La bancada de Perú Libre, a través del parlamentario Américo Gonza, ha presentado un nuevo proyecto para debilitar el sistema de justicia. Esta vez propone que la creación de la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos que absorba a todas las instituciones que capacitan y evalúan a jueces, fiscales y procuradores públicos. Especialistas consultados por El Comercio han calificado esta propuesta de peligrosa.
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Suscriben la iniciativa los legisladores María Agüero, Flavio Cruz, Isaac Mita, Kelly Portalatino y Waldemar Cerrón, quien es segundo vicepresidente del Congreso. Todos ellos son integrantes de la agrupación del lápiz, cuyo líder es Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.
El proyecto de Gonza, al que tuvo acceso El Comercio, plantea crear la Escuela Nacional de Justicia y Derechos Humanos como una entidad pública de carácter autónomo.
Perú Libre propone, además, que la institución dependa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que este sector sea el responsable de implementar y financiar su creación en un plazo máximo de un año después de la publicación de la ley.
La bancada del lápiz busca también que uno de los requisitos para ser procurador del Estado sea haber aprobado el programa de formación y capacitación de Procuradores del Estado impartido por esta escuela.
Según la iniciativa, este organismo tendría finalidad formar y capacitar a profesionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos, incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos y otros operadores judiciales.
Esta institución estaría facultada para otorgar grados académicos de bachiller, maestro y doctor, así como títulos profesionales de licenciatura y segunda especialidad profesional.
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En una disposición complementaria plantea que todas las instituciones que capacitan y evalúan a jueces, fiscales, procuradores públicos, como el Centro de Capacitación Judicial y la Academia de la Magistratura, sean absorbidos por este ente en un plazo no mayor a un año desde la promulgación de la ley.
De otro lado, pretende que se modifique el artículo 130 del Código de Ejecución Penal, que se refiere a la carrera penitenciaria, para que se establezca que el personal penitenciario sea seleccionado, formado y capacitado permanentemente en esta escuela. Y también cambiar la ley de conciliación para esta institución también esté a cargo de la formación de los conciliadores extrajudiciales.
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¿Cuáles son los peligros de la propuesta?
En diálogo con El Comercio, los exprocuradores Antonio Maldonado e Iván Montoya señalaron que el proyecto presentado por Gonza es peligroso porque tendría impacto en la autonomía de los jueces y fiscales. En tanto, el exviceministro de Justicia Gilmar Andía dijo que genera suspicacias y que se buscaría copar la institución.
Andía indicó que el principal peligro es que la institución sea mal utilizada para copar la institución. “Creo yo que esto terminaría siendo mal utilizado para poder meter a su gente donde ellos los quieran meter y obtener los doctorados y maestrías que quieran obtener”, remarcó.
Asimismo, cuestionó que se proponga que para postular a procurador se tenga que haber llevado un curso en este centro de estudios.
“Eso significa que todo aquel que quiera postular tenga que hacer un curso, no se especifica qué tipo de curso. Eso a mi me genera algunas dudas porque viendo de dónde viene este proyecto hay que pensar mal”, expresó.
El exfuncionario subrayó que ya el Ministerio de Justicia realiza capacitaciones, a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos,
Finalmente, consideró que la implementación de la norma no sería viable porque “querer generar un centro de estudios donde se pueda otorgar maestrías y doctorados desde el Minjus implicaría hacer una implementación de locales, profesores, etc.”, que sería “altamente costoso, si lo que se quiere es nivel”.
“No es cierto que no generará un costo. Al contrario, generaría un alto costo si lo que se quiere es calidad”, apuntó. Asimismo, dijo que el proyecto no brinda pautas de lo mínimo que debería tener esta escuela para saber quiénes podrían enseñar.
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Para Montoya, la iniciativa “implica la direccionalidad de la formación de jueces y fiscales y procuradores desde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia” y sería “una nueva forma de golpe al estado democrático”.
Además, cuestionó que se proponga que esa escuela absorba, por ejemplo, a la Academia de la Magistratura, la institución responsable de formar obligatoriamente a los magistrados.
