Susana Silva: “La norma del Congreso sobre la declaración de intereses es deficiente” | Entrevista

MIRA: Claroscuros en la declaración de intereses: Los mismos congresistas definirán la información que transparentarán

— El pleno del Congreso aprobó una resolución legislativa que establece que las declaraciones juradas (DJ) de intereses de los parlamentarios serán reguladas por el propio Legislativo. ¿Esta norma constituye un retroceso?

Bueno, desde la perspectiva de un camino trazado, en el sentido, de que la información tiene que estar bajo determinados estándares tecnológicos y principios de gobierno abierto, ciertamente sí [es un retroceso]. Esta medida lo que hace es apartarse del estándar de integridad, transparencia y de gobierno digital que existe en el país. No permite avanzar en esa línea, en la que debo señalar están organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la SBS y el BCR. Entonces, esta información es transversal para todas las entidades […] Y quiero señalar otro aspecto que me parece importante respecto a lo que he escuchado decir sobre que la PCM “no puede tener una función de control”. Definitivamente, no la tiene, no la tiene respecto a la información. El artículo 14 del Decreto de Urgencia 020-2019 [que establece la obligatoriedad de la presentación de las DJ de intereses] indica que la información está sujeta al control gubernamental, que le corresponde a la contraloría.

— ¿Cuáles son los riesgos del cambio aprobado en el Congreso?

No se ha terminado de entender lo siguiente, la presentación de la declaración jurada de intereses no se hace ante la PCM, se hace o se utiliza la plataforma de interoperabilidad del Estado. ¿Qué es esto? Es una plataforma donde está almacenada todo tipo de información, no solo del Poder Ejecutivo, sino de distintas entidades, organismos constitucionalmente autónomos. También está almacenada en esta plataforma el portal de transparencia estándar, que todas las entidades tienen dentro de su página institucional…

— Acción Popular, que impulsó este cambio, sostiene que los congresistas deberán presentar su DJ de interés ante la contraloría, pero para esta institución esto no está claro en el texto aprobado. ¿La redacción es confusa?

La norma es deficiente por varias razones. La primera es que no respeta las competencias, no establece claridad. Y, además, no indica cuáles son las características que debe tener la información que debe ser transparentada. [Las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios] no pueden estar supeditadas a una norma de menor jerarquía, entonces hay varios aspectos que tienen que revisarse necesariamente, sin ninguna duda.

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— ¿Si el texto es precisado, su oficina estaría de acuerdo con que contraloría supervise las DJ de intereses de los congresistas?

La plataforma de las declaraciones juradas de interés lo que hace es transparentar la información, es un vehículo por el cual se cuelga la información […] Nadie está discutiendo aquí el tema del control, el control [de las DJ de intereses corresponde a la contraloría], como está en el artículo 14 del DU 020-2019. Cuando se adoptó la decisión se establecer esta declaración se hizo en el marco de un gran acuerdo, contemplado en el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupción. En este participó el Ejecutivo, la sociedad civil y órganos constitucionalmente autónomos, entre ellos el propio Congreso.

— La PCM, según lo que usted refiere, ofrece la plataforma para subir las DJ de intereses, pero el control de estas lo hace la contraloría. ¿Qué cambia que sea la contraloría la que incorpore estos documentos y no la PCM, si finalmente esta institución es la que fiscaliza?

Con ese criterio tendríamos que replantear que toda la información que hoy forma parte del portal de transparencia estándar pase a otras entidades. La lógica es sobre la base de una rectoría, las rectorías suponen la asignación o la atribución de una responsabilidad a una determinada entidad. Nosotros tenemos la rectoría en materia de transparencia y gobierno digital. Y esta plataforma de interoperabilidad del Estado no es simplemente una nueva en la que se cuelga la información, detrás hay elementos tecnológicos que garantizan mecanismos de autenticidad. Este cumple con todos los estándares internacionales a efectos de que toda la información que está alojada ahí tenga la protección necesaria. Mal haríamos en abrir determinados espacios para que el manejo de una información [la DJ de intereses de los congresistas] salga de esta plataforma, más aún cuando ha requerido de una inversión pública para su desarrollo. No veo la lógica que algo creado para un determinado propósito no sea utilizado para eso.

