En la antesala de la nueva legislatura y con un ciclo electoral rumbo a las Elecciones 2026, es oportuno preguntarnos dónde está la minería en la agenda política del país. ¿Cuál es la visión sobre uno de los sectores clave para el desarrollo económico y social del Perú? ¿Queremos una minería formal, sin importar el tamaño? ¿Un sector responsable y fiscalizable que genere tributos, trabajo digno y control ambiental? ¿Qué minería queremos para nuestro país?
La reciente ampliación del Reinfo generó atención mediática; solo se extendió para inscritos vigentes o con menos de un año de suspendidos, dejando fuera a más de 50.000 registros. Ellos tuvieron ocho años para formalizarse, o por lo menos mantenerse vigentes, y no lo hicieron. Hoy protestan y bloquean carreteras; y aunque el Gobierno mantiene una posición firme, preocupa la coyuntura en la que resurge el debate sobre la ley MAPE.
Necesitamos una norma que permita a quienes sí buscan formalizarse hacerlo con reglas claras, garantizando la seguridad laboral, protección ambiental y respeto al Estado de derecho. No podemos aceptar una ley sin sustento técnico, con vacíos que perpetúen la informalidad, malas condiciones de trabajo y daños ambientales. Urge una política nacional que articule formalización, fiscalización y desarrollo productivo con metas claras y responsables definidos.
El problema no es nuevo. Se anuncian avances como el sistema interoperable de fiscalización minera, que integrará información entre entidades para mejorar la supervisión. Pero la falta de una estrategia integral contra la minería ilegal mantiene esfuerzos dispersos y limita cambios sostenibles.
Una encuesta de Ipsos revela que 81% de peruanos considera a la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional, pues su expansión está ligada al crimen organizado, trata de personas, deforestación y contaminación. Los operativos en Loreto y Amazonas muestran una problemática muy compleja que no se resuelve solo con acciones reactivas.
La formalización sigue siendo un reto. La depuración del padrón y nuevas medidas son pasos importantes para diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes usan el sistema como fachada para delinquir.
Por eso, la agenda política debe abordar la minería de forma integral, promover inversión responsable, impulsar formalización real, fortalecer instituciones y articular soluciones frente a la ilegalidad con enfoque de desarrollo territorial. En este nuevo ciclo electoral, los partidos deben plantear medidas técnicas y viables, no promesas populistas.
