Servir: “No podemos seguir con la alta rotación de funcionarios”

Hace seis años se promulgó la Ley del Servicio Civil (Servir) para fortalecer la carrera pública a través de concursos meritocráticos. Todos los ministerios han iniciado el trámite para adecuarse a esta norma, pero ninguno la aplica en sus contrataciones aún. Las designaciones de funcionarios generan problemas en el sector público: técnicos de primer nivel tienen una corta duración en los ministerios y en el Congreso −excluido de la norma− y abundan las denuncias por irregularidades en la contratación de trabajadores. El presidente de Servir, Juan Carlos Cortés, señala que el tránsito al nuevo sistema es lento pero avanza firme.

—Este Diario publicó un informe que revela que los directores generales de los ministerios duran poco más de medio año en el cargo. ¿Cómo se puede trabajar en ese plazo tan corto?
Es bien difícil hacer algo [en ese plazo]. Cuando uno entra a una institución, tiene que entender cómo están trabajando; y cuando ya entendió, sale. Es muy difícil ejecutar planes si esos cambios suceden tan violentamente. Además, en el país no tenemos la costumbre de respetar el trabajo anterior. Creemos que podemos innovar cuando hay políticas públicas que ya están previamente determinadas. Lo que hay que hacer es sobre la base de lo anterior, mejorarlo.

—¿Los directores generales deberían ser cargos de confianza, como lo son ahora, o funcionarios de carrera?
Lo que nosotros decimos es que el 20% debe ser de confianza. Todos los demás [deben ser] seleccionados meritocráticamente por concurso.

—Muchos ministros con ideas opuestas a sus antecesores cambian no solo a las personas, sino el perfil de los directores generales.
Eso es lo que tratamos de que se termine con [la aplicación de] la Ley del Servicio Civil. Esta norma dice dos cosas importantes. Primero, los perfiles están previamente determinados. Las entidades van a tener un instrumento señalando los perfiles de cada uno de los trabajadores de la institución. Eso puede cambiarse pero no en función de las personas, sino de lo que necesita la institución. La segunda cosa es sobre la capa de los directivos: solo un 20% puede ser de confianza. El cambio de un ministro o un jefe no debe significar el cambio de estas personas. Lo que está comprobado es que las personas elegidas meritocráticamente tienen un mejor desempeño que las que son elegidas por cuestión de confianza.

— Esta rotación es más sensible en los sectores que ven las preocupaciones inmediatas de los peruanos: seguridad, salud, inclusión social.
Tiene que ver mucho con la política. Los sectores educación, interior y salud son los que están más expuestos políticamente. ¿Cuántos de los ministros en los últimos años han sido interpelados y en qué sectores? ¿O cuáles son los sectores de los que más se habla cuando interpelan a un ministro? Tiene un efecto en los cambios.

—¿La agitación política afecta la duración de los funcionarios?
Ciertamente. Sí es un factor. Pensemos únicamente en educación. Es difícil y, a pesar de eso, hay continuidad de algunas políticas.

—¿Cuántas entidades aplican actualmente la Ley Servir? Solo ustedes y la ONP.
Ya comienza la OEFA.

—Para el tiempo transcurrido desde que se aprobó la ley (2013) es un avance bastante lento.
Lo que pasa es que lo que no tuvimos en consideración es que el tránsito iba a ser difícil para las propias entidades. Hoy las cosas han cambiado radicalmente porque hay un avance importante en los ministerios. Varios están llegando a la etapa final de la aprobación del cuadro de puestos de entidad [que incluye perfiles más el precio del puesto]. Esto es difícil porque nuestra base no era buena: no teníamos perfiles claros ni los procesos. Como Estado nos automentimos porque nuestro instrumento, que era el cuadro de asignación de puestos, no contaba con una serie de personas que trabajaban para la institución. La rotación no es buena porque no se aplican las políticas públicas, pero tampoco hay crecimiento de la institución. Ustedes han puesto el dedo en una llaga que tenemos como Estado. No podemos seguir con esta lógica de alta rotación en el sector público porque perdemos tiempo.

