La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por María Acuña (APP), dejó como tema pendiente en su agenda un informe de calificación que declara inadmisible la denuncia presentada por la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la parlamentaria Patricia Chirinos (Renovación Popular).
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No obstante, se plantea otorgar un plazo de 3 días hábiles a la titular del Ministerio Público para que subsane las observaciones. Este tema se encontraba como último punto de la agenda de la sesión de este martes 18 de febrero. La reunión inició a las 9 de la mañana y concluyó cerca de las 3 pm sin abordar el informe de calificación.
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Según el informe, al que tuvo acceso El Comercio, se rechaza la demanda alegando que Espinoza la presentó en su calidad de fiscal suprema y no como fiscal de la Nación. Por lo tanto, no estaba facultada a interponer denuncias constitucionales.
“El literal c) del mismo artículo exige que la denuncia sea formulada por una persona capaz, lo que implica no solo competencia funcional dentro del Ministerio Público, sino también la capacidad específica para representar institucionalmente a la Fiscalía ante el Congreso, facultad de la que carece la denunciante”, dice el informe de calificación de la denuncia.
Espinoza presentó la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y la congresista Patricia Chirinos en mayo del 2024.
En el caso de Benavides Vargas, se le acusa del presunto delito de peculado doloso y cohecho pasivo específico, mientras que a la legisladora se le sindica como cómplice primaria del delito de peculado doloso agravado.
Los hechos se vinculan a las presuntas coordinaciones de Patricia Benavides con la legisladora de Renovación Popular para presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de Lima por el presunto delito de prevaricato.
Como se recuerda, los integrantes de dicha sala declararon fundada una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se suspenda el debate del informe final de la Comisión de Justicia del Congreso, que recomendó sus remociones.
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¿De qué se acusa a Patricia Benavides y Patricia Chirinos?
La denuncia constitucional se fundamenta en un hecho puntual: la presunta actuación ilícita que habría desplegado en coordinación con la congresista Patricia Chirinos para denunciar a los jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de Lima por haber beneficiado con una medida cautelar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y así, en su momento, evitar su remoción.
Según Espinoza, cuando la remoción de los integrantes de la JNJ se vio frustrada debido a la referida medida cautelar, Benavides - a través de su entonces asesor Jaime Villanueva- habría solicitado a la congresista Patricia Chirinos que presente una denuncia penal contra los magistrados de la referida sala superior Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giurisich.
Para ello, habría dispuesto que en el interior de la fiscalía se elabore un proyecto de denuncia. Este documento, señala la DC, habría sido elaborado por el fiscal adjunto supremo Alvaro Abilio Castañeda Rojas y el exasesor Abel Hurtado Espinoza.
Luego, el proyecto de la denuncia fue enviado por Villanueva a la congresista Chirinos, quien la presentó como suya el 8 de noviembre del 2023, a través de la mesa de partes de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación.
Patricia Chirinos ahora integra la bancada de Renovación Popular. (Foto: Congreso)
Una vez que recibida la denuncia, Benavides habría dispuesto que el fiscal supremo provisional Miguel Ángel Vegas Vaccaro -que en ese momento dirigía el despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos- junto a la fiscal suprema adjunta Doris Beltrán, abrieran de manera célere una investigación contra los jueces de la sala constitucional.
Para sostener la denuncia constitucional, la fiscal Delia Espinoza Valenzuela concatenó diversas acciones de Patricia Benavides, sus exasesores y la hoy parlamentaria de Renovación Popular, así como la presentación de documentos y llamadas telefónicas.
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Según la DC, luego de conocerse que la propuesta de remoción de los integrantes de la JNJ había quedado suspendida por la medida cautelar otorgada por la sala judicial, el 7 de noviembre del 2023, la congresista Chirinos anunció, a través de sus redes sociales, que denunciaría a los jueces del tribunal.
Por ello, Villanueva llamó a Chirinos para decirle que Benavides le solicitaba que formule la denuncia contra los referidos jueces superiores. Sin embargo, en ese momento la congresista le habría indicado que sus asesores no estaban disponibles, por lo que el exfuncionario del Ministerio Público se ofreció a elaborar el documento y la congresista habría aceptado firmarlo.
“(…) y la primera con la que hablé y que aceptó fue Patricia Chirinos, solo que Chirinos me dijo que sus asesores no estaban o estaban de vacaciones, y me dijo que le mande la denuncia, y que ella ya la firmaba”.
