Recientemente hemos tomado conocimiento de dos hechos solo aparentemente inconexos: la pobreza ha crecido y alcanza a casi el 30% de nuestra población, según una medición del INEI; asimismo, hemos descendido de manera significativa en el Índice Fraser de atracción a las inversiones mineras futuras, esto último evaluado por expertos globales.
Que no nos quepa duda de que se trata de dos noticias íntimamente ligadas. La industria minera, principal pilar económico de nuestro país, está lejos de desarrollar su potencial pleno, como lo acredita un estudio econométrico encargado al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, el mismo que revela que el desarrollo pleno de nuestro portafolio de proyectos mineros, de más de US$50.000 millones (principalmente minas de cobre y oro), reduciría la pobreza a menos del 10%.
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Por ello, la agenda de reactivación minera debería abordar, al menos los siguientes aspectos: en primer lugar, la formalización de la minería aurífera, a escala artesanal y de pequeña minería, desligándola de manera decidida de toda actividad criminal. Lograr la trazabilidad de toda su cadena productiva permitiría eliminar actos ilegales y obtener de manera progresiva mejoras de productividad, todo lo cual solventaría la incorporación al mercado laboral formal de más de 400.000 compatriotas.
En segundo lugar, la promoción del portafolio de cobre en el cluster del norte (Cajamarca) y el cluster del sur (Apurímac, Moquegua, Arequipa), para lo cual debería discutirse y sincronizarse la inversión mínima necesaria en infraestructura compartida. Un modelo colaborativo de infraestructura compartida permitiría elevar la competitividad y acelerar las inversiones en dicho portafolio.
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Junto con la promoción de nuestro portafolio de cobre, se debe planificar el impacto socioeconómico en el territorio donde se emplazan los proyectos, amplificando el impacto positivo con el desarrollo de los corredores económicos (alto andino – costero) que se generarían. Este aspecto es crítico para evitar expectativas locales basadas meramente en transacciones, compensaciones o pagos de ‘peajes’.
Por otro lado, las licencias ambientales a cargo del Senace, sin perder rigurosidad, tienen que alcanzar mayor agilidad y predictibilidad. Para ello, deberían recogerse de manera antelada los criterios técnicos de las otras entidades gubernamentales con capacidad de revisión y observación, migrando posteriormente del concepto de la ventanilla única al de mesa única. Mantener esta entidad técnica con cuadros profesionales idóneos y exentos de cualquier injerencia política es imprescindible.
En resumen, derrotar la pobreza es un imperativo en nuestra Patria; para lograrlo, todos los decisores del ámbito público y privado debemos abordar de manera seria la agenda minera pendiente.
