, desde hace mucho tiempo.

Román Schmitt también confirmó a la fiscalía conocer al médico desde hace veinte años. Está además la declaración de Muriano quien confirmó la recepción de los correos electrónicos de parte de Cabani y además, afirmó que se lo hizo conocer a Boluarte, quien le respondió que ese tema lo vería directamente con el médico.

Rivera Baltazar precisó que su pedido de impedimento de salida del país no solo cuenta con elementos vinculados a la comisión de los hechos investigados; sino que, a su consideración, existe un “peligro real y concreto de fuga de la expresidenta Dina Boluarte” y para ello resulta indispensable su presencia para la indagación de la verdad.

El representante del Ministerio Público manifestó ante el juez que no se entienda que la averiguación de la verdad esté únicamente circunscrita a los actos de investigación preliminar, puesto que la ley no encasilla ello solamente a la investigación preliminar; sino que esta se produce concretamente con actos de prueba que se obtienen durante el juicio oral y es allí donde se va a establecer la verdad.

Por ende, la fiscalía sostuvo que la indagación de la verdad tiene que darse en todo el proceso y no solo para actos de investigación.

“En esta parte, señor juez, la fiscalía entiende que no debe circunscribirse al tema de que se tenga que realizar algún acto de indagación en la etapa de investigación preliminar o preparatoria; sino que se trasluce durante todo el proceso y principalmente se requiere esta medida para fijarla físicamente, sobre todo ante un eventual inicio de juicio oral, donde precisamente se requiere que esté presente para el juicio oral.”

Wilfredo Rivera Baltazar, fiscal supremo adjunto

Agregó que la expresidenta, en la actualidad, cuenta con los medios económicos “para salir del país cuando ella lo requiera y permanecer fuera del mismo por largo tiempo”, ya que conforme a su declaración jurada de bienes de rentas, ha indicado que tiene bienes e ingresos por más de S/800 mil.

Por tanto, remarcó, dicha cantidad le permitiría salir y “estar fuera por bastante tiempo”, pero sumado a ello y más importante, consideró, es por las investigaciones que debe afrontar.

“Y otro elemento importante, señor juez, es la cantidad de investigaciones que ella aún tiene pendiente en este despacho. Tales como, señor juez, la Carpeta Fiscal 302-2024, en el cual se le imputa el delito de demora o demora de actos funcionales al no haber adoptado las medidas para contrarrestar los incendios forestales, entre agosto y setiembre del 2024. Otro caso es la carpeta 159-2025 donde se le imputa negociación incompatible, al haberse interesada de manera indebida en la adquisición de una máquina de magnetoterapia destinado a su recuperación post-quirúrgica tras la cirugías estéticas, contraviniendo los deberes de imparcialidad y probidad en el ejercicio de la función pública. También tiene la carpeta 214-2025 donde se le imputa el presunto delito de falsedad genérica por la presunta falsificación de firmas en Resoluciones Supremas emitidas entre el 29 junio y 9 de julio del 2023. También la carpeta 161-2025, donde se le imputa abuso de autoridad por intervención directa en el pase al retiro del entonces Comandante General PNP Jorge Angulo Tejada y también la carpeta 89-2025, donde se le imputa a la investigada Dina Boluarte los delitos de nombramiento, designación, nombramiento ilegal de Rómulo Mucho en el cargo de ministro de Energía y Minas.”

Wilfredo Rivera Baltazar, fiscal supremo adjunto

Junto a ello, el fiscal supremo adjunto precisó que Boluarte Zegarra no cuenta con arraigo laboral ya que no tiene trabajo, no tiene arraigo familiar que la vincule al territorio nacional; incluso, recordó, uno de sus hijos trabaja como diplomático en Estados Unidos, lugar donde podría ir la expresidenta en caso de salir del país.

Rivera Baltazar rechazó afirmaciones de la defensa de Boluarte, como que esta acudió a rendir su declaración por su disposición; por el contrario, precisó, lo hizo “porque en ese momento era Presidenta de la República y por lo tanto no podía salir del país sin autorización del Congreso”.