Una vez que Chirinos habría aceptado presentar la denuncia, Villanueva se lo transmitió a Benavides Vargas, quien a su vez le indicó a su exasesor que haría que el fiscal supremo Álvaro Castañeda -a quien designó en el área de denuncias contra magistrados- elaborar un borrador de denuncia por el delito de prevaricato contra los jueces superiores. La redacción del documento también habría tenido la intervención del exasesor Abel Hurtado.
Es por ello que, durante el allanamiento a la vivienda de Hurtado, se incautó su celular donde se halló un documento en Word, en cuyas propiedades se señala “Contenido creado 7/11/2023 18:39″, denominado “denuncia penal_modelo”94, el cual correspondía a un modelo de denuncia por delito de prevaricato.
Además, en posesión de Hurtado se halló el archivo digital “Contenido creado 8/11/2023 10:38″ y “Guardado el 8/11/2023 10:38″, denominadological_Documents_0657denuncia 100 08.11″, de la denuncia penal sin haberse digitado el nombre del denunciante.
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El documento correspondería al descrito por Villanueva como el proyecto de denuncia por prevaricato y abuso de autoridad que se elaboró en la Fiscalía de la Nación contra los jueces superiores.
El proyecto de denuncia que habría sido elaborado por Castañeda y Hurtado, señala la fiscalía, fue entregado a Villanueva quien, a su vez, se lo envió por WhatsApp a Chirinos y a la asesora de esta, Giuliana Castillo, con quien habría mantenido dos comunicaciones ese mismo 8 de noviembre entre las 8:56 y 10:19 de la mañana.
Por ello, entre las 10:38 am y las 11:31 am, Villanueva envió el documento a la citada parlamentaria, quien lo habría firmado y presentado ante la Mesa de Partes del Ministerio Público de manera virtual, a través del correo electrónico que le habría proporcionado el exasesor.
Y, a las 11:33 a.m, la congresista publicó en sus redes sociales que había procedido a presentar la denuncia contra los jueces superiores.
Según la fiscalía, este mismo 8 de noviembre a horas de la mañana, Villanueva -tal como lo ha declarado- había coordinado previamente con la entonces secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique, para que esté atenta a la presentación de la denuncia que iba a formular Chirinos.
La versión fue confirmada por la misma Casique, quien ratificó ante la fiscalía, haber recibido la indicación de Villanueva respecto a la denuncia que presentaría Chirinos.
“(...) sí, Jaime Villanueva me avisó que Patricia Chirinos iba a presentar un documento”; luego cuando se le preguntó por qué medio le avisó que se iba a presentar la denuncia, señaló: “(...) me avisó a través de WhatsApp (..)”; también indicó en otra respuesta: “(...) me avisó el mismo día en la mañana”, “(...) no lo recuerdo pero fue temprano”. “(..), una sola vez me dijo que estuvieran atentos.”
Esto, a fin de que el documento sea derivado inmediatamente a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos a cargo de Vegas Vaccaro para que se abriera investigación por disposición de Benavides.
Ello, según la denuncia constitucional, fue así. Y es que, el documento fue registrado el 8 de noviembre del 2023, a las 11:58:22 de la mañana, y el proveído firmado por Casique, derivándolo al despacho de Vegas Vaccaro a las 12:11:32 del mediodía.
Por tanto, señala la fiscal suprema denunciante, desde que ingresó la denuncia a las 11:31 a.m a la Secretaría General de la FN hasta las 12:11:32 que fue derivado al despacho de Vegas, “transcurrieron 40 minutos aproximdamente, lo cual es un tiempo sumamente corto, pese a que el documento estaba catalogado como de prioridad ‘normal’”.
“Dicha celeridad inusitada en su remisión evidenciaría que ello obedeció al presunto interés particular de la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas”, advirtió la fiscal suprema Delia Espinoza.
Ello, no habría quedado allí. Se indica en la DC, que luego de haberse culminado con la elaboración del proyecto de denuncia, Villanueva habría hecho llegar el mismo a la Doris Beltrán -adjunta de Vegas Vaccaro- para que vaya avanzado con la disposición de inicio de investigación contra los jueces que iban a ser denunciados por Chirinos.
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La denuncia, en el despacho de Vegas Vaccaro fue registrada a las 13:11 de la tarde de ese 8 de noviembre del 2023. Y, la disposición abriendo investigación contra los jueces, fue firmada a las 13:50 de la tarde de ese mismo día.
