Elecciones 2020: Fallas en la Plataforma de Seguimiento de Candidatos de la PCM

El pasado lunes, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) lanzó su Plataforma de Seguimiento de Candidatos, una herramienta implementada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que permite a los ciudadanos consultar si es que los candidatos al Congreso tienen procesos penales en trámite (por delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lavado de activos), sanciones de destitución y despido, así como información de riesgo financiero y crediticio.

Según la Plataforma, son 83 los postulantes con procesos penales en trámite. De estos, 75 son por casos de corrupción, 3 por lavado de activos, 4 por tráfico ilícito de drogas y uno por terrorismo.

La herramienta, sin embargo, no ha sido impermeable a las falencias de las bases de datos del Estado. De hecho, un día después de su lanzamiento, PCM tuvo que retirar información correspondiente a algunos candidatos.

Un caso es el del presidente de Alianza Para el Progreso y candidato por dicha agrupación, Luis Valdez Farias.

Hasta el día martes, la Plataforma consignaba que sobre él pesaba una sanción de suspensión por 360 días para ejercer la función pública. Este último caso data del 2014, cuando Valdez era gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según aclaró el postulante, esta sanción fue revocada luego de que se apelara la decisión del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Luego de que el candidato hiciera la precisión ante los encargados del portal de la PCM, dicha información fue retirada. Valdez, sin embargo, asegura que “el daño ya está hecho”.

Por otro lado, en el apartado “procesos penales en trámite” del portal, figuraba que sobre Valdez Faria pesaban 6 procesos abiertos por delitos de corrupción. Sin embargo, luego de que el candidato precisara que, en realidad, se trataba de distintos actuados de solo 2 casos, la PCM eliminó 4 de los 6 expedientes consignados en el portal.

En uno de los casos restantes, la fiscalía ha solicitado el archivamiento de la investigación, pedido que fue apelado por la procuraduría. En el otro, el Ministerio Público ha realizado un requerimiento de sobreseimiento para no continuar con la investigación.

Este problema se repite en los casos de otros candidatos: si bien se enumeran distintos procesos penales, muchos de ellos son en realidad actuados de un mismo caso.

Otro caso en el que se tuvo que retirar información del portal es el del excontralor, Edgar Alarcón. El lunes, la herramienta mostraba que tenía un proceso penal en trámite por el delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión y transferencia. Este caso corresponde a la investigación que se le sigue por la presunta compra irregular de vehículos en la recta final de su gestión. Sin embargo, dicho expediente fue retirado de la Plataforma.

Susana Silva Hasembank, secretaria de Integridad Pública de la PCM, explicó a El Comercio que la decisión de eliminar el dato se debió a que existen casos en los que la data proporcionada por el Poder Judicial no concuerda con la ofrecida por las procuradurías.

“Hay muy pocos casos en los que no hay información [sobre los procesos abiertos] en el Poder Judicial, pero sí en la procuradoría. Frente a la duda, hemos decidido levantar [la información referida a Alarcón], porque obviamente no hay certeza”, indicó.

Otro caso que desafía la fiabilidad de las bases de datos del Estado es el del candidato por Alianza Para el Progreso y actual teniente alcalde de Ventanilla, César Pérez Barriga. “El funcionario que está poniendo información inexacta respecto de mi persona me está difamando”, señaló.

Según la Plataforma, Pérez es actualmente procesado por el delito de peculado. Sin embargo, el postulante fue absuelto de dicho caso en octubre de este año.

El abogado penalista Carlos Caro explica que esto podría responder a que, en muchos casos, los jueces a cargo de los expedientes no envían a tiempo la orden de eliminación de antecedentes, luego de la absolución. “El juez tiene que enviar el papel [disponiendo la eliminación del antecedente], pero muchas veces no lo hace”, afirma.

Caro sostiene que las falencias en la precisión de la información responden a una falta de integración y actualización entre las bases de datos de las distintas entidades del sistema de justicia.

“Puede pasar que en una investigación preliminar investigan a 30 personas, pero cuando llega al Poder Judicial de repente ya no quedan los 30 [imputados], sino 15 o 20”, explica. Según el penalista, las bases de datos tendrían un grado de fiabilidad “máximo de 70%”.

Como informamos previamente en este Diario, las plataformas del Estado no permiten conocer todo tipo de información sobre los candidatos, como las denuncias policiales o si es que un postulante ha cumplido en el pasado una condena.