— La plataforma de la PCM también permite ubicar las DJ de intereses de manera más sencilla, lo que no ofrece el sistema de contraloría con las declaraciones de bienes y renta ¿El cuestionamiento a la norma del Congreso va también por ese lado?

Entre varias otras cosas. Nosotros estamos satisfechos con esta plataforma, porque le ha servido a los ciudadanos y a los medios de comunicación para acceder a información, [que les ha permitido] cuestionar a sus autoridades a efectos de advertir un posible conflicto de interés. Desde que ha comenzado a funcionar ha habido más de 20 [casos en el gobierno], ha habido funcionarios del propio Ejecutivo [que han tenido que dar un paso al costado] porque, efectivamente, se advirtió la existencia de un potencial conflicto de interés. Esta plataforma sirve hoy a los gobiernos regionales, a los organismos constitucionalmente autónomos, para advertir conflictos y evitar que un acto administrativo pueda generar un costo, inclusive, reputacional para la propia entidad.

— En ese contexto, de prevención de posibles conflictos de interés, le vuelvo a preguntar, ¿Cuáles son los riesgos que se corren a raíz de la modificación hecha por el Parlamento?

Bueno, yo espero- así como el propio presidente de la República y primer ministro lo han señalado- que los congresistas reevalúen esta medida. Las observaciones que han señalado [al DU 020-2019] parte de no conoce de manera exacta qué supone la plataforma de interoperabilidad del Estado […] No hay ningún tipo de información que se mantenga en reserva y que, potencialmente, se podría revisar para fines ocultos, de ninguna manera. Todo se ingresa y se sube, es más, la PCM no participa en este proceso. Un funcionario por entidad es capacitado en el uso de la plataforma y él ayuda al resto.

— ¿Cuáles son los caminos que tiene el Ejecutivo para volver a incluir al Parlamento en el sistema único de DJ de intereses, si este no retrocede?

Todavía no hemos evaluado ese aspecto. Mejo dicho, no hemos tomado una decisión, estamos evaluando ciertamente [la situación]…

— El plazo que tenían los congresistas para presentar sus DJ de intereses venció en marzo. Y solo nueve de 130 parlamentarios cumplió con entregarla ¿Por qué su oficina no se pronunció antes?

A ver, nosotros desde el inicio, desde que se instaló este nuevo Congreso nos acercamos, inclusive se capacitó a una persona del Congreso para el proceso de llenado [de DJ de intereses] de parte de los congresistas. Y si verificas la plataforma, podrás ver que los congresistas que estaban en la Comisión Permanente [del Parlamento que fue disuelto], varios habían presentado su declaración jurada de intereses. El tema ha venido con la instalación de este nuevo Congreso, hemos conversado, he tratado de hablar con varios congresistas para explicarles de qué se trata esto. No es cierto lo que algunos parlamentarios han venido diciendo, en el sentido, de que la PCM se convierte en una minicontraloría, porque va a ejercer un control sobre esta información, eso es totalmente alejando de la realidad.

— ¿Todos los altos funcionarios del Gobierno, incluyendo a los ministros que ingresaron durante la emergencia, han cumplido con presentar su DJ de intereses?

En este momento, en el que estamos en una situación de emergencia, dado que se tiene que ingresar la información con una lectoral, ha habido un entendimiento respecto al cumplimiento de los procesos. Algunos han enviado su declaración jurada de intereses en formato físico para subirla y, en esa medida, estamos avanzando. El hecho de que estemos en una situación de emergencia no ha permitido que los plazos se cumplan como es debido. De hecho, en el mismo Congreso cuando nueve parlamentarios presentaron su declaración jurada de intereses sí sabíamos que había ciertas dificultades, por esa razón no se ha hecho un seguimiento para que cumplan. Nos era difícil que nosotros o un integrante del equipo asegure la entrega de información. Cuando se restablezca la “normalidad”, esto se va a retomar.

