Pedro Castillo: ¿qué sanción recibiría por entrevista que brindó sin permiso del INPE?

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Días antes, el INPE había dispuesto el inicio de otro proceso administrativo contra el exjefe de Estado por la publicación de una carta en su cuenta de Twitter el pasado 25 de enero, dirigida a los integrantes de la Cumbre de la Celac y en la que continuaba atribuyéndose el cargo de presidente de la República.

Como había informado El Comercio, Castillo sigue activo en dicha red social desde su golpe de Estado y pese a estar recluido en la Dinoes. Utiliza ese espacio para victimizarse, atacar al gobierno de Dina Boluarte y azuzar a las protestas.

El martes 7 de febrero, el portal de noticias español “El Salto” publicó una entrevista en la que el exmandatario afirmó que sigue siendo el presidente del Perú. Asimismo, arremetió contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los medios de comunicación del país.

El INPE anunció el mismo martes el inicio de un proceso disciplinario contra el interno José Pedro Castillo Terrones.

“Hoy 7 de febrero del 2023 ante la presunta entrevista realizada por el diario El Salto, el INPE ha iniciado un segundo procedimiento administrativo disciplinario considerando el marco normativo y las disposiciones que regulan la disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios. Es importante precisar que el INPE cuenta con un procedimiento de autorización de entrevistas de internos/as para medios de comunicación, el cual no ha sido solicitado por dicho medio de comunicación”, dice el comunicado.

La institución recordó que el exmandatario se encuentra en Barbadillo bajo el régimen penitenciario cerrado ordinario y “tiene derecho a recibir la visita personal, a comunicarse con sus familiares y amigos en forma oral o escrita de acuerdo con el horario y medidas de seguridad establecidas por el Consejo Técnico Penitenciario del penal”.

El INPE detalló también que Castillo recibe un máximo de cinco visitas al día. Asimismo, indicó que las visitas solo se pueden “restringir por orden judicial de incomunicación”.

Según el Código de Ejecución Penal, artículo 28, inciso 3, Castillo habría incurrido en una falta penitenciaria grave al interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad de Barbadillo.

Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, explicó a El Comercio que el proceso administrativo sancionador abierto contra Castillo será evaluado por el Consejo Técnico Penitenciario, que es la máxima autoridad para estos temas en el penal.

Según Caparrós, Castillo podría ser sancionado con mayores restricciones de derechos, como una amonestación verbal, 30 días sin visitas, limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un máximo de treinta días.

Caparrós explicó que “los derechos cuando se está privado de la libertad no se pierden, el único que se pierde es el derecho de tránsito”.

“El resto de derechos se encuentran restringidos en tanto se esté en la cárcel, por ello, para hacer una declaración [a la prensa como la que hizo Castillo] se debe pedir autorización”, agregó. Caparros resaltó, además, que solo los jueces pueden prohibir que los internos declaren.

Revisa aquí el comunicado del INPE:

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Horas antes, en diálogo con este Diario, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía y el penalista Andy Carrión habían considerado que la entrevista brindada por Castillo ameritaba una investigación del INPE, que derivaría en posibles sanciones contra el exjefe de Estado.

Asimismo, advirtieron que los dichos de Castillo podrían tener como consecuencia denuncias por difamación.

Andía señaló que, estar recluido en un penal, no significa que el interno pierde la libertad de expresión; sin embargo, “existen restricciones”. “Para poder dar una entrevista se debe solicitar la autorización del INPE [...] Sin embargo, no veo delito acá, pero el INPE debe dar una explicación al respecto. Aquí es un tema netamente administrativo del sistema penitenciario”, subrayó el exviceministro.

Además, mencionó que las sanciones contra Castillo irían desde una amonestación verbal hasta aislamiento.

También consideró que el INPE tendrá que verificar “el camino para llegar a esta entrevista” y “si se han saltado procedimientos, falseado situaciones y si hubo colaboración con diligencia del personal”.

A su criterio, ello también podría derivar en sanciones administrativas contra el personal del INPE asignado a Barbadillo.

“Esa situación llama la atención sobre lo que ocurre en Barbadillo, cómo puede ser que no se hayan dado cuenta que no estaba recibiendo una visita sino dando una entrevista [...] Castillo no es cualquier interno y Barbadillo no es cualquier penal. El ministro de Justicia [José Tello] debe pedir cuenta al INPE de lo que ha pasado”, expresó también el exfuncionario.

Finalmente, aseveró que “algunas de las personas, empresas o instituciones a las que Castillo mencionó podrían denunciarlo por el delito de difamación”, si es que consideran sus palabras como “difamatorias o engañosas”.

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A su turno, Carrión dijo que el hecho de que Castillo se haya atribuido el cargo de presidente de la República “calzaría en el presunto delito de falsedad (que tiene condena de 2 a 4 años) porque sus declaraciones podrían tener efecto jurídico en las relaciones internacionales”.

“La fiscalía podría abrir investigación sobre estos hechos, tiene la información de esta entrevista y su conducta reiterada, eso se puede conducir a los anteriores tuits”, afirmó.

Carrión dijo que, si bien el exmandatario “tiene derecho a su libertad de expresión, ello va de la mano con la seguridad que tiene Barbadillo”.

“El exjefe de Estado persiste en la conductas perturbadoras a la investigación, incluso se pronuncia en contra de la fiscal Patricia Benavides. Ello afianza la tesis de obstrucción a la justicia y repercutirá en futuros pedidos para variar su prisión preventiva”, advirtió el penalista.

Asimismo, consideró que Castillo Terrones puede ser “denunciado por difamación si es que los involucrados [en sus declaraciones] lo creen conveniente”.