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Según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 de la International Budget Partnership (IBP), Perú cayó del puesto 11 al 34 en la medición de transparencia presupuestal en 120 países, disminuyendo así sus esfuerzos por expandir el acceso público a la información presupuestaria.
Según Caroline Gibu, directora ejecutiva y socia fundadora de Ciudadanos al Día, una de las razones por las que se logró el puesto 11 en el 2019 fue porque el gobierno publicaba cada vez más información, sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a los ciudadanos.
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Sin embargo, explicó que para el 2020 y el 2021 el MEF, a pesar de haber publicado algunas plataformas para hacer seguimiento del gasto por la pandemia por el Covid – 19, no llegó a publicar todos los documentos que usualmente difundía.
Así, tenemos que el MEF no emitió el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas en abril del 2020; el Informe Global de la Ejecución presupuestaria 2019 se presentó en junio del 2021, 12 meses después de lo estipulado por ley; y en la Cuenta General de la República para el año 2019 la Contraloría no pudo emitir opinión debido a que las empresas auditoras no emitieron sus dictámenes porque gran parte de las entidades públicas enfrentaban dificultades debido a la emergencia sanitaria.
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“Muchas instituciones públicas, sobre todo gobiernos regionales y locales no llegaron a presentar sus estados financieros auditados, por tanto, no se sabe cuál es la salud de nuestros activos y pasivos en el Estado”
Caroline Gibu, directora ejecutiva y socia fundadora de Ciudadanos al Día
Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, anotó que esta caída es una pésima señal en términos de gerencia y manejo transparente del Gobierno. Dicha caída, a su consideración, también guarda relación con el retroceso en la clasificación de la deuda peruana.
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Presupuesto 2023
Para Gibu, estos resultados nos llevan a una alerta mayor ya que está próxima la publicación de los documentos preparatorios para el presupuesto del 2023, el primero presentado por este gobierno y en el cual se verán cuáles sus prioridades.
Ambos especialistas coinciden en que estas deben situarse en el plano económico de salud, educación, infraestructura y seguridad ciudadana, cuatro grandes pilares que esperan ver reflejado en este documento.
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Mejorar comunicación
Según Gibu, para volver a mejorar en el ránking no basta con ponerse al día en las publicaciones, porque cada vez se pide más calidad en la información. Los informes, sobre todo el Informe Global de la Ejecución Presupuestaria de fin de año, mide la performance de las instituciones sobre metas específicas y esa información no solo debe ser pública, sino especificar si se cumplieron o no estas metas, explicó.
Asimismo, anotó que se debe mejorar y hacer más clara la información para que pueda ser entendida por todos los ciudadanos y “no solo con información técnica que solo un economista entendido en cuentas públicas nacionales podría comprender”.
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Sobre la labor de la Contraloría, comentó que debe tener un rol más vinculante respecto a los resultados ya que, en el 2020, menos del 70% de las instituciones comprendidas en la Cuenta General de la República enviaron sus informes auditados.
“¿Las instituciones auditaron sus cuentas este 2021?, ¿qué sanción tiene la Contraloría respecto a eso? Si no se presenta la información, puede implicar que se hayan perdido activos. Por eso es tan importante que también se cuente con un resumen ciudadano de esa información”, dijo.
Según Castellanos, el Gobierno necesita mejorar sus cuadros actuales para poder volver a gestionar y subir en el ranking. Para ello, tiene que contar con gente técnica y capaz para realizar el trabajo de presentar los planes y documentos con calidad y a tiempo.
