“En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria, tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña (...) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña.”
Esto fue lo que reconoció públicamente Susana Villarán, cuando se vio cercada por testigos y colaboradores eficaces, quienes señalaron que en su rol de exalcaldesa de Lima, había recibido US$11,2 millones de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, y de las concesionarias Rutas de Lima y Lamsac, a cambio de beneficiarlas en la licitación de proyectos públicos o la inserción de adendas en los mismos.
Lo que Villarán de la Puente trata de mostrar como un “error”, el Ministerio Público lo encuadra en diversos delitos graves, pues como funcionaria pública abdicó a su deber de proteger los intereses estatales y habría optado por “vender” su función para mantenerse en el poder.
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Por ello, en los próximas semanas, la excaldesa de Lima deberá sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentar una posible condena de 29 años de cárcel, acusada de los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz, emitió esta semana el auto de enjuiciamiento al considerar que la imputación del Ministerio Público contra Villarán de la Puente y otras 20 personas naturales y 10 personas jurídicas tenía los elementos para ser llevada a juicio.
El magistrado ordenó que el auto de enjuiciamiento sea elevado a la instancia pertinente para que, de forma aleatoria se defina cuál de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del juicio oral.
La acusación aprobada que se debatirá en juicio oral
Según el auto de enjuiciamiento, el Ministerio Público postula que existen elementos de convicción, en sospecha suficiente, que sostienen la existencia de una organización criminal, liderada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente, que se formó y operó entre los años 2010 al 2015, en el seno de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante el gobierno municipal ejercida la gestión municipal de los años 2011 al 2014.
Con la finalidad de obtener dinero para poder perpetrarse en el poder, indica la acusación, habrían incurrido en diversos actos ilícitos que implicaban la gestión de sus funciones y la entrega o licitación ilegal de los proyectos a cargo del municipio capitalino a diversas empresas o concesionarias, mediando de por medio millonarios pagos de procedencia ilícita.
Dicho dinero, agrega la fiscalía, se habría lavado a través de personas jurídicas como “Dialogo Vecinal”, “Asociación Amigos de Lima Metropolitana”, “Ciudadanos de Lima Metropolitana”, “Empresa Rentable S.A.C.”, y “Fundación Unidos Para Transformar” que fueron instrumentalizadas.
Para la fiscalía, la red criminal que habría liderado Villarán de la Puente se gestó previo a las Elecciones de Regionales y Municipales del 2010, donde la acusada salió electa alcaldesa de Lima por el Partido Político Fuerza Social.
Sin embargo, según la fiscalía, no gobernó sola; sino que designó en puestos claves a personas de su estrecha confianza como José Miguel Castro Gutiérrez, quien ejercía dentro de la comuna el cargo de Gerente Municipal y Gabriel Prado Ramos en el cargo de Gerente del Área de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
Una vez en el gobierno municipal, indica la fiscalía, las empresas brasileñas que ya tenían proyectos en curso desde la gestión anterior (Luis Castañeda Lossio), buscaron acercarse a Villarán de la Puente a través de reuniones, varias de las que se realizaron en el mismo municipio y otras, fuera de los locales municipales. Es decir, reuniones privadas.
Sin embargo, a fines del 2012, ya era conocida la intención de revocar a la alcaldesa debido a la baja aprobación de su gestión.
Por ello, según la fiscalía, en el primer trimestre del año 2013, con la finalidad de solventar la campaña de la “No Revocatoria”, la entonces alcaldesa Susana Villarán, en su condición de líder de la organización criminal creada al interior de la Municipalidad de Lima; y en acuerdo con José Miguel Castro Gutiérrez, solicitó la suma de US$ 3′000.000 al entonces Superintendente de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Henrique Simoes Barata.
En ese momento, refiere la fiscalía, la empresa tenía en curso un procedimiento para la suscripción de la versión definitiva del contrato de concesión del proyecto “Vías Nuevas De Lima” (Hoy Rutas de Lima).
El proyecto “Vías Nuevas de Lima” consistía en la operación y mantenimiento a lo largo de los tramos: Panamericana Sur, entre la Av. Javier Prado y el acceso a Pucusana; Panamericana Norte, entre la Av. Eduardo de Habich y el acceso a Ancón, en las proximidades del Puente “Los Ángeles”.
