Argentina y el modelo peruano

¿Qué reformas políticas exportables tiene el Perú? Es decir, ¿qué arreglos institucionales tenemos que sean lo suficientemente buenos como para que otros países los quieran imitar? La arquitectura política y económica del Perú, claramente, no es un manual de buenas prácticas de la OCDE, pero eso no significa que no haya habido, a lo largo de las décadas, diversas iniciativas exitosas que merecen aparecer entre los casos de estudio a escala regional. Entre estas se cuentan, por ejemplo, la promoción de la agroexportación y de la minería, la estructura económica constitucional o la disciplina fiscal.

Sin embargo, muy probablemente el mejor modelo de exportación nacional sea el funcionamiento del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Ese es el que se mira con envidia desde Río Grande hasta la Patagonia. La evidencia más reciente ha sido el anuncio de esta semana del presidente de Argentina, Javier Milei, en el que propone un paquete de reformas que incluye, como componente central, una reestructuración del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con un diseño muy similar al peruano. Si bien las ideas se venían trabajando desde hace un buen tiempo, el mensaje a la nación comunicando este cambio vino apenas días después de visitar el Perú a propósito del cambio de mando y otras actividades programadas aquí.

El mensaje fue transmitido en cadena nacional –formato muy poco usual en Argentina para presentar una iniciativa legislativa y que ni siquiera se utilizó para la ley Bases, la más ambiciosa de la etapa Milei–. El presidente argentino empezó indicando que, a su juicio, este sería el paquete de reformas más importante de los últimos 91 años. Denunció ahí que la inflación acumulada desde la fundación del BCRA asciende a más de 12 trillones por ciento. Ese número de 20 dígitos tiene más de efectista que de riguroso, pero el mensaje se deja entender.

¿En qué consiste específicamente el anuncio de Milei? En primer lugar, identificó correctamente que las entidades monetarias, como cualquier institución o persona, tienen mejores chances de éxito si se les encomienda una sola misión central: en este caso, la de preservar el valor de la moneda. Así es más fácil, también, evaluar el éxito o fracaso de cada gestión. Es el modelo peruano: el artículo 84 de la Constitución indica que “la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria”. Todas sus funciones –como regular la liquidez y administrar las reservas internacionales– se derivan de este fin.

Otros bancos centrales, como el de EE.UU., mantienen un doble objetivo. Además del control de la inflación, a estos se les asigna responsabilidad, por ejemplo, en el avance del empleo o del producto. A partir de reformas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el BCRA tiene nada menos que cuatro objetivos: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social –faltaba solo que le colocasen las mype, el comercio exterior y la electrificación rural–. Según el proyecto de ley de Milei, estas cuatro serían reemplazadas por un escueto pero firme mandato único para “preservar el valor de la moneda”.

En segundo lugar, bajo el nuevo marco, el BCRA tendría prohibido conceder financiamiento al sector público. Esta ha sido, de hecho, la adicción monetaria que llevó a la destrucción del valor del peso argentino mediante un círculo vicioso de déficit fiscal, emisión inorgánica e inflación del que es costoso salir.

Históricamente, los períodos de inflación muy alta y prolongada casi siempre se originan en esta relación perniciosa entre un gobierno que necesita recursos fáciles y un banco central dispuesto a financiarlo, a costa de inflación para el resto de los ciudadanos. Aquí se corta en seco. La normativa propuesta también se acerca a la que tiene la Constitución peruana en el mismo artículo 84: “El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica”. Otros bancos centrales, como los de Chile y Brasil, tienen prohibiciones similares.

El tercer cambio de fondo es un intento por proteger a los funcionarios principales del BCRA de la remoción por factores políticos. En los últimos 25 años, los titulares de la institución han durado apenas algo más de dos años en promedio. En el BCR, Julio Velarde lleva ya 20 años y, sobre la base de los méritos de su gestión y amplio reconocimiento, sería ratificado por el Senado por cinco años más. En la propuesta de Milei, se estipula que únicamente se pueden remover a integrantes del directorio por “falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones, derivada de hechos precisos e inequívocos”. Esta se hará efectiva con un decreto del Poder Ejecutivo, previa aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría especial de dos tercios (quizá un blindaje excesivo). La protección legal sería incluso mayor que la que tienen los directores del BCR. Estos últimos pueden ser removidos por el Senado, sin intervención de Diputados, por falta grave con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

El presidente argentino agregó algunas disposiciones más, propias de su ecosistema monetario particular, y terminó anunciando que propondrá un “grillete fiscal” que busca impedir que se aprueben presupuestos públicos con déficit. Después de criticar a los legisladores por aprobar decenas de normas de alto costo fiscal (similar a lo que sucedió aquí con el Congreso anterior), indicó que, “si durante varios meses seguidos el resultado es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio”. Si no lo logra, se congelarán los servicios no esenciales del Estado, se frenarán transferencias a provincias y todos los altos funcionarios dejarán de percibir sueldos. Aunque no es claro que esta sea la mejor manera de lograrlo, sí es evidente en Argentina que la disciplina monetaria solo va a funcionar de manera sostenida con mejor disciplina en el gasto público. Mal que bien, esa ha sido también la historia en el Perú.

Los principales retos para Argentina en los siguientes meses y años serán la aprobación política de las reformas planteadas, su aplicación en la práctica y su sostenibilidad a través de distintos ciclos políticos. A diferencia del Perú, no se trata de reformas constitucionales, de modo que estarán más sujetas a los votos del momento. En lo inmediato, Milei deberá formalizar primero la situación del presidente del BCRA, actualmente “en comisión” (sin ratificación del Senado).

Las reformas de fondo son, pues, sensatas. Y guardan una inevitable semejanza con las mejores prácticas que se siguen aquí desde hace décadas. El resultado para el Perú ha sido el período de inflación más baja en la región en las últimas dos décadas entre países que gestionan su propia moneda, reservas internacionales récord y estabilidad del tipo de cambio envidiable. Argentina se encamina, con esto, por la senda correcta, pero su éxito está lejos de ser garantizado: el próximo año entran de nuevo en elecciones generales.