“Un presidente no debe ser un referente para asaltar el Estado”

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—El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ha referido que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha violado manifiestamente la Constitución al presentar una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del presidente Castillo. ¿Cuál es la evaluación que usted realiza? ¿Ha existido un exceso?

No, definitivamente a mi entender, no, lo que hace la fiscal de la Nación es potenciar su trabajo que solamente ella como titular del Ministerio Público es constitucionalmente la llamada a perseguir la investigación del delito. Y, además, como ciudadana considero que pone en agenda un tema crucial que lamentablemente nos afecta como sociedad, el 60% de los ciudadanos percibe que el principal problema del país es la corrupción. Lamentablemente, según lo que se ha leído de la denuncia fiscal se advierte de estos indicios que presenta, que el mandatario de nuestro país está inmerso en actos de corrupción bajo este modelo de una organización criminal. [La denuncia de Benavides] no la considero inconstitucional, forma parte de sus atribuciones y pone en agenda un debate público que nos enrostra como país la corrupción en la clase política en general, además, de Castillo.

—Por ejemplo, Torres indica que el presidente Castillo solo puede ser denunciado, durante su administración, por las causales que estipula el artículo 117 de la Constitución. ¿La denuncia de la fiscal Benavides abre un nuevo escenario?

Definitivamente que sí y yo saludo que se abra ese nuevo escenario, seguramente el señor Torres ha leído literalmente lo que dice el artículo 117 y todos podemos leer y decir, si lo leo literalmente, que el presidente puede ser blindado, que puede cometer todos los delitos que quiera durante su período y que todos los peruanos miremos pacientemente todo lo que sucede y tenemos que esperar a que terminen los cinco años [de su mandato].

Al respecto, tengo que decirles que se debe realizar una interpretación constitucional del artículo 117, y esta no parte por leer textualmente la norma, sino hay que pensar qué es la Constitución para los peruanos. La Constitución organiza la vida de los peruanos, organiza el manejo del Estado, pero bajo ciertos principios: la búsqueda del bien común, el respeto al orden democrático y la realización de los derechos básicos […] Lo que nunca nos podíamos imaginar es que quien debe cumplir el mandato de realizar una lucha contra la corrupción, sea la principal persona- según la fiscalía- que está liderando [una red criminal] a favor de mantener la corrupción.

—La fiscal de la Nación le ha solicitado al Congreso realizar una interpretación del artículo 117 de la Constitución “conforme” a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que el Perú suscribió. ¿Es viable? ¿Cómo?

El Congreso está llamado a hacer esa interpretación constitucional, esa interpretación del artículo 117, y para eso el Congreso tiene que adecuar la interpretación, la primera variable puede ser la Convención de las Naciones Unidades contra la Corrupción, otra variable que el Parlamento debe considerar es la jurisprudencia y los mandatos que el Tribunal Constitucional de manera reiterada ha señalado y vuelvo a repetir, el TC ha dicho que es un deber la lucha contra la corrupción y constituye un mandato implícito en la Constitución que se tiene que respetar. También hay que asumir los valores constitucionales que se tienen que realizar a la luz de este artículo 117. Y por último término diciendo que carecería de sentido común que veamos, voy a poner un ejemplo paralelo, que una empresa contrata a un gerente por cinco años y en el primer año se ven indicios cuestionables en temas de corrupción, ¿se va a esperar cinco años [para retirarlo] porque se le contrató por ese tiempo? Carecería de sentido común tener esas posiciones.

Yo más bien considero que este es un momento histórico para que el Congreso le dé una real interpretación constitucional al artículo 117, y que permita que a partir de aquí en adelante quien asuma un cargo como mandatario, también a la vez sepa cuáles son las consecuencias que va a tener que asumir en el supuesto de convertirse en un sospechoso de delitos de corrupción.

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—El presidente Castillo, incluso, dijo que se trataba de “una nueva modalidad de golpe de Estado”. ¿Usted comparte esta postura?

No lo comparto. Parte de su estrategia no solo es interponer denuncias, sino también es victimizarse, decir que como viene del campo, que como es un profesor rural, no pueden asumir o aceptar [que sea el presidente], pero acá es un tema de principios y definiciones, acá se está o no la corrupción, sé es corrupto o no, acá no me interesa si viene del campo o la ciudad, acá se trata de valores, y es hora que los ciudadanos comencemos a dar su real dimensión de lo que implica ser representante de una voluntad popular.

—¿El objetivo de la denuncia es que el Parlamento suspenda a Castillo por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones?

Ese va a ser el efecto a consecuencia de esa denuncia. El presidente de la República tiene dos aristas por las cuales puede responder por sus actos como funcionario. La primera es por afectar la Constitución, que no es el tema [actual], y la segunda es por cometer delitos en ejercicio de su función. Precisamente, este es el escenario donde se mueve la intervención de la fiscalía. Entonces, la fiscal Benavides le pide al Congreso, a través de esta denuncia, que analice la posibilidad de hacer teóricamente un adelanto de un antejuicio y no esperar a que terminen los cinco años [de gobierno].

