Parece un fuerte. La primera etapa de la urbanización Mayorazgo, en Ate, es una zona infranqueable. El acceso por las esquinas de la avenida Las Palmas con las calles Madrid y León es impedido por rejas que siempre están cerradas con candado y por la falta de personal para abrirlas ante la llegada de vehículos.
Otros ingresos también han sido clausurados de esa forma por los vecinos organizados, quienes argumentan que las rejas les brindan seguridad contra robos y el pandillaje.
Incluso un impresionante muro de concreto, hecho a modo de anchos barrotes, obstruye el paso de vehículos por la calle Barcelona, en la esquina con la Av. Huarochirí. Por ahí, los peatones apenas pueden pasar por un estrecha abertura, al centro del grueso muro.
Esa estructura se alza como un monumento al descalabro que sufre en Lima el concepto de espacio público. Una anarquía que en las últimas semanas se ha hecho evidente por el sin fin de denuncias que involucran hasta a instituciones estatales por el uso indebido de áreas en las que cualquier ciudadano debería poder circular sin problemas.
Con el muro y las rejas se atenta contra el derecho al libre tránsito por el territorio nacional, consagrado por el numeral 11 del artículo 2 de nuestra Constitución Política.
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El colmo. Este muro de concreto con apariencia de reja está en la primera etapa de la urbanización Pando, en Ate. (Foto: Luis Silva Nole / El Comercio)
Después de dar varias vueltas en la zona, El Comercio descubrió el único punto por el que, por ejemplo, camiones de bomberos podrían ingresar a la mencionada urbanización de Ate para enfrentar algún incendio: la esquina de la calle Guadalajara con la Av. Las Palmas, donde un vigilante manipula una pluma de seguridad.
Lo cierto es que, bajo el argumento de la búsqueda de seguridad, la proliferación de rejas que restringen el acceso vehicular, y muchas veces peatonal, en las urbanizaciones sigue sin control en Lima. Hasta el momento la reacción municipal es prácticamente nula.
Así lo prueba una investigación hecha por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) que, ante la falta de estudios recientes sobre presencia de rejas callejeras en la capital, sigue vigente pese a haber sido hecha en el 2010.
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La urbanización Pando, en el Cercado de Lima, está llena de rejas cerradas. (Foto: Luis Silva Nole / El Comercio)
Para el estudio se ‘peinaron’ 18 distritos, en los que se hallaron 1.263 rejas instaladas, de las cuales 1.147 fueron colocadas sin autorización municipal. Es decir, el 91% de esas rejas eran ilegales. Y es justamente Ate, donde está desde hace ¡14 años! el muro con barrotes de Mayorazgo, el que reunía la mayor cantidad de esas estructuras informales: 189.
Los otros distritos con más rejas fuera de la ley resultaron siendo La Molina, Chorrillos y San Miguel.
Mira acá los resultados del estudio de Aspec.
OMISIÓN DE FUNCIONES
“La evidente falta de fiscalización municipal y el aumento del accionar de la delincuencia nos indicarían que las cifras del 2010, lejos de disminuir, han aumentado. Calculamos que ahora el índice de rejas sin autorización debe oscilar entre el 93% y 95%”, señala Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.
“No se puede ejercer un derecho, como el de seguridad, violando normas legales”, agrega Cáceres. Efectivamente, desde el 16 de setiembre del 2004 existe la Ordenanza 690 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que regula la colocación y el uso de estas rejas.
Según la norma, tras ser autorizada por su municipio, la reja debe lucir el número de autorización, estar siempre abierta a vehículos y peatones, o un vigilante debe estar atento permanentemente a abrirla cuando un vehículo se apreste a pasar. Además, está prohibido pedir documentos para entrar.
En un recorrido hecho esta semana por San Borja, Surco, La Victoria, Chorrillos, Cercado de Lima, La Molina y Ate, este Diario comprobó que en la mayoría de los casos esa disposición no se cumple.
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En esta reja de la urbanización Santa Leonor, en Chorrillos, hasta sirve de soporte para un anuncio de venta de departamentos. (Foto: Luis Silva Nole / El Comercio)
“Cualquier ciudadano o la Defensoría del Pueblo puede denunciar penalmente por el delito de abuso de autoridad por omisión de funciones al alcalde que permita la colocación o permanencia de rejas sin autorización, o que no fiscalice si estas son usadas de acuerdo a ley. Si el Poder Judicial lo halla culpable, puede ser vacado”, advierte el abogado municipalista Julio César Castiglioni.
BOMBEROS: “LLEGAMOS TARDE POR LAS REJAS”
“Muchos vecinos reclaman que llegamos tarde a las emergencias, pero no entienden que las rejas en las calles impiden nuestro acceso. En una emergencia, un minuto de retraso puede costar una vida”, explica Nino Asencios, jefe de la Compañía de Bomberos Salvadora Lima 10, del Cercado.
El jefe departamental de Lima de bomberos, Mario Casaretto, dice que muchas unidades llevan cizallas para romper candados de rejas. “No sabremos nunca si se han perdido vidas porque no llegamos a tiempo ya que en los reportes solo colocamos lo que hacemos en el punto de atención, no en el trayecto a él”, añade Casaretto.
CIUDAD CARCELARIA
Para Katherin Tiburcio, de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, las rejas que impiden accesos producen la sensación de que no pertenencia, lo cual lleva a que la gente no se identifique con su ciudad.
“Rejas en calles, rejas en parques. Lima parece una ciudad carcelaria por la falta de libertad de movimiento, de tránsito y hasta de escape en caso de asaltos”, advierte Tiburcio.
SENTENCIAS DEL TC
El Tribunal Constitucional declaró fundados varios pedidos de hábeas corpus hechos por ciudadanos que vieron visto vulnerado su derecho al libre tránsito por las rejas, y ordenó el retiro de estas.
JURISPRUDENCIA
Así sucedió, por ejemplo, en marzo del 2012, a favor de Mariela Arena Horna. En ese caso, el TC mandó retirar cuatro rejas de la zona de Matellini, en Chorrillos.
LA PENA
Un alcalde que fiscalice rejas ilegales y los vecinos que las pongan pueden ser condenados a 2 años de prisión suspendida.
IGUAL ROBAN
Una vecina de la calle Lizandro de la Puente, de la Urb. Santa Leonor, también en Chorrillos, dijo a El Comercio que han ocurrido robos en su calle pese a que tienen una reja.
REQUISITOS
Según la Ordenanza 690 de Lima, la autorización para las rejas debe ser pedida por una junta vecinal formal, el 80% de los vecinos debe estar de acuerdo, lo mismo que el área municipal de Defensa Civil.
VOZ MUNICIPAL
“La comuna inició la coordinación con las juntas vecinales el retiro de rejas ilegales”, dijo Christian Rosenthal, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima. Ate y La Molina no comentaron el tema.