Extorsionadores ya controlan más de 600 km de rutas de transporte en Lima: ya se registran 65 asesinatos | MAPA

La extorsión sigue operando en Lima Metropolitana y en diversas regiones del país. Las amenazas de muerte y los ataques a unidades de transporte continúan afectando a conductores de buses, combis y mototaxis. Según un análisis realizado por El Comercio, 611 kilómetros de rutas de transporte público urbano están bajo el control de redes de extorsión. Esta cifra representa un aumento considerable respecto al informe anterior de este diario, en el que se reportaban 303 kilómetros afectados. El incremento supera el doble de lo registrado anteriormente.

Para elaborar este nuevo análisis, El Comercio trazó en el mapa las rutas de los buses pertenecientes a empresas víctimas de extorsión, con base en información de denuncias, reportes policiales y testimonios directos. En este ejercicio, no solo se consideraron los recorridos oficiales, sino también los puntos específicos donde se constató la presencia de extorsión, ya sea a través de amenazas a choferes y cobradores, mensajes intimidatorios, atentados con explosivos en patios de maniobra o buses baleados durante el servicio. El resultado permitió visualizar por primera vez la extensión y gravedad del dominio criminal sobre el sistema de transporte urbano.

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Los casos de choferes y cobradores asesinados por extorsión no han dejado de incrementarse en lo que va del 2025, registrándose un total de 65 trabajadores del sector transporte asesinados entre agosto de 2024 y octubre de 2025 en Lima Metropolitana y el Callao, según datos proporcionados por el Ministerio Público.

La reciente muerte de un conductor de bus ocurrida el fin de semana desencadenó el paro general del transporte público en Lima, lo que generó bloqueos de rutas y la paralización de miles de empresas. Los gremios empresariales y las compañías afectadas exigieron al Gobierno acciones eficaces frente a la ola de extorsión impuesta por mafias y organizaciones criminales, las cuales amenazan la rentabilidad y el empleo en sectores estratégicos como el transporte, el comercio y la construcción.

Tras una reunión entre el Ejecutivo y los gremios de transportistas, se acordó levantar la medida de fuerza, con el compromiso de establecer una mesa de trabajo en los próximos días. Sin embargo, llamó la atención que, pocas horas después de suspendida la protesta, se registrara un nuevo caso de sicariato en San Juan de Miraflores.

El caso más reciente ocurrió pocas horas después de que se levantara el paro de transportistas. Durante la noche del lunes 6 de octubre, dos sujetos a bordo de una motocicleta perpetraron un ataque armado contra el conductor de una cúster en la avenida Vargas Machuca, en San Juan de Miraflores. El incidente dejó herido al trabajador de la conocida línea D, que cubre la ruta entre SJM y Villa El Salvador. El conductor fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde permanece con vida, aunque en estado crítico.

Sin embargo, no todos los transportistas corrieron la misma suerte. En ese mismo mes de octubre, se registró un asesinato en San Juan de Lurigancho. La víctima fue Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa. Este crimen fue el que detonó la protesta y el paro total de transportistas.

De forma similar, en septiembre se reportó otro crimen que sacudió a Villa El Salvador. El chofer de una combi de la empresa de transportes San Juan fue asesinado a balazos mientras avanzaba por la avenida Micaela Bastidas. El conductor, identificado como Román Lima Huayra, de 44 años, intentó seguir conduciendo pese a estar gravemente herido, pero finalmente la combi se estrelló contra la berma central. Cuando los transeúntes se acercaron, confirmaron que ya había fallecido.

Ese mismo mes ocurrió otro episodio de violencia. Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor, fue asesinado a balazos en la avenida Central, cerca de la concurrida Pista Nueva, también en San Juan de Miraflores. El ataque se produjo cuando Alfredo iniciaba su recorrido habitual desde Carabayllo hacia San Juan. Según testigos, dos falsos pasajeros lo interceptaron y lo obligaron a detenerse antes de dispararle cinco veces a quemarropa. El bus, perteneciente a la empresa Nueva América, quedó detenido a un costado de la vía, con la puerta abierta y el cuerpo del conductor desplomado sobre el volante.

