Abogado y exministro de Pedro Castillo es ahora juez mientras su denuncia por Caso Ascensos se estanca en el Congreso

El abogado inició el mes de septiembre jurando como juez superior supernumerario y sumándose a la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Pasco. Desde entonces, viene conociendo casos de tipo penal en segunda instancia, por delitos que van desde la falsedad ideológica hasta el asesinato.

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El retorno de Walter Ayala a la magistratura se da pese a enfrentar una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, que lo acusa por graves delitos presuntamente cometidos durante su etapa como ministro de Defensa. Estos forman parte del llamado ‘Caso Ascensos’.

En agosto del 2023, hace más de dos años, el Ministerio Público presentó la denuncia constitucional ante el Congreso para levantar su antejuicio (inmunidad) y poder procesarlo por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad.

Se le atribuye haber presionado a comandante generales para que oficiales recomendados por miembros de la presunta red asciendan en sus instituciones y así contar con “personas de su absoluta confianza” y afines a sus “intereses ilícitos”, con el objetivo de “permanecer en el poder estatal”. Según la tesis fiscal, cada oficial pagó unos US$ 20 mil por su ascenso.

Sin embargo, el Congreso sigue sin resolver el requerimiento fiscal. Ello ha impedido que el proceso contra Pedro Castillo y Walter Ayala pueda seguir adelante, ya que la fiscalía no puede seguir investigando ni presentar una acusación penal mientras no se levante el antejuicio. En otras palabras, el caso está congelado por la inacción del Parlamento.

Nombrado como el primer ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo, Walter Ayala se convirtió rápidamente en uno de los miembros del gabinete más cercanos y de mayor confianza del entonces presidente. Como tal, fue ratificado cuando Mirtha Vásquez reemplazó a Guido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, las denuncias públicas hechas por exgenerales sobre intentos de Walter Ayala y de Pedro Castillo para trata de influir en ascensos al interior de las Fuerzas Armadas llevaron a su salida del gabinete y al inicio de la primera investigación fiscal seguida al exgobernante durante su gobierno: el denominado ‘Caso Ascensos’.

Luego de su salida del gabinete, siguió siendo cercano a Pedro Castillo y luego de su golpe de Estado, se convirtió en uno de la treintena de abogados que ha tenido desde entonces. Su representación fue principalmente en recursos ante la justicia constitucional y como defensa mediática: a fines de agosto, a días de ser nombrado juez, dio una entrevista a Exitosa como su abogado.

Previamente, Walter Ayala se hizo conocido antes del gobierno de Pedro Castillo como presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y por presentar una acción de amparo con la que el Poder Judicial ordenó detener la elección de magistrados del Tribunal Constitucional durante el anterior Congreso.

Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con maestría y doctorado por la Universidad Federico Villarreal, también fue juez supernumerario en distintas cortes antes de entrar directamente a la política durante el gobierno de Pedro Castillo.

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Un juez supernumerario es un abogado que no está nombrado como juez por la Junta Nacional de Justicia o tiene carrera en el Poder Judicial, pero es designado temporalmente para el cargo por el presidente de una corte. Por lo general, cubren plazas en las que el juez titular no está disponible. Es distinto a un juez provisional: este es un juez de un rango menor promovido temporalmente a un rango superior para ocupar una plaza vacante.

“El juez supernumerario es designado para un momento y un espacio de tiempo muy específico, solamente por una necesidad administrativa. Normalmente, por vacaciones de un juez. Si se termina la necesidad, es retirado”, comenta Gilmar Andía, exviceministro de Justicia.

Bajo esa figura, Walter Ayala juró como juez superior supernumerario. Lo hizo ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, Ricardo Samuel Del Pozo Moreno, para cubrir temporalmente la plaza dejada por un magistrado que presidirá el jurado electoral especial de Pasco de cara a los comicios del 2026. Por ello, comenta Andía, esta designación sería solo “durante el tiempo [en que el juez superior titular] esté ejerciendo funciones en el Jurado Electoral Especial. No puede ir más allá de ese tiempo”.

La noticia fue compartida por la propia corte mediante su cuenta de Facebook, donde indicaron que la designación se dio porque los jueces de un menor rango que podían ser designados para esa plaza como juez provisionales “declinaron para esta designación”. Por ello, en línea con lo dispuesto por el Poder Judicial en esos casos, se procedió a convocar a un juez supernumerario.

La corte añade que se seleccionó a Walter Ayala de la lista de jueces supernumerarios disponibles remitida por la Junta Nacional de Justicia y luego aprobada por el Poder Judicial. Se trata de una lista de abogados que postularon y fueron evaluados para ser jueces titulares pero no alcanzaron un plaza, aunque sí fueron considerados ‘aptos’.

