El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, declaró que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) resolvió el contrato de concesión de Chavimochic III debido al arbitraje sostenido entre su concesionario y el Estado.
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, fue cuestionado sobre el futuro del proyecto agrario. En respuesta, indicó que ya se leyó el laudo arbitral del mismo, que resultó en la resolución del contrato por incumplimientos del Estado Peruano.
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“No hemos podido vencer esa dificultad y el tribunal arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda. Entonces inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar para concesionar el saldo de obra que queda, el 30% que queda [de la presa Palo Redondo] y llevar a cabo inmediatamente eso. [...] Esa obra de todas maneras va”, indicó.
“Todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior [dijo] “si yo firmo esto yo me voy a ir a la cárcel”. No obstante cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y aprobación política”, agregó.
Torres no especificó si todo el pedido económico del Consorcio Chavimochic, concesionario del proyecto que está integrado por Novonor (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero), fue aprobado por la CNUDMI. Tampoco especificó cuáles serían los plazos ni las acciones pendientes antes de volver a licitar la obra.
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Desde abril de este año, ambas partes vienen negociando la aprobación de una adenda al contrato de Chavimochic III. Sin embargo, el arbitraje que solicitó la empresa contra el concedente en 2017, por presuntos incumplimientos de contrato, siempre fue objeto de polémica para cerrar el acuerdo. La demanda ascendía a US$118 millones.
La controversia nace desde el acuerdo económico: el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) quería que el concesionario renuncie a todo el aspecto económico, mientras este último aceptó rebajar sus pretensiones. Nunca se hizo público cuánta era la diferencia entre ambas propuestas.
En setiembre venció el plazo para la lectura del laudo arbitral y ambos solicitaron ante la CNUDMI que se amplíe el tiempo para que no se llegara a resolver el contrato. En octubre la comisión decidió en contra de las partes y, según Torres, ya entregó el laudo arbitral.
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El anuncio del presidente del Consejo de Ministros se da un día después de que Manuel Llempén, presidente del Gobierno Regional de La Libertad, anunciara que el tribunal sí admitió la solicitud de ampliación de plazos. Según declaró ante la prensa local, dio 90 días adicionales y ambas partes trabajarían para que se aprobara la adenda antes de la fecha límite.
En diálogo con El Comercio, Edilberto Ñique, gerente del Proyecto Especial Chavimochic, indicó que ni el Gobierno Regional, ni Proyecto Especial ni el concesionario tenían conocimiento de lo dicho por el ministro antes de su declaración.
“No tenemos conocimiento ni la gobernación, ni el proyecto ni el concesionario. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de pronunciamiento. Nos parece extraño que el premier haya salido con esa declaración”, señaló.
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Por otro lado, indicó que tanto el Gobierno Regional como ellos consideraban que se aprobó la ampliación de los plazos debido al silencio administrativo de la CNUDMI luego de que no leyera el laudo arbitral el pasado 3 de octubre.
Este Diario se comunicó con el Consorcio Chavimochic, pero no obtuvo respuesta. También buscó la versión del Midagri, pero su equipo de prensa indicó que “es un tema que debe aclarar la Presidencia del Consejo de Ministros”.
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