En agosto, otro conductor perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras conducía su cúster en la zona conocida como La Riel, cerca del límite entre Santa Anita y El Agustino. El ataque fue ejecutado por sujetos a bordo de una motocicleta. La víctima fue identificada como Humberto Antonio Yépez Álvarez, trabajador de una combi de la línea 505.

Ese mismo mes, otro conductor de combi de la empresa Service Canada fue asesinado a balazos por la noche, en el cruce de las avenidas Los Chancas con Huarochirí, en el distrito de Santa Anita. La víctima fue identificada como Percy Martín Custodio Arellano, quien recibió hasta diez disparos mientras terminaba su jornada laboral.

En julio, un conductor de la empresa de transporte público El Rápido fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual en el distrito de Los Olivos. El crimen ocurrió en el paradero Villasol, ubicado en la avenida Universitaria, cerca del cruce con la Panamericana Norte. El asesino sería un falso pasajero que abordó la unidad y disparó directamente a la cabeza del chofer. La víctima fue Carlos Advíncula Nieto, de aproximadamente 40 años, quien murió de manera instantánea dentro de su vehículo.

Días atrás, Édgar Durand Bautista, chofer, y Carlos Ríos Guevara, cobrador —ambos trabajadores de la empresa de transporte 11 de Noviembre (Emptonsa)— fueron asesinados a balazos en el distrito de Carabayllo. Los presuntos responsables del crimen serían extorsionadores que operan en la zona. Ambos se encontraban dentro de la unidad, aparentemente revisando cuentas antes de iniciar su jornada, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra ellos. Testigos aseguran haber escuchado al menos dos disparos.

En mayo, un conductor de transporte público fue asesinado a tiros en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió frente al coliseo Amauta, donde una combi fue interceptada por dos hombres en motocicleta que abrieron fuego. La víctima, identificada como Antonio Alfredo Seminario Icaza, de 41 años, recibió un disparo en la cabeza mientras conducía una unidad de la empresa 102, que cubre la ruta Lima-Callao. El vehículo llevaba pasajeros al momento del ataque.

Semanas antes, en abril, se reportó un atentado armado contra un vehículo en la avenida Venezuela, en el distrito de San Miguel. El ataque dejó un conductor muerto. Dos sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un cobrador que iba a bordo del vehículo de placa AJU-943, perteneciente a la empresa de transportes Emisca S.A., que cubre la ruta Callao-Breña. La víctima fue identificada como Daniel Alexis Guillermo, de 25 años, quien falleció en el lugar tras recibir disparos en la cabeza.

Ese mismo mes, también en abril, fue asesinado Paul López, un conductor de 51 años en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Los Alisos con Canta Callao, en las primeras horas de la mañana, cuando López apenas había iniciado su jornada laboral, en medio del estado de emergencia. La empresa para la que trabajaba, Aquarius —conocida también como la ‘S’— había sido blanco de reiteradas amenazas.

Sentimiento de inseguridad constante

Luego de que se anunciara la suspensión del paro, el director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, indicó a El Comercio que se ha planteado al Ejecutivo que “si ocurre una nueva muerte, retomaremos la medida de fuerza. Los transportistas esperan acciones concretas y no solo llamados al diálogo”.

“Los transportistas mantendrán en suspenso el paro mientras esperan resultados tangibles en la lucha contra la delincuencia organizada. Se ha establecido una mesa de trabajo para este 14 de octubre. Espero que no demoren, necesitamos buena organización. Los asesinatos de nuestros compañeros no pueden quedar impunes ni seguir incrementándose. Si no hay solución, volveremos con un paro de 48 horas”, agregó.

Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), Martín Valeriano, declaró a El Comercio que los compromisos asumidos por el Gobierno con el sector transporte “son meras formalidades sin resultados reales. Lo cierto es que están matando a los conductores, y ellos están pidiendo seguridad y garantías para sus vidas. Pero los compromisos que firma el Gobierno no sirven de nada. Son solo formalidades, reuniones que no cambian la realidad. Las anteriores mesas de trabajo no han servido para nada. No es posible que la presidenta minimice el paro. Necesitamos medidas urgentes”, sostuvo.