La situación financiera de Petro-Perú ha alcanzado su punto más crítico desde los años 80, cuando el país enfrentaba los inmensos costos de las aventuras empresariales del Estado, que significaron pérdidas económicas de hasta 5% del PBI al año. Ante las fallas de gestión y el sobreendeudamiento, su directorio actual ha declarado la insostenibilidad de la empresa, ofreciendo como alternativas su reestructuración o liquidación.
Gestión deficiente
La crisis financiera de Petro-Perú es consecuencia de una gestión deficiente, que implicó elevados costos operativos, un gobierno corporativo inestable y altos niveles de endeudamiento. Desde el 2014, la empresa ha tenido un resultado primario negativo promedio de S/1.300 millones al año, equivalente a 0,2% del PBI.
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Además, Petro-Perú se encuentra fuertemente sobreendeudada. Al primer trimestre del 2024, su deuda financiera alcanzó cerca de US$6.200 millones, 10 veces más que en el 2013. De este monto, más de US$2.200 millones (36%) deberán ser pagados en menos de un año, lo cual no será posible solo con recursos propios, dado que su patrimonio total es menor a US$1.600 millones.
Comparado con otras petroleras estatales, las deficiencias son claras. En el 2023, la colombiana Ecopetrol obtuvo una utilidad neta de US$4.407 millones, mientras que Petro-Perú registró una pérdida de US$1.067 millones. Además, la deuda total de Petro-Perú equivale a 5,2 veces su patrimonio, más de tres veces el valor de este ratio para Ecopetrol (1,5). Otro problema es su débil gobierno corporativo: entre el 2015 y 2024, mientras que Ecopetrol tuvo solo cuatro presidentes de directorio, Petro-Perú tuvo 11.
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Inversión sin retorno
Uno de los factores detrás del sobreendeudamiento de Petro-Perú es la inversión en la nueva refinería de Talara (NRT). El proyecto, inicialmente estimado en US$1.300 millones en el 2007, terminó costando más de US$5.000 millones. Además, los retrasos en la obra postergaron su inicio de operaciones, que comenzaron gradualmente recién en abril del 2022. Las operaciones plenas recién se dieron en diciembre del 2023 de acuerdo con Petro-Perú y, según declaró recientemente el primer ministro Gustavo Adrianzén, la producción máxima se alcanzaría recién a fines del 2025.
La dimensión del proyecto siempre fue cuestionada. La NRT cuenta con una capacidad para procesar hasta 95.000 barriles de petróleo al día. Sin embargo, la producción nacional de petróleo crudo no supera los 60.000 barriles diarios desde el 2015. En ese contexto, alrededor del 40% del petróleo que procesa la NRT es importado. Pese a ello, en lo que va del 2024, se ha refinado un promedio de 63.000 barrilles por día, el 66% de su capacidad máxima.
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Costos millonarios
La gestión ineficiente de Petro-Perú ha generado un alto costo para el Estado. En términos reales, desde el 2013, la empresa ha recibido garantías con fondos del Estado por S/10.800 millones para operaciones de endeudamiento vinculadas a la NRT, importaciones de crudo, combustibles y derivados, y el aumento de su capital de trabajo. Adicionalmente, entre el 2017 y 2022, el Estado le ha transferido S/5.700 millones en aportes directos de capital para asegurar la solvencia de la empresa y S/3.700 millones en condición de préstamo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de corto plazo.
En total, hasta el 2024, el apoyo financiero a Petro-Perú asciende a S/20.200 millones. Estos fondos podrían haber financiado la ejecución de 100 colegios de alto rendimiento como los que se construirán en Cusco, Huancavelica y Pasco, y 40 hospitales de mediana complejidad como el de Villa el Salvador; y aún quedarían fondos equivalentes al doble del presupuesto asignado al programa Juntos en el 2024.
Para un país con grandes brechas en el acceso a servicios básicos, es irresponsable que el Estado destine recursos escasos para sostener a una empresa que, producto de una gestión ineficiente, no es rentable. Lejos de apostar por un Estado empresario, es prioritario lograr una solución sostenible para Petro-Perú, con una mayor participación de capitales privados y una administración eficiente. Esto permitirá utilizar los recursos públicos en beneficios concretos para la ciudadanía.