—¿Cuál es el panorama de rotación de altos funcionarios en gobiernos regionales y locales?
Es mayor que en el Ejecutivo. En algunos casos los cambios son de hasta el 100% cuando entra un nuevo alcalde o gobernador regional.

— ¿Cuántos gobiernos locales han empezado su proceso para acogerse a la Ley Servir?
Son varios. Pero algunos de los que empezaron en el gobierno anterior no lo han mantenido ahora y estamos en el proceso de convencimiento. Hay gobiernos regionales que han entrado y han dicho: Yo quiero esto porque es importante tener orden.

—Para los gobiernos regionales es un muy mal ejemplo que instituciones tan importantes como el Congreso y el Poder Judicial estén excluidas de la Ley Servir.
Sí, lo que hemos sostenido desde el día uno es que no debe haber exclusiones porque la mirada del Estado es una sola. Además, se les causa un perjuicio a los trabajadores. Como se ha pensado un crecimiento de las personas a nivel de Estado y no solo en una institución, si hoy soy analista en una entidad, mañana puedo postular a otra y voy creciendo en el Estado. Esa oportunidad se les estaría limitando a los trabajadores del Congreso, la Superintendencia de Banca (SBS) y otros. Creo que con el convencimiento de que la meritocracia y la carrera pública son importantes se decidirá una cosa distinta.

—¿Con esto pierden poder los que meten cuotas políticas en el sector público al asumir un puesto?
Lo que creemos es que la meritocracia tiene que estar en todas las entidades públicas. Y todos aquellos que se resisten es porque están pensando que es preferible que puedan hacer entrar a personas más vinculadas a ellos. Eso tenemos que terminarlo.

—El Congreso tiene constantes problemas por el manejo de su personal. Uno no ve una solución.
Hay una cosa que reconocer en la voluntad del presidente del Congreso. Nos han dado los perfiles [de los funcionarios] para que los revisemos técnicamente. Si los concursos se hacen sobre la base de esos perfiles técnicamente elaborados y se hacen transparentemente, el avance es importante. El próximo presidente del Congreso debe tener la obligación de hacer esto mismo: ver perfiles y hacer concursos meritocráticos. Esta ley pone orden, cuántos somos, qué hacemos, cuáles son los procesos en favor del ciudadano, cuántos debemos ser y en qué posiciones, cuáles son los perfiles de esas posiciones y cuánto deben ganar. La arbitrariedad tiene un límite bastante pequeño.

—¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los ministerios empiecen a contratar gente bajo la Ley Servir?
En el caso de los que están más adelantados, estamos hablando del comienzo de las contrataciones en semanas. En los demás, van a ir saliendo las resoluciones que el Consejo Directivo de Servir aprueba más rápido de lo que ha sido en los últimos años. Está viniendo una avalancha de pedidos y de personas, y de entidades que están haciendo el tránsito.

—¿Para que todo el Estado sea contratado bajo esta norma van a pasar 10 años?
No sé si tanto, no sé si más. Lo que nos pusimos como meta es hacerlo lo más rápido posible y plantear una estrategia distinta cuando no podemos ir más rápido. Es una pregunta que no me atormenta. No hay ninguna reforma cultural que no demore. Lo que importa es que al final sea tan sólida que no haya retroceso.

—La ley deja el tiempo de adecuación a la voluntad de cada institución del sector público.
Sí, el origen de esto tiene que ver con los consensos y la posibilidad de pensar en la sostenibilidad de cosas. Podemos ver muchas cosas que hemos implementado en el país y no hay un convencimiento de que tiene que quedar así. Eso ha llevado a que después esa política no se siga. En cambio, nosotros hemos creído que si lo hacemos, esto es perdurar en el tiempo. No estamos pensando en una reforma de los próximos 5 años, sino de los próximos 20 o 30 años, porque es un cambio cultural.