Licencias para portar armas de fuego en el Perú crecieron en 46% en el 2023: ¿bajo qué argumentos la solicitan?

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De hecho, si se compara el primer semestre de los años anteriores hasta el 2017, el Perú está este año ante el pico más alto de demanda de autorizaciones [ver gráfico]. De acuerdo con la Sucamec, entidad encargada del control y la fiscalización a nivel nacional en la adquisición, el uso y el comercio de armas, también ha crecido la compra de estos artefactos. En información a la que accedió ECData, solo este 2023 se expidieron 22.993 tarjetas de propiedad de armas de fuego; un número significativamente mayor a las 19.276 registradas el año pasado.

El permiso y la utilización de armas de fuego en el Perú están regulados bajo la Ley Nº 30299, que le otorga a la Sucamec las competencias no solo para expedir licencias, sino también para revocarlas, además de mediar en la compra de estos artefactos. Según la propia entidad, entre el 2016 y el 2023, se han cancelado hasta 4.057 permisos debido a reportes que acreditaron el mal uso de armas, en gran parte, en contextos delictivos.

En diálogo con El Comercio, el ex jefe de la Sucamec, Derik Latorre Boza, resaltó que existe una muy pobre regulación para el acceso a una licencia y que, además, la superintendencia no opera correctamente para evitar el uso indiscriminado de armas de fuego.

“La prueba psicológica, por ejemplo, es un saludo a la bandera. Se podría decir, incluso, que cualquier persona puede tener acceso legal a armas de fuego en la medida en que no tenga antecedentes penales. Adicionalmente, podríamos decir que la ley no afrontó un tema muy importante: regular el porte de armas. En ese sentido, la Sucamec otorga tarjetas de propiedad de armas de fuego, pero no establece restricciones para su uso en ciertos lugares”, dijo el exfuncionario.

“Sucamec hoy está regulada con criterios policiacos. Tiene un cumplimiento acrítico de las funciones a su cargo, convirtiéndose en una simple agencia de licencias”.

Derik Latorre, exjefe de la Sucamec

Una fuente allegada al ministerio del Interior respalda la crítica en torno a la flexibilidad en la emisión de licencias y al poco o nulo control. Dijo a este Diario que ninguna de las pruebas garantiza un filtro correcto para determinar que una persona está en la capacidad y la habilidad de manejar un arma. “Si pensamos en mejorar la regulación para dar licencias, hay que pensar también en cómo garantizamos que los usuarios son aptos para portar y manipular armas adecuadamente. No se trata de generar una barrera, sino de una garantía para un uso responsable”, indicó.

En su mayoría, los usuarios de armas que obtienen la licencia de la Sucamec fundamentan el requerimiento alegando una necesidad de defensa personal. De los más de 19 mil que recurrieron al trámite en el 2023, el 44% (8.316) alegaron este motivo. En segundo lugar, está el uso para seguridad privada, con 7.434 solicitantes que ya accedieron al permiso.

Para Derik Latorre, cabe preguntarse si es que el acceso civil a armas de fuego reduce la inseguridad de una sociedad. Desde su perspectiva, la proliferación de armas puede generar un efecto contrario.

“No existe evidencia directamente proporcional entre la sensación de inseguridad en un país y la sensación de mayor seguridad adquiriendo armas. Lo que sí existe es una muy fuerte actividad de lobby de la industria de las armas de fuego para promover la idea de esa supuesta relación. Sin embargo, hemos visto casos mediáticos de mal uso o mala intención en el uso de armas de fuego. Ese margen grande, donde el uso se pervierte, es el que genera mayor inseguridad”, expresó.

Solo en Lima Metropolitana se registró un 19.4% más de denuncias por diversos delitos en el primer semestre del 2023 que en el mismo período del 2022; es decir, se pasó de 78.031 de enero a junio del año pasado a 93.166 reportes policiales en ese tramo durante el 2023. A nivel nacional, la diferencia fue de 23.5% más de estas denuncias ante las comisarías. En paralelo, el 13.4% de los peruanos mayores de 15 años que viven en ciudades ha sido víctima de algún hecho delictivo cometido con arma de fuego.

Según la fuente del Mininter consultada por este Diario, resulta comprensible que las personas tiendan a considerar el adquirir un arma como medio para sentirse más seguras. Sin embargo, destaca que no hay necesariamente una relación. “El portar un arma, per se, no sirve como un mecanismo de disuasión, sino como uno de respuesta ante una amenaza a la vida. Pero, si nos ponemos a pensar, esas situaciones específicas de amenaza a la vida y el margen para la respuesta son bastante reducidos. Los casos mediáticos de defensa personal son mínimos. Entonces, repito, el arma en sí no funciona como un mecanismo de disuasión frente a la delincuencia, porque va oculta entre las pertenencias o la ropa del usuario. Esa mirada no tiene fundamento”, comentó.

Algunos distritos capitalinos donde se ha llegado a decretar el estado de emergencia ante el desbordamiento de la delincuencia tienen municipios que no han ejecutado buena parte del presupuesto en patrullaje. Es el caso de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, que tienen un déficit de ejecución mayor al 40%.

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