Si el Congreso acepta la tesis de la fiscal, bajo los argumentos que ha dado, el efecto que va a darse es que va a tener que suspenderse al señor Castillo como presidente para que responda directamente ante los jueces de la Corte Suprema sobre la responsabilidad que se le está imputando, entre ellos la organización de una actividad delictiva. Pero ojo que suspensión no es lo mismo que destitución. Imaginemos que ese proceso penal sea bastante rápido, los jueces de la Corte Suprema tendrán que definir si el señor Castillo es culpable o inocente. Si es inocente, teóricamente debería regresar a asumir el cargo, y si es culpable, el Congreso ahí ante la condena penal, ahí recién podría tomar la posibilidad de inhabilitarlo y destituirlo.

—¿Este es el camino “más fácil” para la oposición? Solo necesitarían 51 votos en el pleno, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente.

Claro, si uno lee el reglamento del Congreso, el artículo 89, y, además, una sentencia del Tribunal Constitucional que fija cuál es la votación que se requiere para el antejuicio dice que [para aprobar la suspensión del presidente] se requiere de la mitad más uno del número legal de congresistas, sin contar a la Comisión Permanente. Si la Comisión Permanente es integrada por 30 congresistas, nos quedamos con 100, la mitad más uno sería 51. Y esa votación sería diferente a la del juicio político, que es por infracción constitucional, ahí serían 67 votos, porque el cómputo es otro.

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—Usted ha planteado que el Congreso debería seguir la ruta de la acusación constitucional. Y ha mencionado el artículo 159.4 de la Carta Magna, que establece que la Policía “está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”. ¿Las trabas que el Ejecutivo le pone al equipo especial de la PNP pueden constituir una causa contra el presidente?

Precisamente, considero que sí, porque el modelo democrático también permite que exista una separación de poderes, una separación en las atribuciones y en el ejercicio de esas competencias. El poder se ejerce con límites y con responsabilidad, el Poder Ejecutivo tiene su ámbito de acción, los órganos autónomos, como el Ministerio Público, tienen su ámbito de acción, y la Policía tiene su ámbito de acción. Pero qué sucede, y eso es para mí el mayor sustento que justificaría que el Congreso le dé la razón al Ministerio Público en este momento y que está vinculado al tema de la infracción constitucional. Qué sucede cuando el investigado en lugar de colaborar con la investigación para que se aclare su responsabilidad o estas sospechas, hace todo lo contrario, se convierte en un elemento que obstaculiza y que, inclusive, ni siquiera acata mandatos judiciales, porque está en una posición dominante, y de poder, como representante del Ejecutivo. Esto lo lleva a convertirse en un órgano de obstaculización. Y eso es peligroso para la investigación y casi estaríamos caminando hacia una impunidad si se sigue manteniendo esto.

Yo veo que la fiscalía es una David, porque es un órgano limitado económicamente, y tiene al frente a un Goliat, al Ejecutivo que forma parte de una organización criminal, según la tesis del Ministerio Público. Y yo sí considero que hay una infracción constitucional, el artículo 159. Pero qué tenemos cuando la Policía cumple los mandatos del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que tenemos es una respuesta de iniciar procesos administrativos contra integrantes de la Policía que acatan su labor, acá no hay colaboración con la justicia, es obstrucción y a la vez infracción constitucional.

Pero también quiero hacer acá un paréntesis, así como miramos que el Ministerio Público es muy efectivo [en este caso], espero que también lo sea para dar una respuesta sobre el congresista Freddy Díaz, quien ha sido denunciado por violación [sexual].

—Esta situación deja claro que el artículo 117 de la Constitución requiere ser reformado. ¿Qué tipo de cambios se deben realizar?

Evidentemente, toda norma tiene la posibilidad de una reforma, pero la reforma puede darse desde las maneras formales que señala la propia Constitución. El artículo 117, de repente, podría reformarse para agregarle otros artículos que permitan darle mayor viabilidad. Y la otra posibilidad es que los propios congresistas hagan una interpretación del artículo 117 para que pueda leerse constitucionalmente en un sentido más actual para realmente darle una eficacia a ese artículo.

—La fiscal de la Nación le imputa a Castillo Terrones los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencia agravado y colusión. ¿No es peligroso para la democracia en el país que el presidente enfrente esas graves acusaciones?