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— El exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen no consignó en su DJ de intereses las consultorías que realizó para Odebrecht, porque solo se establece las relaciones con empresas en los últimos cinco años. ¿Cree que, al menos para los altos funcionarios del Estado, el tiempo debe ser de 10 años?

Mira, sí se ha evaluado ampliar el plazo, no lo descarto. Hemos hablando ampliar [el plazo de la DJ de intereses] para los altos funcionarios, para las cabezas de las instituciones y puede ser una decisión que se adopte. En segundo lugar, debo señalar que nosotros seguimos los estándares internacionales que existen en materia de la presentación de las declaraciones juradas de intereses, que señalan que más o menos debe ser el tiempo que nosotros tenemos [cinco años]. Sin embargo, a luz de lo ocurrido, hemos considerado necesario plantear una modificación respecto a los altos funcionarios, a las cabezas de las entidades. Y no solamente que se aumente el período, sino que, si esta persona tiene un número alto de acciones en una empresa, esta también debería estar sujetas a la declaración jurada de intereses. Esto es algo que vamos a introducir en el reglamento del DU 020-2019. Pero el tema de los 10 años no lo podemos hacer vía reglamento, por lo tanto, será necesario hacer una modificación [a través de un proyecto de ley, que deberá ser enviado al Congreso].

— El Gobierno central ha dispuesto una inversión de más de S/8.000 millones para frenar la pandemia ¿El Estado está preparado para fiscalizar el uso correcto de esta millonaria partida presupuestal?

Los controles son institucionales, corresponden a la contraloría, pero eso no significa que no haya un control interno en cada una de las entidades, es difícil trabajar en la línea de un control permanente si es que no se tiene al personal adecuado. Nosotros confiamos mucho en el personal de los distintos ministerios, en las cabezas de las entidades que han sido designadas para actuar en procesos logísticos de compra. Y es importante, no solo en el marco de la emergencia, mantener fortalecidas a las entidades de fiscalización superior, como la contraloría, el Ministerio Público y la propia policía. Mientras más ojos tengamos, a través de los medios de comunicación, ciudadanos y entidades, menos probabilidades de que se incurran en hechos irregulares.

— La contraloría ha alertado irregularidad en compras hechas por los sectores Salud e Interior. ¿Cuáles son los mecanismos internos que han generado para vigilar las adquisiciones durante la emergencia?

Sí, mira, nosotros sabemos que, durante la emergencia, los riesgos de corrupción se vuelven muchos más grandes. Precisamente, por eso nosotros hemos planteado al interior del Ejecutivo tres aspectos: transparencia, vigilancia social y denuncia. Para cumplir el primer punto hemos habilitado un portal [https://www.gob.pe/coronavirus], donde se brinda información actualizada sobre transferencias y presupuestos asignados a las instituciones; compras y trazabilidad; y donaciones. Y, de otro lado, hemos establecido que de ninguna manera se puede suspender el derecho al acceso a la información.

— ¿Y cuáles son los detalles de los otros dos ejes?

Tiene relación con la vigilancia social. Lo que buscamos es que a través del control y vigilancia social se garantice que la ciudadana pueda mirar y vigilar. Hemos conversado con distintas organizaciones de la sociedad civil para efectos de promover la vigilancia, y la transferencia de información para que realicen este control y nos ayuden a ver más de los propios controles internos de cada institución. Y finalmente, el tercer pilar es la denuncia. Se ha habilitado una opción para que los ciudadanos presenten denuncias en línea, o reportes de hechos indebidos. Hay muchísimos peruanos que están sufriendo, que están siendo afectados [por las medidas para frenar el coronavirus] y el dinero destinado para mitigar estos efectos negativos no puede ser malgastado o aprovechado de manera impropia por parte de un conjunto de personas que, lamentablemente, existen en casi todo el aparato del Estado.

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