Vecinos de San Juan de Lurigancho, Independencia, Chosica y Jicamarca presentaron una medida cautelar y acción de amparo ante el Poder Judicial, a fin de evitar la ejecución del Anillo Vial Periférico, que tendrá un recorrido de 34.8 kilómetros.
Johany Gonzales, presidenta de la Asociación de Propietarios Afectados por el proyecto Anillo Vial Periférico Lima Callao, gremio conformado por vecinos de dichas jurisdicciones, indicó que la medida busca proteger los predios que serán afectados.
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“Ya el día viernes de la semana pasada, el 5 de abril, se había tenido que dar la respuesta de la medida cautelar. Lamentablemente, todavía no se pronuncian”, dijo al diario ‘La República’, donde señaló que hasta el momento no existe ninguna solución.
“El año pasado, en el mes de noviembre, hemos solicitado mediante una carta para que nos pueda dar una cita. Hasta la fecha, no nos han respondido”, expresó Gonzales, quien detalló que también acudieron a las oficinas de Proinversión durante la ceremonia de adjudicación del Anillo Vial Periférico, pero no fueron atendidos.
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“Estuvo el ministro y el premier. Nosotros hemos solicitado que una comisión pueda ingresar para poder conversar con ProInversión, pero no quisieron atendernos. Estábamos en la puerta. Pero sí nos llegaron a escuchar. Saben que el problema va a ser que nosotros no vamos a vender nuestras casas. Es un problema que se ha venido cocinando y nadie ha querido sacar a la luz”, relató.
Señaló que la obra va en contra de derechos fundamentales como a la vivienda, la propiedad, a la tranquilidad y a un ambiente saludable, y que se trata de un proyecto desfasado que no responde a las necesidades actuales de la ciudad.
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“No es posible que el Estado nos quiera expropiar para que puedan hacer el proyecto, que está desfasado, que tiene 30 años y nosotros vamos viviendo aquí más de 50 años. Por lo tanto, la asociación se ha organizado, nos hemos juntado los cuatro distritos para hacer un frente porque necesitamos que el Estado pueda ver y saber que no puede construir un Anillo Vial y expropiar a más de 5 mil casas, y botar a más de 20 mil personas”, subrayó.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtió en un comunicado enviado a dicho medio que si no se alcanza un consenso, procederá a la expropiación de los predios.
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Refirió que a pesar de ello, los propietarios recibirán el pago correspondiente al valor comercial del inmueble, más no el incentivo económico que se entrega a las personas que han cedido sus casas mediante la modalidad de trato directo.