No solo resulta peligroso, sino también resulta perjudicial para la gestión de un país, hay que recordar que el presidente de la República no solo es un jefe de Estado, que personifica a la nación, sino también es un jefe de gobierno y esto último es lo más preocupante, porque él toma las decisiones y dirige las políticas públicas del Estado. Y, además, un presidente debería ejercer el cargo con dignidad, con solvencia moral, ser un referente para los ciudadanos, pero un referente para el bien común, no un referente para asaltar el Estado, para hacer del Estado un botín no solo personal, sino familiar, amical y partidario. Y por cierto este no es solo un tema que le corresponde a Castillo hoy, sino que lamentablemente es un tema que nos acompaña desde la República, no podemos santificar a los anteriores presidentes, no podemos olvidarnos de García, Kuczynski, Humala, Toledo, y Fujimori y otros. ¿Cuál es la diferencia con Castillo? Hoy las investigaciones preliminares nos enrostran con evidencias. Sobre los anteriores presidentes que he citado, durante su gestión, no se expresó la posibilidad de la investigación, hoy sí se ha dado, y hay evidencias que nos llevan a justificar la respuesta que se debe dar.

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—¿Cuál es su posición o análisis frente a los elementos y las declaraciones de testigos y colaboradores que comprometen al presidente Castillo en presuntos actos de corrupción?

Bueno, hay una imputación que se viene haciendo y es vital que se aclare la real situación de la participación del presidente de la República en todos esos delitos que habría cometido. Yo como ciudadana, esperaba que el presidente Castillo, en su conferencia de prensa, diga algo sobre esos hechos de corrupción que le está imputando la fiscalía, no son conjeturas, son situaciones concretas, entonces que diga algo, su mejor defensa será que, por lo menos, responda a los ciudadanos en relación a esos indicios. Pero hasta el momento no hay ninguna respuesta sobre el particular.

—¿La salida más realista a la crisis es “que se vayan todos”? ¿Ha faltado voluntad política en el Parlamento para evaluar este escenario en serio?

Definitivamente, sí, la clase política que tenemos a la fecha, y no solo hablo de Castillo, sino también del Congreso, estamos hablando del comportamiento de ciertos parlamentarios, y bueno, todo esto responde pues a una crisis política, a la ausencia de partidos políticos que realmente respondan, que sean voceros de los ciudadanos, eso no existe. Y la idea no solo es que se vayan, sino también que se renueve [la política], que se hagan los cambios necesarios para poder superar estos impasses que tenemos en la vida democrática. Yo anhelo que, por lo menos, se pudiera llegar a la reflexión y se pudieran tomar esas medidas [de adelanto de elecciones], pero lo dudo, en este caso no creo ser muy optimista.

—¿Existe una convivencia “tóxica” entre el Ejecutivo y el Congreso?

No, no tiene nada de tóxica, tóxica para la platea, pero internamente no tienen nada de tóxica, más bien son grandes amantes. Uno depende del otro, uno necesita del otro. Definitivamente, de tóxico no tienen nada, más bien hay un gran contubernio que se ha logrado construir desde el Ejecutivo con el Congreso y eso forma parte de la denuncia del Ministerio Público, que ha señalado cómo ha logrado evitar las vacancias, a través de las prebendas que [el presidente Castillo] ha ido construyendo con ciertos congresistas ofreciéndoles obras, contrataciones a los amigos en determinados puestos del Estado, y lo vuelvo a decir, aquí no hay nada de tóxico, más bien acá hay mucho de amantes, porque los amantes son clandestinos.

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—¿Cuál puede ser el rol que juegue el TC en medio de esta crisis?

Teóricamente diría que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en la interpretación constitucional, acá es un tema de interpretación constitucional, cómo interpretamos el artículo 117, el último que tiene la palabra para sellar esa interpretación es el Tribunal Constitucional. El Congreso puede tener una interpretación y si esa interpretación de repente no puede hacer criterio con algunos, estos tocarán la puerta del tribunal. El TC no se va a pronunciar de oficio, siempre y cuando no le pidan su participación.

Y esto podría agotarse en el propio Congreso, hay que dar una real interpretación al artículo 117, que responda a la necesidad de nuestro país. ¿Y cuál es? Cero corrupción, este es uno de los temas que más agobia al país, y la lucha contra la corrupción no es una tema superfluo, no, la contraloría dice que perdemos anualmente S/24.000 millones en actos de corrupción, que perfectamente todo ese dinero puede estar destinado para mejoras sociales, la situación no puede quedar así.

—¿Cómo evalúa el papel que han jugado los partidos de izquierda, que han avalado al presidente Castillo?

Bueno, el partido de gobierno Perú Libre y sus allegados tendrán que hacer su propia autorreflexión sobre lo que han alcanzado para las mejoras sociales que tanto señalaban. Yo prefiero abstenerme de pronunciarme, porque esos calificativos de izquierda o de derecha lo que hacen es estigmatizar y a veces se utilizan de mala manera. Yo no veo con buenos ojos toda esa práctica que se ha realizado, considero que toda la clase política en general, y para los que enervan, enarbolan expectativas sociales, lo que se ha generado es casi una especie de ser fariseos de la política, de utilizar el Estado para llenar sus propios bolsillos y negar una situación tan noble que es la política, que está orientada al servicio del bien común. Y hasta ahora yo no veo que ninguno de los que ejercen actividad política estén en ese rubro, ni los que se llaman de izquierda, menos todavía.