“Tiene la facilidad económica y los contactos que ella hizo cuando, como Presidenta de la República, salió del país en diferentes oportunidades. No estamos diciendo que haya peligro de fuga porque viajó; sino porque los viajes que hizo le permitió obtener los contactos necesarios para que, eventualmente, saliendo del país, use esos contactos y pueda vincularse a un lugar fuera del país”, concluyó el fiscal.

Luis Castro Grados, abogado de Boluarte Zegarra, solicitó al juez que declare “infundado” el pedido de impedimento de salida del país puesto que no concurren los presupuestos para dictar la medida restrictiva. Alegó una ausencia de elementos de convicción para fundamentar la medida.

Respecto al primer hecho, referido al interés de la vacada expresidenta para la designación de María Elena Aguilar del Águila en el cargo de presidenta Ejecutiva de Essalud, señaló que se trataba de una imputación “incipiente, muy prematura y muy corriente” debido a que no ha sido debidamente corroborada.

Aseguró que no existe ningún acto de investigación en la carpeta fiscal abierta en la Fiscalía de la Nación, donde tampoco se ha recibido la declaración de su patrocinada, de María Elena Aguilar, Mario Cabani, del exministro Daniel Maurate (investigado también por este caso), ni de Patricia Muriano.

Por el contrario, sostuvo que todo los documentos fueron trasladados de la investigación que se sigue a los no aforados en una fiscalía anticorrupción.

“¿Qué grado de sospecha razonable podría haber en esta imputación si no hay ni un solo acto de investigación por parte el señor fiscal?”, cuestionó.

En ese contexto, informó que la FN recién programó las declaraciones de Mario Cabani y de Patricia Muriano para el 21 de octubre a las 15:00 horas y el 23 de octubre a las 9:00, respectivamente.

Sobre la designación de Natali Victoria Román Schmitt, la defensa adujo que la imputación es “insuficiente en grado de sospecha razonable”, debido a que la supuesta beneficiaria tampoco fue convocada a declarar por la FN.

Mientras que, sobre el posible interés para agilizar los pagos de beneficios sociales para Javier Sánchez e Igunza, el abogado sostuvo también que ninguno de los testigos vinculados al hecho fue citado a declarar por la FN ni tampoco obtuvieron información de la fiscalía anticorrupción.

Afirmó que el pasado 1 de octubre presentaron ante la FN un pedido para que se cite a declarar a Boluarte Zegarra.

“Estamos ante un requerimiento apresurado puramente alimentado de conjeturas y rumores políticos.”

Luis Castro Grados, abogado de Boluarte Zegarra

Solicitó al juez no tener en cuenta los viajes que realizó Boluarte al extranjero, puesto que estos los hizo en su calidad de presidenta y desde el 9 de octubre, fecha en la que fue vacada, no ha salido del país. También rechazó que exista algún pedido de asilo político a Ecuador o Brasil, lo cual calificó de “despropósito jurídico”.

Respecto de que Estados Unidos podría ser un lugar donde fugar, porque su hijo es diplomático en dicho país, el abogado aseguró que existen mecanismos de extradición.

“La fiscalía, para justificar esta medida debe acreditar de manera concurrente el peligro de fuga, la evaluación del arraigo, la posibilidad de abandono del país del imputado y la conducta procesal y nada de estos presupuestos han arrojado, en el presente caso, para mi patrocinada Dina Boluarte Zegarra”, dijo.

Aseguró además que el comportamiento procesal de Boluarte se encuentra acreditado, pues ha concurrido a declarar en las investigaciones carpeta fiscal 386-2024 por omisión de funciones y abandono de cargo injustificado, en la carpeta 68-2024 por cohecho pasivo impropio, en la carpeta 87-2023 (que se encuentra archivado), en la carpeta 1000-2024 por presunta falsedad genérica, en la carpeta 153-2024 por presunto encubrimiento personal agravado, en la carpeta 218-2024 (que se encuentra archivado) y en la carpeta fiscal 295-2025, han solicitado que la FN programe fecha y hora para declarar por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.

Al igual que en el caso de lavado de activos seguido contra Boluarte, el abogado ofreció que el juez pueda disponer que Seguridad del Estado informe sobre las actividades de la vacada expresidenta, en lugar de un impedimento de salida del país.