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Así, se busca modificar el artículo 61 de la Constitución Política del Perú al agregar restricciones a este tipo de mercados. “El Estado facilita y vigila la libre competencia, según los principios y fines de la economía social de mercado. Están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado”, señala el proyecto de ley.
Por otro lado, la propuesta “prohíbe la propiedad cruzada de los medios de comunicación, de acuerdo a ley”. En la normativa actual, se impide la “exclusividad, monopolio y acaparamiento” de los mismos.
El proyecto aún debe ser derivado a la Comisión de Constitución del Parlamento. De ser aprobado, deberá ser debatido en el pleno del Congreso. Se necesitan 87 votos a favor para que sea aprobado.
Para Alejandro Falla, socio del estudio Bullard, Falla, Ezcurra +, la medida busca legislar sobre el supuesto de que los monopolios y oligopolios son negativos para los mercados, dejando de lado que en ocasiones estos responden a la preferencia del público por empresas determinadas.
“La prohibición de monopolios por el simple hecho de serlos es un desincentivo a la innovación de las empresas que por iniciativa tienen un producto único o que ofrecen un mejor producto o servicio que los demás. Entonces, producto de tu eficiencia corres el riesgo de terminar [con tu operación] prohibida. Es absurdo”, afirmó.
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Asimismo, el proyecto indica que habrá sanciones penales para quienes violen la libre competencia, pero no es claro respecto a cuáles serán las consecuencias para aquellas empresas que actualmente están en una posición monopólica u oligopólica.
“Cuando el proyecto dice que el Estado prohíbe los monopolios, ¿qué va a hacer con las empresas monopólicas [que se originan] por preferencia de los consumidores? ¿Las va a obligar a dejar de vender? El monopolio se combate con libre competencia, si ves un mercado concentrado debes de generar oportunidades para que competidores reten a esa empresa dominante”, remarcó Joselyn Olaechea, abogada y excomisionada de libre competencia del Indecopi.
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Para Olaechea la prohibición de la propiedad cruzada sería incompatible con los demás principios económicos constitucionales, pues la Constitución señala que la iniciativa privada es libre y una norma no puede obligar a vender los activos de un propietario.