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Ley antitránsfugas: ¿puede el Congreso desacatar la decisión del TC?

Por mayoría, el pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda contra la norma que impide a congresistas disidentes formar grupos o integrarse a otros

Transfuguismo

(Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)

El Tribunal Constitucional (TC) votó ayer la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley antitransfuguismo. La resolución debe oficializarse en unos días. (Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)

(Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) votó el martes último la demanda que 41 parlamentarios de cuatro bancadas presentaron contra la llamada ley antitransfuguismo, que fue aprobada por el Congreso de la República, de mayoría fujimorista, en octubre del 2016. La norma impide a congresistas que sean separados o se retiren de sus bancadas formar nuevos grupos o integrarse a otros.

Los magistrados del TC escucharon el viernes 11 en Arequipa los alegatos a favor y en contra de la demanda de inconstitucionalidad. Más de dos semanas después, el congresista oficialista Gilbert Violeta publicó en Twitter la decisión de la mayoría del pleno del organismo, la cual declara fundada en parte la demanda. 

Ahora se espera que el TC oficialice en los próximos días el fallo a fin de que sea publicado en el sitio web de la institución. Asimismo, en el diario oficial "El Peruano" para un día después entrar en vigencia.

—Voces desafiantes—
Tras la audiencia del 11 de agosto en Arequipa, algunas voces parlamentarias que defienden la norma ya hablaban incluso de desconocer la resolución del TC en caso la declare inconstitucional. Ante esta posibilidad, el congresista aprista Mauricio Mulder refirió por entonces a la prensa que solo sería “una declaración de carácter académico” o que “no tendría ningún efecto”, porque los congresistas no tienen qué votar en sentido contrario al de su criterio y conciencia. En la misma línea, el oficialista Juan Sheput señaló a “Correo” que la “autonomía del Legislativo” incluso permitiría que “tranquilamente” no se acate el fallo.

“Lo máximo que puede hacer el Tribunal Constitucional es exhortar, pero no nos puede obligar a tomar una decisión. Si van a cuestionar nuestro reglamento, pues nosotros nos meteremos con el de ellos”, dijo Sheput. Una posición contraria expresó vía Twitter su colega de Peruanos por el Kambio, Salvador Heresi: “Quienes condenamos la dictadura de Nicolás Maduro por romper el orden constitucional no podemos avalar que el Congreso desconozca la sentencia del TC”.

Mulder volvió a la carga ayer en declaraciones a RPP. Además de criticar a Violeta por publicar el fallo antes de que el TC lo oficialice —lo que calificó de ilegal—, insistió en que el Parlamento no está obligado a acatar la decisión. “Lo que creo es que ese fallo no se puede cumplir porque para poder nosotros establecer lo que ellos manifiestan tendríamos que modificar el Reglamento y no estamos obligados a votar en el sentido que ellos quieren”, refirió. Incluso, calificó el fallo de "golpista" por corregir una norma del Congreso.

—Lo que dice la Constitución—
Por un lado, el artículo 93 de la Constitución Política del Perú indica que “los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Cabe recordar además que el Reglamento del Congreso tiene rango de ley, según la Carta Magna.

Por otro, el artículo 204 de la Constitución refiere que “la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto”. Además, el organismo es la única instancia en cuanto a acciones de inconstitucionalidad.

—Defienden la autoridad del TC—
Ante las posiciones expresadas por Sheput y Mulder, abogados constitucionalistas consultados por El Comercio defendieron la autoridad del TC y coincidieron en que no se puede desacatar su decisión, pues esta es vinculante. Esta posición incluso fue respaldada por Anibal Quiroga, abogado contratado por el Parlamento para defender la constitucionalidad de la denominada ley antitransfuguismo durante la audiencia a inicios de este mes en Arequipa. También participó Guillermo Cabanillas, de la oficina de Defensa de las leyes del Legislativo.

“Sin duda alguna, si me preguntaran, mi recomendación sería esa [acatar lo que diga el TC]. Si la sentencia es desfavorable al Congreso tiene que ser acatada por todos”, dijo Quiroga, recordando que la misma posición expresó en la audiencia.

Por su parte, el constitucionalista Enrique Bernales manifestó que Sheput y Mulder hacen una interpretación que no es acorde a la Constitución. Asimismo, explicó que si el TC declara la inconstitucionalidad, la derogación es automática, aunque queda como atribución del Parlamento modificar la norma o emitir una nueva.

“El control de constitucionalidad —en lo que se refiere a una ley que es declarada inconstitucional por el todo o por la parte— evidentemente alude a la necesidad de que ella sea modificada por el órgano que la dictó. Y eso es perfectamente democrático y constitucional, y así funciona en todo el mundo”, apuntó Bernales.

En la misma línea, el constitucionalista César Landa indicó que el TC puede declarar la inconstitucionalidad de la ley antitransfuguismo y, así, esta ya no debería existir judicialmente ni ser interpretada por nadie. Asimismo, el organismo —acotó el especialista— también podría emitir una sentencia interpretativa y el Parlamento tendría que respetar esa interpretación modificando de acuerdo a ella su reglamento.

“Hay un procedimiento en este caso judicial de naturaleza constitucional, que tiene los mismos efectos de la cosa juzgada que emite la Corte Suprema. Es decir, quien se resiste al cumplimiento de un acto judicial puede estar cometiendo una infracción constitucional y eventualmente un delito por resistencia a la autoridad […] Si el Tribunal declara que una ley del Congreso no es válida, no puede el Parlamento decir yo soy autónomo, no estoy sujeto a mandato imperativo”, expresó Landa a este Diario.

Finalmente, el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo que la sentencia del TC irá dirigida a una norma, en este caso el Reglamento del Congreso, y no a un congresista en particular.

“La contestación de la demanda [de parte del Congreso] fue presentada por el personero de Fuerza Popular [Luis Mejía Lecca, quien además labora en el Legislativo]. Entonces qué cosa se está defendiendo, ¿al Congreso o al planteamiento de Fuerza Popular para que sus congresistas no se vayan? […] Esto hace ver que es interés del partido, no de la funcionalidad del Congreso”, insistió sobre la norma.

Si bien es conocida como ley antitransfuguismo, el texto de la resolución legislativa no contempla el término y más bien señala que se trata de una resolución “con la finalidad de desincentivar la fragmentación de los grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento”.

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