El deterioro en la calidad del empleo, los históricos niveles de inflación y la situación política son hoy los factores que explican la menor confianza entre las familias limeñas. Es así que, según datos de Apoyo Consultoría e Ipsos Perú, el 55% de consumidores limeños en julio dijo que se considera en crisis económica.
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En concreto, se trata de personas en Lima que perciben que su situación económica ha empeorado y no espera que mejore en los próximos doce meses. El porcentaje es mucho mayor frente a los niveles usuales en el período prepandemia –alrededor de 15%– y muy por encima de lo observado a inicios de la pandemia (30% en promedio).
Es por ello que el Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana (Indicca), elaborado por Apoyo Consultoría e Ipsos, alcanzó un nuevo mínimo histórico en julio al ubicarse en 31 puntos (ver infografía).
Jose Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, explica que dada la situación del empleo y los precios de productos y servicios, resulta difícil que la confianza del consumidor revierta en el corto plazo.
“Hacia adelante, esperamos que la inflación comience a ceder. Sin embargo, todavía se mantendría relativamente alta y continuaría limitando el poder de compra de las familias”, dijo.
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Según datos del INEI, la inflación en junio ascendió a 8,8% anual: su nivel más alto en los últimos 25 años. Por otro lado, el empleo adecuado aún se encuentra un 10% por debajo de su nivel prepandemia. Ello ha alimentado la percepción de los limeños sobre lo difícil que resulta encontrar empleo. El 64% de limeños manifestó ello en julio. El porcentaje es el más alto en lo que va del 2022.
Fabiola Alfaro, analista del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría, explica que dicha percepción radica principalmente entre los jóvenes. “Particularmente, la dificultad para encontrar empleo se ha incrementado más para las mujeres y para los jóvenes de entre 18 y 24 años”.
Alfaro también recalca que la constante crisis política que vive el país no ha permitido un avance de políticas que mejoren la situación. “La respuesta del Gobierno para mitigar el golpe del rápido incremento del costo de vida sobre las familias ha sido inadecuada o inoportuna. Esto es atribuible, en parte, al deterioro de la gestión pública por la politización del servicio civil y la alta rotación de funcionarios”, sostiene.
En tanto, Saavedra asevera que la salida a la crisis pasa por una respuesta activa de parte del Ejecutivo y el Legislativo. “Es necesario que prioricen la atención de los problemas coyunturales que vienen afectando a las familias, y dejen de lado medidas populistas e inefectivas”, acotó.