El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este jueves desde Ayacucho que durante su gestión lucharán para atender el clamor del pueblo peruano y que recursos como el gas natural de Camisea sean para la ciudadanía.
“Lucharé, además, para que el clamor del pueblo peruano como el gas de Camisea sea para los peruanos”, dijo el mandatario desde la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, a donde acudió para participar de una ceremonia de juramentación simbólica como jefe del Estado peruano en esta zona del país.
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Castillo también mencionó que “lucharé, además, para que los servicios de la luz tengan que rebajarse y estén al servicio del pueblo peruano”.
En su Mensaje a la Nación por 28 de julio, el presidente sostuvo que durante su gobierno los proyectos de inversión en minería e hidrocarburos deberán cumplir con el criterio de rentabilidad social.
“Implementaremos el criterio de rentabilidad social que es superior a la licencia social. Esto signfica que todo proyecto debe contribuir a dinamizar economía local, regional y nacional, incrementar el ingreso nacional propiciando el ingreso de capitales, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante y mejorar las condiciones y salarios”, dijo.
“Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, añadió.
Desde Ayacucho, el presidente Castillo anunció que convocará en las próximas semanas a las autoridades de los gobiernos subnacionales para “trabajar por el país”.
“Invoco y convoco a los gobernadores regionales de todo el país que la próxima semana estaré con ustedes para que de una vez por todas agendemos lo que tenemos que trabajar por el Perú. Y la semana siguiente convoco a todos los alcaldes del pueblo peruano para ponernos al frente, sacarnos los zapatos y trabajar por el país”, concluyó.
El Congreso de la República aprobó con 102 votos a favor la iniciativa que plantea uniformizar la edad en 50 años para acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones (AFP). 
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