La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) presentó el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF), una herramienta que permitirá compartir información para detectar lavado de activos a través de delitos como trata de personas, minería ilegal, extorsión, etc.
Sergio Espinoza, superintendente de la SBS, explicó que esta herramienta integra a la Contraloría, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SBS, entre otras instituciones del sector público con los cuatros bancos más grandes del país como: BCP, Interbank, BBVA y Scotiabank, como representantes del sector privado; pero, se espera incluir a más entidades a futuro como cajas municipales.
“Este un mecanismo que tiene una vocación abierta con la posibilidad de que en el futuro las cajas u otro tipo de empresas y también alguna otra agencia del Estado pueda sumarse. Se ha anunciado que el primer proyecto estratégico es trabajar sobre trata de personas y sobre eso las entidades microfinancieras, que tienen presencia en el interior, pueden tener información relevante”, refirió Espinoza.
Por su parte, Elsi Garabito, copresidenta del MEPIF y representante del Ministerio Público, detalló que el MEPIF conformará tres grupos de trabajo: el de proyectos, el de membresías y cumplimiento; además, el de casos. Cada uno se implementará por fases, siendo el de Proyectos el primer equipo a conformarse para plantear su primera iniciativa que gire en torno a detectar flujos de dinero a través de la trata de personas.
“El delito de trata de personas mueve alrededor de US$ 1.300 millones, seguido de la minería ilegal. Representa la segunda economía criminal con mayor impacto en nuestro país; sin embargo, de acuerdo a las estadísticas que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solamente 0,1% del total de los dos recibidos está señalado para este delito”, detalló.
Avanzan investigaciones sobre el Caso Interbank
La SBS continúa recabando información con respecto a la filtración de datos de los usuarios de Interbank. Sergio Espinoza, superintendente, detalló que este proceso todavía no ha terminado y no tiene fecha para ello. Cuando culmine esta primera etapa se sabrá qué tipo de datos han sido vulnerados por el presunto ‘hacker’.
“Como segundo paso, en este caso específico, tiene que determinarse si ha habido algún incumplimiento de normativas y si ese fuera el caso se inicia de acuerdo a la ley un proceso administrativo sancionado que tiene también su propio desarrollo y se toma una decisión al respecto”, refirió.