En ese documento, según revisó El Comercio, el exministro aparece como calificado para ser designado juez superior supernumerario. Del documento también se desprende que su puntaje es uno de los más bajos de la lista y que quedó en el puesto 23 del concurso de la JNJ en el que postuló.

“Por esta razón, de acuerdo al listado de la JNJ, se designó al nuevo juez superior supernumerario, quien cumple con el perfil para el cargo”, sostuvo la corte. En su publicación, remarcaron que Ayala tiene más de 22 años como abogado y 16 años de experiencia previa como juez en Lima y otras cortes.

Pese a los cuestionamientos por su etapa como ministro, Walter Ayala no tiene impedimento legal o constitucional para ser juez o ser funcionario. Esto debido a que, luego de cuatro años desde el escándalo del ‘Caso Ascensos’, hasta ahora no hay ninguna sentencia y ni siquiera se ha iniciado propiamente un proceso judicial.

Andía comentó que entre los impedimentos para ser juez supernumeraria está "tener sentencias condenatorias, aun cuando estas ya se hubieran cumplido; no estar en el registro de deudores de alimentos o morosos, no tener antecedentes". Agregó que el solo hecho de estar en la lista remitida por la JNJ, al menos en una primer análisis, da cuenta que técnicamente es considerado apto para el cargo.

No obstante, Andía opinó “personalmente, más allá de lo estrictamente normativo, los jueces tienen que ser personas de intachable trayectoria". "No debería haber opción para poder cuestionar a un juez por situaciones de este tipo. Soy de la idea que un juez no debería tener siquiera procesos en trámite", consideró.

La fiscalía investigó el Caso Ascensos entre el 2022 y el 2023. En julio de ese año, el Poder Judicial ordenó cerrar la indagación preliminar por vencimiento de plazo. En agosto, al considerar que había elementos para seguir con el caso, la fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala para que el Congreso levante sus inmunidades y puedan seguir investigándolos como parte de un proceso ante la Corte Suprema.

Dos años después, el Congreso sigue sin resolver el pedido. En febrero del 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia y en marzo, la Comisión Permanente dio 15 días para investigar los hechos. Desde entonces, el caso permanece estancado.

Lady Camones, actual presidenta de la SAC, dijo a El Comercio que la denuncia “está para ser redelegada” o asignada a un nuevo congresista ponente. “Lo tenía asignado un congresista que ya no forma parte de la SAC. Con la delegatura aceptada, se llamará a audiencia a las partes. Puede ser la próxima semana o pasando la semana de representación”, indicó.

En otras palabras, la resolución del caso todavía está lejana y Walter Ayala seguirá por bastante tiempo más sin tener una sentencia por este caso. El Congreso sí aprobó en mayo pasado una denuncia constitucional ligada a estos hechos para levantar su inmunidad y se le inicie un proceso penal, pero solo por los delitos de coacción y patrocinio ilegal.

Este proceso no se basó en la investigación fiscal, sino en una denuncia constitucional presentada a fines del 2021 por la congresista Patricia Chirinos. Allí inicialmente también se propuso su inhabilitación por infringir la Constitución, pero esa parte del caso fue desestimada durante el trámite.

El exministro castillista niega los delitos que le atribuyen. Cuestionado en la citada entrevista en Exitosa por sus investigaciones, respondió que “nadie ha dicho que me ha dado un sol en la mano”. “Ningún colaborador eficaz, ningún testigo protegido, nadie ha dicho que me ha dado un sol [...] Hay que ser miserable para querer cobrar a un militar”, aseguró.

Así, por ahora, Ayala no tiene ningún impedimento para seguir trabajando como juez supernumerario mientras una corte del Poder Judicial esté dispuesta a contratarlo como tal. El mismo Ayala que solo días antes de volver a ser juez acusaba a la Corte Suprema de mantener preso a Pedro Castillo por motivos políticos y que consideraba que un juez “valiente” debería anular todos sus procesos penales aplicando la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que limita las investigaciones al presidente.

“El presidente Pedro Castillo nunca debió ser detenido [...] Si [hubiese] un juez constitucional valiente, no con miedo, daría un habeas corpus, declararía nulo todo lo actuado, incluyendo [el proceso por] organización criminal. Lamentablemente, tenemos una justicia muy básica“, dijo.

Más allá de su derecho a la libertad de expresión, Andía opinó que en el supuesto que algún caso vinculado a Pedro Castillo llegase hasta el tribunal que ahora integra Walter Ayala, su vinculación con el expresidente y las opiniones que ha dado son causa suficiente para que el exministro se inhiba de conocerlos.