La empresa Odebrecht, de acuerdo a lo narrado por el colaborador eficaz Jorge Henrique Simoes Barata, acordó entonces la entrega de los activos ilícitos ascendentes a US$3′000,000 solicitados a favor de la organización de Susana Villarán de la Puente, por intermedio de José Miguel Castro Gutierrez. Ello, a cambio de la concesión y continuidad del proyecto “Vías Nuevas de Lima”, de manera célere e inusitada sin contar con la opinión previa del Ministerio de Económica y Finanzas, y que se firmó el 9 de enero de 2013.
Según Barata, los activos entregados a favor de la Organización Criminal, liderada por Susana Villarán de la Puente, provienen del departamento de operaciones estructuradas, que manejaba dinero obtenido de manera ilegal, y que tenía un sistema de codinomes (seudónimos), uso de empresas Off Shore (Relton) y cuentas en paraísos fiscales (Andorra) para la entrega de los pagos.
La presunta organización criminal, indica la fiscalía, también recurrió a la empresa OAS para seguir amasando dinero y enfrentar así una campaña publicitaria en contra de su gestión y por el contrario, contrarrestar con otras campañas publicitarias en contra de la “No revocatoria”.
Así, en el marco de la ejecución del contrato del Proyecto Línea Amarilla, se requirió el pago de US$.3′000.000, los mismos que la constructora brasileña reconoció haber entregado desde el sistema del Departamento de “Contralodoría de OAS”.
A cambio, los empresarios aseguraron la aprobación de la Adenda N° 1 del contrato de Concesión del proyecto “Línea Amarilla”, que se firmó el 13 de febrero del 2013 y que ampliaba el plazo de concesión de 30 a 40 años.
En total, para la campaña de la Revocatoria, señala la fiscalía de Odebrecht, Oas, y Graña y Montero, la red criminal que habría liderado Villvarán recibió US$6′100.000.
Sin embargo, ello fue solo el inicio. Pues para las Elecciones Regionales y Municipales realizadas el 5 de octubre del 2014, la organización criminal, que habría liderado Susana Villarán, “con la finalidad de permanecer en el poder” concertó con los representantes de la empresa brasileña Construtora OAS y Odebrecht solicitando la entrega de activos maculados en efectivo en ese contexto, a fin de apoyar su continuidad en el cargo y evitar cambios en el desarrollo del proyecto Vías Nuevas de Lima (Consorcio Rutas De Lima, formada por Odebrecht) y la empresa concesionaria Línea Amarilla (formada por OAS) con una nueva gestión municipal.Para lograr la reelección, indica la fiscalía, solicitaron pagos para financiar la campaña, recibiendo entonces activos ilícitos provenientes del grupo Rutas de Lima (formada por la empresa Odebrecht, por el monto de S/.3′390.439,38, que al tipo de cambio de la fecha en dólares americanos ascendió a US$.1′193.816,68. Y, de parte de la empresa OAS recibió US$. 4′000.000.
Los 12 hechos en contra de Susana Villarán y más de 2 mil pruebas
La acusación del Ministerio Público, señala que Susana Villarán, en su condición de exalcaldesa de Lima, incurrió en 12 hechos ilícitos por los que deberá responder ante la justicia.
En total, el caso cuenta con más de cuatro mil medios probatorios presentados por la fiscalía, la procuraduría, y las partes acusadas.
En el caso de la fiscalía ha presentado 379 testimoniales (319 nacionales y 60 extranjeros), 7 peritos, 10 informes periciales, 1.257 pruebas documentales, 224 declaraciones y 139 actas de declaración. En total, el Ministerio Público ha presentado más de 2.000 elementos de prueba que serán actuados y analizados en juicio oral.
Este Diario buscó la versión de Raúl Pariona, abogado consignado en el auto de enjuiciamiento como la defensa legal de Villarán de la Puente, pero no respondió.
Haber formado parte, en su calidad de líder de la organización criminal constituida y que operó en el interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre los años 2010 al 2015, teniendo como fines de la organización perpetuarse en el poder político que habían alcanzado en el interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para ejercer el control de los proyectos de las concesiones y obras, para obtener beneficios o ventajas económicas (activos ilícitos).
Acuerdo para el otorgamiento de la concesión del proyecto Rutas de Lima en el año 2013, en el contexto de la realización de la consulta popular para revocatoria de autoridades municipales 2013.
Acuerdos en el marco de la ejecución contractual de la concesión del proyecto rutas de lima en el año 2014, en el contexto de la realización de las elecciones regionales y municipales 2014.
