Anteproyecto de una (mayor) precarización, por Paola del Carpio Ponce

Recientemente, se publicó para comentarios el anteproyecto del código del trabajo que compilaría parte de la normativa laboral con cambios sustanciales. El documento no ha sido consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo e incluso contradice algunos acuerdos previos dados en este fuero. Ninguno de sus 440 artículos incluye medidas que favorezcan la productividad o formalidad, ni parecen internalizar que, a pesar de la recuperación del empleo total, este se encuentra precarizado.

—'Protege’ el empleo antes que a las personas —

El anteproyecto generaría mayor rigidez en un mercado que hoy mantiene desprotegidos a más de 10 millones de trabajadores. En lugar de buscar medidas para esta mayoría, se encarecen la entrada y la salida al mercado laboral formal. Por ejemplo, se pretende limitar la aplicación de los contratos a plazo fijo, limitando su aplicación. Y los contratos de temporada –que responden a fenómenos cíclicos– se convertirían en indeterminados. Además, la propuesta elimina los topes para la indemnización por despido: si antes se pagaba hasta un sueldo y medio por año trabajado, hasta un total de 12 sueldos, ahora esto no tendría un límite.

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Dificultar los despidos y esperar que haya más contratos indeterminados puede sonar bien, pero lo que hace en la práctica es desalentar la contratación formal. Esto ya ha ocurrido antes y hay evidencia que demuestra que la “protección” puede tener efectos, finalmente, desprotectores. Un estudio de Jaramillo, Almonacid y De la Flor muestra que el fallo del Tribunal Constitucional del 2001 que dio elección al trabajador entre una indemnización o reposición ante un “despido arbitrario” redujo la probabilidad de acceder a un contrato a plazo indeterminado a un quinto de lo que era antes del fallo. Se dio una importante sustitución por contratos a plazo fijo. Ahora, ¿qué contratos se espera que sustituyan a estos últimos?

—Método del cangrejo: retrocedemos—

Una de las limitaciones a la contratación a plazo fijo formal es a la ampliación de actividades de la empresa. Además de promover la informalidad, esto podría desincentivar la innovación en las empresas o su capacidad de crecimiento, en un contexto donde más del 90% son micro, pequeñas o medianas. Alternativamente, puede incentivar a que la búsqueda de productividad se dé por medio de sustitución de mano de obra por tecnología. No hay incentivo alguno a la capacitación.

Otra medida que nos haría retroceder sería la eliminación del trabajo remoto para retomar la normativa de teletrabajo que antecedió a la pandemia, con una serie de procedimientos y dificultades que llevaba a muy pocas empresas a usarla. Si bien la aplicación del trabajo remoto se limita a ciertos tipos de actividades, esta modalidad permite que personas que no se encuentran en la misma ciudad o que tienen dificultades para salir de casa puedan abrirse alternativas en el mercado laboral.

–Favorece a pocos en detrimento de muchos–

Es cierto que el anteproyecto ofrece más beneficios para los trabajadores. Pero por sus efectos, lo hará para una menor cantidad de estos. Los asalariados formales con contratos a plazo indeterminado, los potenciales beneficiados, no alcanzan al 5% de la población económicamente activa. La gran mayoría de asalariados formales –alrededor de 2,5 millones de personas– tiene contratos a plazo fijo, cuyo futuro estaría ahora en cuestión.

No se presta atención a los casi ocho de 10 trabajadores que trabajan en la informalidad, sin protección social alguna. Medidas como estas afectan sobre todo a las empresas más pequeñas que se encuentran en el umbral de la formalidad y a los trabajadores más jóvenes que recién ingresan al mercado laboral, entre los cuales la informalidad ya es de 87%. Esta es una norma que favorece a una minoría privilegiada.

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Ante la precarización que vivimos –¡y en el Día del Trabajo!–, deberíamos estar debatiendo cómo generar empleo más productivo y con mejores condiciones para nuestros trabajadores. Por el contrario, nos vemos en un contexto en el que no solo el discutir reformas cae en saco roto, sino que la contención de medidas contraproducentes se ha vuelto vital.

En políticas públicas, a veces decimos que las acciones terminan teniendo consecuencias no intencionadas y generando daños no anticipados. Si esto se aprueba y cuando se generen los daños, no se podrá alegar ello. Son muchas las voces que advierten de las consecuencias, respaldadas por la evidencia. Como con la insistencia por una nueva Constitución, y presumiendo buenas intenciones, parece haber la creencia de que lo escrito en una norma revoluciona automáticamente la realidad.