El Congreso de la República volvió a respaldar el proyecto que permite el reingreso de más de 14 mil docentes sin evaluar a las aulas de todo el país. Pese a que la autógrafa fue aprobada -y exonerada de una segunda votación- el 31 de agosto, durante el mes de setiembre se presentaron tres reconsideraciones a dicha votación, de congresistas Flor Pablo, Susel Paredes y Esdras Medina. Este jueves 30 de setiembre, 71 legisladores rechazaron dicha reconsideración. Está en manos del Poder Ejecutivo la observación o no de la norma.
Lo que propone la iniciativa legislativa es la restitución “en sus plazas a los docentes interinos cesados por la aplicación de la resolución de Secretaría General” del Ministerio de la Educación (Minedu). La problemática inició en el 2012, cuando la Ley de la Reforma Magisterial (N.º 29944) obligó a los docentes a contar con un título pedagógico y que se presenten al concurso público. Este último se convoca cada dos años y se realiza en dos etapas, incluyendo la evaluación de capacidades y conocimientos del postulante, a través de una prueba nacional clasificatoria.
El proyecto ley en cuestión (N.º 00761/2021) denuncia expresamente este último elemento de la Ley 29944. “Los docentes que obtuvieron sus títulos antes de la entrada en vigencia de la Ley no debieron ser evaluados, sino [regularizados] a un nivel de la Carrera Pública del Profesorado” señala la exposición de motivos de la autógrafa. “Asimismo, los [docentes] que obtuvieron sus títulos después de la vigencia de la Ley, debieron ser sometidos a una evaluación de desempeño docente, y no a una evaluación de conocimientos, como arbitrariamente se hizo”, agrega el documento.
Menos del 4% aprobó
Lo concreto es que al 2014, el Minedu había identificado a 14.863 docentes que fueron nombrados de manera interina al no contar con un título profesional vigente, en concordancia con la Ley del Profesorado (N.º 24029). Esta normativa expresaba que dicho personal podía ingresar a la carrera pública del profesorado una vez obtenido el título correspondiente. Sin embargo, esto fue modificado con la entrada en vigencia de la nueva ley de Reforma Magisterial y el Minedu decretó la evaluación obligatoria para todos los profesores con nombramiento interino que deseen ingresar a la carrera magisterial.
Aquellos docentes que no se inscribieron en el proceso hasta el 29 de noviembre del 2014 debían ser cesados del cargo. Lo mismo fue dispuesto para aquellos docentes que no lograran acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la Ley 29944. El último filtro correspondía en una evaluación de conocimientos que debía ser aprobada por los maestros. De los 14.863 docentes interinos existentes entonces, solo 5.315 (35,7%) se inscribieron en el proceso para tomar el examen. Solo 546 (3,67%) de ellos lograron aprobarlo. Los demás fueron separados de sus labores y desde entonces exigen ser reincorporados al sector.
Cabe recordar que los alcances de esta propuesta legislativa ha sido clave en diversas decisiones políticas. Tras su aprobación en el Congreso con 111 votos a favor, la entonces ministra de Educación, Magnet Márquez aseguró que el Ejecutivo iba a observar el texto. El Gobierno le solicitó su renuncia. Incluso, el proyecto de ley 00761-2021 incorpora recomendaciones presentadas el 2017 por la Comisión de Educación del Poder Legislativo y en tal ocasión se presentó la iniciativa -del mismo propósito- 2312/2017. La reincorporación de los docentes fue también propuesta de campaña del expresidente Pedro Castillo.
Voces encontradas
Para la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y el Frente Nacional de Profesores Titulados Retirados Por La R.S.G. N.º 2078-2014-MINEDU, la aprobación y publicación del proyecto de ley 00761 es vital. Ambas organizaciones presentaron oficios al Congreso de la República, exhortando la priorización del debate de esta normativa.
En un oficio presentado por la CTP en marzo del 2022, la Confederación solicitó “se ponga en debate el Proyecto de Ley que repone a los profesores cesados ilegalmente en el régimen de Ollanta Humala”, además de definir como “inefable ministro de Educación” al entonces encargado de la cartera, Jaime Saavedra. La organización sindical refirió que en el Magisterio Nacional se conculcó el derecho al trabajo de manera “represiva”.
Por su parte, el Frente se presentó “a la espera de la priorización del debate del Dictamen que servirá para hacer justicia a más de 3.000 profesores titulados a nivel nacional que fuimos retirados injustamente del servicio magisterial”. El argumento principal de las voces a favor de la aprobación de esta ley es que, si bien los docentes se encontraban en un marco interino, muchos culminaron sus procesos de titulación y no debieron ser sometidos a la evaluación. Esta opinión está explícita en la exposición de motivos de la autógrafa en cuestión.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo envió un oficio al Congreso en rechazo a la propuesta legislativa. “Es necesario destacar que el concurso público de méritos es un instrumento a través el cual se evalúa objetivamente los conocimientos y competencias de los postulantes […] En el sector educación, es un filtro para la selección de profesionales idóneos que tendrán a su cargo la educación y formación de niños, niñas y adolescentes”, advierte el comunicado.
“El dictamen aprobado [la autógrafa 00761] constituye un incumplimiento o desconocimiento del principio de mérito y capacidad en el marco de la carrera pública magisterial, así como una amenaza de vulneración al derecho a recibir una educación de calidad […] Le recomendamos [al Congreso] que las reconsideraciones que se planteen al dictamen aprobado sean debidamente evaluadas”, sostiene el oficio.
Especialistas critican la ley
Cuando el proyecto de ley fue aprobado inicialmente por el Congreso, Ricardo Cuenca, exministro de Educación, expresó a El Comercio que el hecho de “que un profesor entre sin evaluación o que entre luego de haber desaprobado resta posibilidad al Estado de garantizar a las familias que haya condiciones básicas de calidad en el personal educativo”. Agregó que esto es un golpe directo a la meritocracia docente y nace de un grupo de intereses particulares que se pone por encima de los intereses nacionales.
María Isabel León, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, sostuvo en la misma ocasión que “el Congreso pretende un acto de populismo, abrir la puerta falsa para que los profesores que tuvieron más de 30 años para sacar el título y pasar examen, ingresen al primer nivel de la carrera automáticamente. Esto iría en contra de la meritocracia que sí han cumplido miles de profesores. Actualmente, más de 300 mil están pasando el proceso para ingresar a la carrera”.