Según la tesis fiscal, la investigada Beltrán Espinoza habría coordinado con su coinvestigado Miguel Ángel Vegas Vaccaro para la elaboración de la disposición de inicio de investigación contra los jueces superiores, “en un periodo paralelo al ingreso formal de la denuncia”, pues habrían acordado con Benavides Vargas que esto debía producirse antes de las 14:00 horas. Para ese momento ya estaba programada la sesión del Congreso de debate y votación de la moción de remoción o no de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
La inusitada celeridad, incluso, ha sido reconocida por el mismo Vega Vaccaro, quien en su declaración ante la fiscalía así que actuó así porque era un caso mediático.
En suma desde las 11:31 horas, tiempo en el que se registró el ingreso formal de la denuncia al Ministerio Público, hasta que se habría firmado la disposición de apertura de investigación a las 13:50 horas, transcurrieron 2 horas con 19 minutos; tiempo brevísimo que solo se explicaría por la presunta intervención de la denunciada Liz Patricia Benavides Vargas, quien habría efectuado coordinaciones con sus coinvestigados para el trámite célere de la denuncia, dado que habría tenido el interés particular en que con ello se concretara el debate y votación de la Moción de Orden del Día n.° 7565, para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, evitando así que pueda ser objeto de una medida disciplinaria en las investigaciones que se seguían en su contra en la precitada institución.”
Según la hoy fiscal de la Nación, las denunciadas Liz Patricia Benavides Vargas y Patricia Rosa Chirinos Venegas se habrían vinculado, a través de los asesores Jaime Javier Villanueva Barreto y Abel Hurtado Espinoza.
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La fiscal precisó que Hurtado había trabajado con anterioridad en el Congreso de la República, desempeñándose luego como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa, es así que fue éste quien habría iniciado los vínculos con Chirinos Venegas’, presentándole a Villanueva Barreto.
En su declaración ante la fiscalía, Chirinos ha reconocido haber intercambiado teléfonos con Jaime Villanueva y Abel Hurtado. Incluso, aseguró que Hurtado, “en algún momento me mandó una ayuda memoria” . “Sí lo conocí en el Hall de Pasos Perdidos, no podría dar una fecha exacta pero será antes de julio del 2023; se presentó como coordinador parlamentario (Abel Hurtado)”, respondió.
Al ser consultada por la fiscalía sobre Villanueva aseguró que lo conoció junto con Abel Hurtado en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República y que “fue un día cualquiera que caminaba por el Hall. Se presentó como coordinador parlamentario al igual que Abel Hurtado”.
Sin embargo, Villanueva, aseguró ante la fiscalía que fue Abel Hurtado quien lo presentó con Chirinos, puesto que ellos dos ya tenían una relación de confianza.
Hurtado, como se recuerda, trabajó como asesor parlamentario, entre 2016 al 2021, antes de llegar al Ministerio Público.
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Tras conocer la denuncia en su contra, Chirinos escribió lo siguiente, en mayo del 2024: “No sigan con sus cuentos, porque yo no he cometido ningún delito, no le debo nada a nadie. Todas las DC y PL que he presentado, las he hecho por convicción, pensando en lo que es mejor para el país, sin ningún interés de por medio”.
Previamente, también había negado haber cometido delitos y puntualizó que todas las denuncias constitucionales, proyectos y mociones que presentó lo hizo con “convicción, sin ningún interés de por medio”.
“Sigan buscando y rebuscando, que no encontrarán nada en mi contra. Reitero, no he cometido ningún delito, no le debo nada a nadie”, enfatizó.
Además…
- La presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides habría operado activamente por dos años -desde diciembre del 2021 hasta diciembre del 2023-, según la denuncia constitucional que presentó Delia Espinoza ante el Congreso. Sin embargo, “se sospecha que sigue operando actualmente”, precisó. Así lo dio a conocer este Diario en mayo del 2024.
- Una vez que dicha red criminal logró consolidar la selección de Benavides Vargas como fiscal suprema, esta habría utilizado al Ministerio Público, en su rol de fiscal de la Nación, para sostener a dicha organización ilícita y beneficiar a sus integrantes.
- Además, el fin criminal se extendió a otras instituciones como el Congreso, donde habría tenido como una de sus principales operadoras a la legisladora Patricia Chirinos (Renovación Popular), quien en ese entonces integraba las filas de Avanza País.
