Debido al agudizado problema que atraviesa la atención de pacientes oncológicos en el país, la Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo a elaborar, aprobar y publicar con prontitud el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, “a efectos de contar con un instrumento específico que garantice los derechos de las personas que luchan día a día contra esta enfermedad”.
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Según indicó la Defensoría, los datos del Ministerio de Salud arrojan que tras la llegada de la pandemia por COVID-19, se evidenció una reducción en la atención a pacientes oncológicos en 50% comparado con el 2019. Además, se consideró que cada año más de 69 mil personas son diagnosticadas con cáncer y 34 mil mueren en el mismo periodo.
En ese contexto, la Defensoría recordó que el 10 de agosto del presente año se publicó la Ley Nacional del Cáncer, N° 31336, la misma que tiene por objeto garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todas las personas con enfermedades oncológicas, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan.
Hace unos días un ladrón había robado un cáliz valorizado en 6 mil soles de la Parroquia Juan XXIII, pero tras tomar conciencia de la situación en la que se encontraba, devolvió el objeto dejando un emotivo mensaje de arrepentimiento y explicando que todo lo hizo por su hija.
Sin embargo, la institución observó con “suma preocupación que el Minsa ha incumplido con aprobar la reglamentación de la Ley en el tiempo previsto (60 días calendario)”. Esto a pesar de que la Defensoría advirtió anticipadamente de la cercanía del plazo máximo para cumplir con dicho propósito.
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“Por esa razón, consideramos necesario demandar al Poder Ejecutivo la pronta elaboración, aprobación y publicación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, a efectos de contar con un instrumento específico que garantice los derechos de las personas que luchan día a día contra esta enfermedad”, precisó.
Asimismo, y con la misma urgencia, exigieron que se cuenta con una Política Nacional contra el Cáncer, con indicadores y estándares mínimos que puedan ser materia de vigilancia y rendición de cuentas.
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