Tras un año de Castillo, ¿qué sorpresas traerá para la economía?, por Luis Miguel Castilla

La contención del avance de la letalidad de la pandemia gracias a la vacunación, la aprobación de candados legislativos que evitaron cambios constitucionales disruptivos, la continuidad en el manejo macroeconómico y el crecimiento impulsado por vientos externos favorables dieron oxígeno a la nueva administración. Sin embargo, la incapacidad de plantear una política coherente de crecimiento pro empleo y de armar un equipo mínimamente idóneo le ha impedido mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Peor aún, verse envuelto en investigaciones de corrupción que llegan a su círculo más íntimo han distraído la atención del presidente e introducen cuestionamientos válidos sobre su capacidad para conducir el país.

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A esto se suma una población sometida a la ineficacia para lidiar con el repunte de la inflación y la vulnerabilidad alimentaria, la pasividad frente a la pobreza urbana y la complicidad frente a la conflictividad social. Además, la provisión de servicios tan simples como la expedición de brevetes o de pasaportes ha pasado a ser casi un privilegio para los ciudadanos debido a la inoperancia de la gestión pública. Así llegamos al primer aniversario de un mandato en medio de nuevos pedidos de vacancia. En este marco, ¿qué podemos esperar de la economía los próximos 12 meses?

Los riesgos externos se han incrementado significativamente y el Perú es muy sensible a cambios en el entorno internacional. En los últimos tres meses, la cotización internacional del cobre ha caído más de 30%, lo que refleja el ajuste a la baja en el crecimiento de la economía china. Esta reducción tiene una gran incidencia en las cuentas públicas, ya que una caída de un dólar en el precio del cobre se traduce en menores ingresos, entre S/3.000 y S/4.000 millones para el fisco. En tanto, la contracción de la política monetaria para luchar contra la inflación que aflige al mundo ha aumentado el riesgo de que la economía global entre en recesión (alcanzando una probabilidad de entre 40% y 50%). En este contexto, la sensación de bonanza que acompañó al gobierno la mayor parte de su mandato ha llegado a su fin, y esto complicará el manejo de la política económica. En lugar de contrarrestar el menor impulso externo con mayor inversión pública, el Gobierno Nacional está imbuido en una crisis institucional y los gobiernos subnacionales estarán en pleno proceso de transición con nuevas autoridades, lo que limitará su capacidad de ejecución.

El presidente ha anunciado sorpresas para su discurso del 28 de julio. Si asumimos que la sensatez no es lo que ha caracterizado a la gestión, no se puede descartar que el gobierno inicie una arremetida política con miras a los próximos comicios regionales y locales. Incluso podría ser una táctica ante las investigaciones fiscales que enfrenta. Evidentemente que esta “sorpresa” sería la menos indicada y aconsejable para una economía que clama por estabilidad.

De hecho, ya vienen resonando diversas propuestas en el interior del Ejecutivo que pudieran querer empaquetarse para construir una narrativa de cambio a fin de “relanzar” su segundo año de gestión. Entre ellas destacan controles de precios para el sector lácteo, la insistencia de impulsar la aprobación de un nuevo Código de Trabajo, la revisión unilateral de los contratos de concesión en el sector transportes, la insistencia de revisar el régimen tributario minero, entre otros. La idea sería volver a poner en agenda un mayor estatismo como panacea ante la precariedad que aflige a grandes segmentos de la población. Todo esto con miras a relanzar nuevamente una asamblea constituyente en el interior del país y presionar al Congreso con la intención de seguir debilitándolo ante la opinión pública. Aun cuando este escenario tiene una probabilidad baja de éxito, mantiene elevados los riesgos regulatorios y continuará afectando las perspectivas económicas.

Se vislumbra un año muy desafiante que pondrá en juego la resiliencia de la economía y su capacidad de generar empleo. En la medida que el deterioro institucional persista y la degradación del aparato estatal continúe, no hay posibilidad de que el optimismo retorne al Perú. Tenemos amplias fortalezas; sin embargo, necesitamos de un gobierno sensato, funcional y probo. Nada de sorpresas. Solo así saldremos del marasmo en que el país ha entrado.