“Nuevamente los principios constitucionales y convencionales más importantes se vulneran: independencia judicial y fiscal, imparcialidad y autonomía”, expresó Montoya.
A su criterio, la iniciativa es inconstitucional. “Cualquier Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional, pero con el que tenemos (especialmente porque no limita las barbaridades del Congreso) yo no confío. Si avanza y se aprueba es también una forma nueva de golpe al estado democrático”, puntualizó.
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A su turno, Maldonado opinó que el proyecto es innecesario y no resolvería la crisis de los derechos humanos que vive el Perú.
“Yo no veo necesidad de crear una Escuela Nacional de Derechos humanos. Me parece que puede haber muy alto riesgo de una duplicidad de de competencias y de funciones”, agregó.
Bajo su óptica, detrás iniciativa de Perú Libre está la “intención encubierta” de “interferir en la capacitación de jueces y fiscales” y ello pondría en peligro “la conducta independiente e imparcial” de los magistrados.
“El proyecto señala que los capacitadores podrán dar directivas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa dar directivas? ¿Qué pasa si un fiscal o un juez no la sigue? ¿Qué consecuencia habrá?”, cuestionó.
Finalmente, remarcó que la iniciativa tiene “peligrosos elementos” y tal “intención oculta” de “ir estableciendo marcos de control contra la actuación independiente e imparcial de jueces y fiscales”.
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Otros proyectos que amenazan la labor de jueces y fiscales
Este Diario ha informado en sendos reportajes que la bancada de Perú Libre, a través del congresista Waldemar Cerrón, ha presentado múltiples iniciativas que atentan contra el sistema de justicia.
Hace una semana, por ejemplo, presentó una iniciativa que busca obligar a los jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y la Policía Nacional del Perú (PNP) a informar a los parlamentarios sobre procesos en curso.
Plantea modificar el artículo 96 de la Constitución para que los congresistas puedan solicitar informes sobre los “procesos judiciales” en cualquier instancia hasta la Corte Suprema y el TC, así como sobre las “actuaciones” de la fiscalía y hasta de las “investigaciones reservadas” en la PNP. Incluso, señala que “la omisión o renuencia en otorgar la información solicitada, es sancionable como falta muy grave”.
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Desde que su hermano pasó a la clandestinidad, en octubre del 2023, Cerrón ha impulsado 13 proyectos que buscan debilitar el sistema de justicia.
Una de ellas propone la creación de una comisión parlamentaria que se dedique a examinar el trabajo de jueces y fiscales. Esta generó el rechazo del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, congresistas y especialistas, que la calificaron de inconstitucional y antidemocrática.
Cerrón inició su agenda contra el sistema de justicia el 20 de octubre del año pasado, dos semanas después de que la condena de su hermano Vladimir por caso ‘Aeródromo Wanka’ fuera ratificada en segunda instancia.
En esa fecha, el congresista de Perú Libre presentó un proyecto de reforma constitucional que plantea regular el proceso de nombramiento de jueces y fiscales. El dictamen de esta propuesta obtuvo la luz verde de la Comisión de Constitución en junio último y deberá ser debatida y votada por el pleno del Parlamento.
Un mes después, el congresista de Perú Libre impulsó la propuesta que busca facultar a la policía para dirigir la investigación preliminar de los delitos. Esta iniciativa- que ha sido ampliamente cuestionada- acaba de ser aprobada en primera votación por el pleno del Parlamento.
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En lo que va del 2024, el hermano del prófugo líder perulibrista ha promovido más de diez proyectos de ley de esta naturaleza.
Las iniciativas han sido derivadas en su mayoría, a la Comisión de Justicia, que preside Perú Libre desde el 2022. Actualmente, el grupo de trabajo es dirigido por Isaac Mita, quien siempre suscribe los proyectos que buscan debilitar la labor de los magistrados.
Cerrón promovió con menos frecuencia normas contra el sistema de justicia cuando su hermano gozaba de libertad. Dos de las tres propuestas que presentó antes de la sentencia de su familiar prosperaron en el Congreso y se convirtieron en norma.
Estas son la ley que cambia la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado y la que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal. La primera fue promulgada a inicios de agosto y la otra en junio.