Haber intervenido de forma directa e indirecta en razón de su cargo como Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de la ejecución del Proyecto de Concesión “Vía Expresa Línea Amarilla”, habiendo defraudado patrimonialmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, al concertar, en organización criminal con el Gerente Municipal Jose Miguel Castro Gutierrez, con los interesados, el Director de la empresa Construtora OAS S.A. Sucursal del Perú, Valfredo De Assis Ribeiro Filho –quien actuó con conocimiento del Presidente de OAS Brasil, José Adelmario Pinheiro Filho y el Superintendente de OAS Internacional, Augusto Cesar Ferreira E Uzeda.
En el marco de la etapa de suscripción del contrato de concesión del Proyecto de Concesión Vía Expresa Sur, habiendo defraudado al Estado, conjuntamente con Domingo Arzubialde Elorrieta, en su condición de Gerente de Promoción de la Inversión Privada de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, con los -interesados- Apoderados y Accionistas de la empresa Graña y Montero S.A.A, Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, José Alejandro Graña Miro Quesada.
En su condición de líder de la organización criminal, y entonces alcaldesa de la MML, ordenó a José Miguel Castro Gutiérrez, jefe de la referida organización, el blanqueamiento de US$ 3,000,000.00 dólares americanos, activos ilícitos provenientes de actos de corrupción de la empresa Odebrecht en la “Concesión Rutas de Lima”, cuya procedencia conocía y tenía como fin evitar la identificación de su origen
Como autora mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, ordenó a José Miguel Castro disponer la ejecución de los actos de conversión (recolección) de activos ilícitos provenientes de la empresa Concesionaria Rutas de Lima S.A.C. (Odebrecht), por la suma de S/ 3’390,439.38 soles, dinero cuyo origen ilícito conocía y cuya finalidad era evitar su identificación activos maculados provenientes de consumación de actos de corrupción.
Ordenó a José Miguel Castro Gutiérrez el blanqueamiento de los US$ 3,000,000.00, provenientes de actos de corrupción de la empresa Odebrecht en la “Concesión Rutas de Lima”. Para ello, José Miguel Castro Gutiérrez dispuso su recolección por terceros y que estos a su vez dispongan la introducción fraccionada a través de pagos publicitarios y ingreso del dinero maculado a la Asociación Amigos de Lima, en el contexto de la “Campaña de la Revocatoria de Regidores y Alcaldes 2013”.
Ordenó a José Miguel Castro disponer la ejecución de los actos de conversión (recolección) de activos ilícitos provenientes de la empresa Constructora OAS S.A. – Sucursal Del Perú S.A, por la suma de S/. 13' 401 900.45 soles. El dinero se introdujo al sistema económico a través de contratos fuciticios con una empresa constructora, además de haberse intrudicido a cuentas de terceras personas y al Partido político Dialogo Vecinal.
Ordenó a José Miguel Castro disponer la ejecución de los actos de conversión (recolección) de activos ilícitos provenientes de la empresa Concesionaria Vía Expresa Sur (VESUR) conformada por la empresa Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A.A., por la suma de US$ 100,000.00, dinero cuyo origen ilícito conocía y cuya finalidad era evitar su identificación, por lo que dispuso que con ese dinero se paguen servicios de empresas de asesoría y publicidad, por concepto de gastos de la campaña de Consulta Popular de
Revocatoria de Autoridades Municipales 2013.
Haber dispuesto que se altere, intencionalmente, la información sobre el financiamiento de la campaña en la Consulta Popular para Revocatoria de Autoridades Municipales del 2013, presentada con fecha 18 de abril del 2013, por el personero legal ante el presidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, Con la finalidad de ocultar la procedencia ilícita de los activos obtenidos mediante actos de corrupción con las empresas Odebrecht, Oas y Graña Y Montero, ocasionando perjuicio al Estado.
Los integrantes de la organización criminal liderada por Susana Villarán presentaron diversos informes sobre ingresos y egresos de la campaña por la reelección a través de la organización política Dialogo Vecinal ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), creando y adulterando para ello diversos documentos con el fin de dar al contenido características de autenticidad; información fraudulenta que vulneró el principio de veracidad.
Los colaboradores eficaces y testigos más importantes
“Sí. Fui llamado al despacho del señor José Miguel Castro, eh, si no me equivoco, era a fines de la mañana…Eh... cuando me pidió para que apoyara, me pidió que apoyara con 3 millones de dólares para la campaña. Dijo, además, que las personas que iban a estar encargadas de la campaña eran el señor Valdemir Garreta y el señor Favre, que eran personas que ya habíamos conocido, porque eran las personas que habían hecho la campaña del señor Ollanta Humala en la cual también hemos participado.”
Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú
“Jorge. Jorge me llamó, me dijo que él había sido llamado a la municipalidad, entonces él entendía de que el motivo de la reunión era algo relacionado al proyecto de, de Rutas de Lima. Entonces, me invitó para acompañar a ele y en este momento, en esta reunión, no se habló del proyecto, pero se hizo un pedido de apoyo a la campaña de la no, de la revocatoria, eh... para ele, para Jorge. Estábamos eh... yo, Barata y José Miguel Castro (…) Sí. El pedido había sido de tres millones de dólares, eh, si no me equivoco dos millones en Brasil y dos, un millón en Perú para, eh, el apoyo de marketing, de publicidad de la campaña."
Raúl Ribeiro Pereira Neto, exfuncionario de Odebrecht
“Estuve reunido con José Miguel por 5 ó 6 veces, sobre cuestiones estratégicas de campaña, pero para tratar de pagos solo una vez. Creo que las reuniones se han producido en el Hotel Miraflores Park. No estoy seguro, pero es probable que Luis Favre haya presenciado la reunión. No recuerdo la fecha concreta. (…) Creo que fueron 5 parcelas de 400.000 dólares, entregadas entre mayo de 2014 y mayo de 2015. Hasta el momento no he podido recuperar los locales.”
Valdemir Flavio Pereira Garreta, publicista
" (…)Sobre este contrato debo señalar que el señor Cesar Meiggs Rojas se contacta con el señor Raúl Pereira Neto, por encargo del señor José Miguel Castro, quien le había dicho que a raíz de ese contrato que iba a firmar con Rutas de Lima se iba a hacer de la misma Metodología que OAS, el cual consistía en sobrevalorar contratos, para que a raíz de esa sobrevalorización se entregara activos ilícitos al señor José Miguel Castro Gutiérrez, el cual iba servir para la campaña de las elecciones municipales 2014-2016, reunión que se llevó a cabo en las Oficina del señor José Castro Gutiérrez(…)”
Colaborador Eficaz 140-2019 (Cesar Meiggs Rojas, Colaborador Develado)
“En los principios del año 2013 […] Valfredo de Asis Ribeiro Filho fue citado al palacio de la Municipalidad para una cita donde participó la alcaldesa, quien dijo que este proceso (revocatoria) era muy duro […] y que un cambio de gestión Municipal iba ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto (Línea Amarilla) […]. En una segunda parte de la reunión, cuando ya no estaba la alcaldesa el señor José Miguel Castro le pidió a Valfredo de Asis Ribeiro Filho […] un apoyo para la campaña del ‘No a la Revocatoria’ […] que iba a dividir los costos de la campaña entre las empresas que tenían concesiones […] y que cabría a OAS el monto de 3 millones.”
Colaborador Eficaz Nº 105-2019 Valfredo de Assis Ribeiro Filho
“En una de estas citas privadas, José Miguel Castro pidió a Adelmario Pinheiro dinero para la campaña de la posible de reelección de Susana Villarán la suma de $4'000.000 (cuatro millones de dólares); con el contexto de la posible quiebra de OAS y la necesidad de estar bien con la municipalidad, el señor Adelmario Pinheiro aceptó; según información de este último, José Miguel Castro decía que por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar."
Colaborador Eficaz Nº 101-2019, Leonardo Fracassi-exoperador de OAS
Leo Pinheiro en la cena me indicó cuánto íbamos a necesitar en la campaña de reelección de la alcaldesa Susana Villaran, a lo que yo indiqué que el monto era algo similar a la No Revocatoria, a lo cual Leo Pinheiro instruyó a Leonardo Fracassi que entregará 3 a 4 millones de dólares para la campaña de reelección.
José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal y amigo de Susana Villarán
“Sí, lo contacté a pedido de Susana Villarán; el contacto fue telefónico…El contacto fue aproximadamente a comienzos del 2012…ahí le dije la posibilidad si él tuviera interés y el tiempo suficiente de una campaña que estaba por realizarse de la revocatoria de la alcaldesa de Lima; recuerdo que unos 3 días después él me dice que sí estaba interesado…Debo precisar que cuando viene el señor Favre en el mes de diciembre de 2012, la fecha no la recuerdo bien, organizó una reunión en mi oficina con la venia de la señora Susana Villarán, que podía (pedía) reunirse con el señor Favre, recuerdo que fue un día domingo; yo había convocado solamente a la señora Susana Villarán, pero ella apareció con otras personas…José Miguel Castro.”
Salomón Lerner, exprimer ministro
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