En las últimas semanas se ha vuelto a hablar de la comida chatarra, de la obesidad, del azúcar, de la sal y de la necesidad de que el público cuente con información sobre los ingredientes de los alimentos que consume. Se han propuesto semáforos y señales de seguridad de distintas formas y colores que deben ser incluidos en los empaques de los productos envasados para advertir a los consumidores sobre ciertos componentes.
Congresistas, ex congresistas y candidatos a congresistas han salido en defensa de los consumidores. Hasta el defensor del Pueblo ha salido a dar batalla. Todos defienden al consumidor y a su derecho a ser informado. Llama la atención que estos mismos personajes no salgan en defensa del derecho a la información que tiene cualquier ciudadano a ser informado de las consecuencias de las regulaciones que se aprueban en el Congreso.
Los congresistas que proponen una ley nos dicen que esta servirá para curar tal o cual mal. Nos aseguran que vamos a estar mejor si “compramos” la propuesta. Salen en televisión para hacer publicidad a favor de su proyecto y hacen márketing a través de redes sociales. Usan testimonios o imágenes de alto impacto. Les gusta recurrir a citas de legislaciones de otros países o de organizaciones internacionales para convencernos de la bondad de su producto. Todo vale para “vender” su producto.
Pero lo que no hacen es informarnos sobre los costos y las consecuencias de sus iniciativas legislativas. Esta información se ignora deliberadamente, se oculta o se pone en letra chiquita para que nadie la pueda leer o entender. El mejor ejemplo de publicidad engañosa que puede existir en el país es la frase que usualmente se incluye en los proyectos de ley: “Este proyecto no irrogará gasto alguno”.
Así como hay alimentos ricos en grasas saturadas cuyo consumo desmedido puede generar obesidad y problemas cardíacos, hay “regulaciones chatarra” que pueden generar obesidad en las entidades del Estado, distraerlas de funciones más importantes o simplemente desangrar a la gente en trámites absurdos y costosos.
Un ejemplo de este tipo de regulaciones es la aprobada recientemente en el Congreso que fuerza a todos los establecimientos (pollerías o peluquerías de barrio, por ejemplo) a enviar una copia de cualquier queja o reclamo que reciban de un consumidor al Indecopi dentro de los siete días desde haber sido recibida. El Indecopi queda obligado a adoptar medidas para supervisar que las quejas sean atendidas.
¿Cuánto va a costar todo esto? ¿Cuánto le va a costar al Indecopi recibir y tramitar estas quejas? ¿Cuánto le va a costar a los establecimientos comerciales del país cumplir con esta nueva exigencia? ¿Quién gana y quién pierde con todo esto? ¿Ganan los consumidores o solo se genera más informalidad? Nadie nos los ha informado y tenemos derecho a saberlo. No queremos que nos vendan gato por liebre.
La mejor forma de evitar “regulaciones chatarra” es forzar a los congresistas a dar información sobre el contenido de lo que proponen y a colocar en sus proyectos una señal de seguridad, como la que quieren imponer a los productos alimenticios envasados. Más de un proyecto saldría con esta advertencia: “Alto en costos. Bajo en efectividad. Evitar su consumo”.
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