Al inicio de su segundo y último día de labores en el Perú, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este martes en un hotel de San Isidro con los representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País, bancadas que conforman el bloque opositor en el Parlamento al gobierno del presidente Pedro Castillo.
La primera agrupación en ser recibida por la misión especial fue la fujimorista. La congresista Patricia Juárez, portavoz del conjunto naranja, afirmó que rechazaron, durante la cita, que estén preparando un golpe de Estado encubierto o manifiesto en contra del mandatario.
Precisamente, el jefe de Estado, a través de una carta remitida el 12 de octubre al secretario general de la OEA, Luis Almagro, había alegado que existe “un abuso del control político” de parte del Congreso y que órganos constitucionales autónomos, como el Ministerio Público, promueven “una nueva modalidad de golpe de Estado”.
“Lo principal es que en el país no existe un golpe de Estado ni manifiesto ni encubierto […] Se ha desechado toda posibilidad [de una ruptura del orden democrático]”, manifestó Juárez, para luego referir que no se les puede catalogar de “golpistas”.
La vocera de Fuerza Popular- quien asistió a la cita con los congresistas Hernando Guerra García y Alejandro Aguinaga- detalló que le explicaron al grupo de alto nivel cómo fue el proceso para aprobar la norma que regula la cuestión de confianza, que fue respaldada por una sentencia del Tribunal Constitucional.
También informó que les entregaron a los representantes del organismo internacional documentos que prueban que la existencia de un copamiento del Estado de parte de los aliados políticos del presidente Castillo y de sus allegados.
“Lo que hemos solicitado es absoluta imparcialidad en los resultados [del informe] y creemos que ese es el compromiso de los cancilleres”, expresó.
Juárez dijo que no se tocaron las denuncias por fraude electoral que el fujimorismo y otros partidos de oposición hicieron cuando Castillo Terrones fue elegido como presidente.
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Las tres instancias de la denuncia constitucional
El portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, indicó que rebatieron todas las acusaciones que hizo el presidente Castillo en contra del Congreso. En ese sentido, rechazó que este poder del Estado haya actuado de manera “obstruccionista” y “golpista”.
“Queremos buscarle una salida democrática e institucional [a la crisis]. Hemos expuesto que consideramos injusto y arbitrario que el presidente nos acuse de golpistas, nosotros estamos dispuestos al diálogo”, complementó.
Soto dijo esperar que la misión especial emita “un informe imparcial”, sobre todo después de la información que han podido recoger no solo de las bancadas parlamentarias, sino también de las autoridades de las instituciones constitucionalmente autónomas.
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A su turno, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, quien formó parte de la delegación de APP, sostuvo que le explicaron a los comisionados de la OEA cuál es el tratamiento que recibe una denuncia constitucional y cuántos votos se requieren para aprobar una infracción inhabilitación y suspensión.
“Les hemos dejado en claro que la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no es definitiva, sino que hay otras dos instancias: Comisión Permanente y el pleno [del Parlamento]”, remarcó.
Camones, de otro lado, estimó que esta semana el presidente del Congreso debería convocar a la Comisión Permanente, a fin de que esta instancia debata y vote sobre el informe de calificación de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
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Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, contó que en la cita de la bancada celeste con el Grupo de Alto Nivel de la OEA no se abordó el tema de la “vacancia” ni tampoco sobre el proyecto de adelanto de elecciones generales.
La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) calificó la cita de “satisfactoria, cordial e interesante”.
“En términos generales, se les ha explicado en qué se basa esta denuncia [constitucional de la fiscal de la Nación en contra del presidente], los ilícitos penales que se habrían cometido, y cuáles son los valores y principios que se consagran en nuestra Constitución […] Yo creo que la verdad se está abriendo paso”, subrayó.
El congresista Esdras Medida, de Somos Perú, refirió, a la salida de su reunión con la delegación de la OEA, que su bancada ya tiene lista una moción para suspender al presidente Castillo de sus funciones.
Avanza País fue la última bancada de oposición en ser recibida por la misión especial. Su portavoz, Adriana Tudela, señaló que le transmitieron que el Congreso “lo único que está haciendo es ejercer su rol constitucional, que es ser contrapeso frente al Ejecutivo, que maneja el presupuesto y tiene el monopolio de la fuerza”.
En declaraciones a la prensa, Tudela sostuvo que “habla muy mal de las credenciales democráticas” del gobierno de Castillo, que este pretenda calificar estas acciones de fiscalización “como un golpe de Estado en marcha”.
“Yo creo que la OEA debe limitarse, en su informe, a analizar si es que hay un golpe de Estado en marcha o no, y si se está respetando el orden constitucional en el Perú, que es el caso. Ni el Congreso, ni el Ministerio Público, ni la contraloría, ni la Defensoría del Pueblo, ni ninguna institución autónoma está complotando para realizar un golpe de Estado”, finalizó.
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¿Voluntad de diálogo?
En un encuentro con representantes de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú en Palacio de Gobierno, el presidente Castillo indicó que en la reunión con el Grupo de Alto Nivel de la OEA señaló quiere “un equilibrio de poderes verdadero”.
“Somos respetuosos de la democracia y de la institucionalidad, pero muchas veces hemos tendido las manos, llevamos nuestra bandera blanca, queremos firmar la paz y cuando te volteas sacan su puñal y así no se puede trabajar”, expresó.
Castillo afirmó que, a través de la OEA, su gobierno ha manifestado “una vez más”, su intención de realizar una convocatoria al diálogo, pero adelantó que en este espacio también deben participar “nuestros dirigentes” y debe enfocarse solamente en “ver los grandes problemas del país”, como a la reducción de las brechas sociales y la recuperación de la riqueza.
El jefe de Estado advirtió que, si un sector no es respetuoso de la voluntad popular del pueblo, “tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo”.
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Desde Arequipa, el primer ministro, Aníbal Torres, exhortó al Congreso a sentarse “frente a frente” con el Ejecutivo en una mesa a dialogar sin la necesidad de intermediarios.
“Pido tanto al Legislativo como al Ejecutivo que nos sentemos frente a frente en una mesa, somos personas razonables, tenemos inteligencia cerebral, no nos dejamos llevar solamente por la inteligencia emocional, y sin necesidad de intermediarios nos ponemos de acuerdo para sacar a nuestro país de la situación en la que se encuentra”, dijo.
Torres, minutos después, reiteró sus cuestionamientos a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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