Cada día se reportan 18 casos de violencia de profesores a alumnos

A fines de septiembre, una escolar de 15 años del colegio nacional Chapiza, (distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, región Amazonas) acudió a la oficina del psicólogo de la institución educativa, Leisther Campos. Según dijo, el profesor de matemáticas de la escuela, Neil Oliver Taish Petsa, le pidió que sea su enamorada en reiteradas ocasiones, a pesar de su negativa. La menor empezó a evitar asistir a clases para no verlo.

Taish tenía ya un historial de violencia. En el 2018, habría violado a una alumna de quinto de secundaria que, producto de ello, quedó embarazada. Según contó la denunciante de este último suceso, Taish le dijo que le “iba a invitar algo fuera del horario de clases”. Según la denuncia puesta en la fiscalía provincial mixta de Río Santiago el pasado 14 de octubre, el profesor la llevó por la fuerza al monte, donde habría ocurrido la violación sexual. Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el acusado.

La institución educativa Chapiza tiene 8 casos reportados en SíseVe, que van desde el 2016 hasta el 2023. Seis de estos corresponden a presunta violencia sexual (tres de ellos por violación). En todos los casos, el acusado fue un profesor. En toda la provincia de Condorcanqui se han registrado 163 casos de presunta violencia sexual en colegios en la última década. La cifra representa el 79% del total de reportes en la provincia.

Un caso similar ocurrió en El Callao. En el 2017, se reportó un total de siete casos por presunta violencia sexual contra alumnos en el colegio Jean Calvin Lefranc. En respuesta a preguntas de El Comercio, el director de la institución, Félix Palomino —quien asumió el cargo recién en el 2021— detalló que todos los reportes correspondían a un solo profesor de Francés de 65 años de edad quien, según informó , “durante su clase, se mostraba cariñoso, abrazándolas [a las alumnas], tocando sus espaldas, etc.”.

Palomino sostiene que el profesor fue “separado inmediatamente de la institución” y que el caso fue puesto a disposición de la policía ese mismo día.

Los casos, lamentablemente, no son aislados. A través de un pedido de información, ECData accedió a datos del portal SíseVe, una plataforma del Ministerio de Educación (Minedu) que permite reportar casos de presunta violencia escolar. Solo entre enero y setiembre del 2023 se han reportado más abusos de personal educativo —psicológico, físico y sexual— que en todo el año pasado. En promedio, este año se han reportado 18 casos al día. Esta es la segunda cifra más alta desde que se instauró el portal, hace una década.

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Este repunte de casos, sin embargo, no significa necesariamente que la violencia haya aumentado en la misma proporción que los reportes. Según el exministro de Educación Daniel Alfaro, en el 2018 se realizaron campañas para incentivar el uso del SíseVe, además de aumentar —con el apoyo de Unicef— el personal a cargo de recibir los reportes. De ahí se explicaría el aumento significativo en la curva a partir del año 2019 [ver grafico].

“Nos preguntamos por qué subió tan rápido el reporte de casos. ¿Acaso ha aumentado drásticamente la violencia? Nos dimos cuenta de que lo que estaba pasando es que tanto la campaña como la capacidad de reacción dieron más confianza para reportar”, afirma.

Del mismo modo, que un colegio presente más casos no implica que en este exista más violencia. Según Alfaro, la cantidad de reportes podría responder a un mayor compromiso por cumplir la normativa del Minedu —y viceversa—, o a un mayor número de alumnos matriculados.

“Lo que hace el SíseVe no es reportar movimientos de violencia, sino visibilizarla. Por eso, no debe dejar de promoverse”, agrega.

La diferencia de reportes entre los colegios privados y públicos es abrumadora: ocho de cada 10 se dieron en instituciones educativas públicas. Además, cerca de la mitad de los casos registrados se registraron en secundaria.

Por otro lado, en los hombres prevalece la violencia física: seis de cada 10 presuntas víctimas son de género masculino. Mientras que nueve de cada 10 casos de presunta violencia sexual corresponde a mujeres.

En regiones hay diferencias importantes. Pese a que Lima Metropolitana concentra un tercio del total de reportes a nivel nacional, Tacna es el departamento con mayor tasa de casos (6,6 por cada 1.000 estudiantes matriculados). Le siguen Arequipa, con 4,6, y Amazonas —donde se reportaron los casos de presunto acoso y violación en el colegio Chapiza—, con 4,5. Las regiones con menor tasa por 1.000 escolares son Loreto, Puno y Apurímac.

La normativa del Minedu es clara: el personal educativo denunciado ante el SíseVe por cometer actos de violencia contra estudiantes debe ser suspendido de manera inmediata.

Pero en el caso de Condorcanqui ello no ocurrió tan rápido. Neil Oliver Taish, el profesor denunciado por violación y acoso por parte de alumnas, fue suspendido por la institución educativa 10 días después del reporte.

Según Víctor Sausa, abogado especializado en violencia escolar y defensor legal de las presuntas víctimas de Taish, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) no visitó a los padres de las denunciantes —como manda la norma — “ni hizo lo necesario para instruir a los docentes o para velar por la seguridad de la estudiante víctima, de los testigos y del traductor”.

Brenda Álvarez, presidenta de Proyecto Igualdad, hace énfasis en que mantener a profesores que han incurrido en violencia en los colegios genera una revictimización de los alumnos afectados. “Esto transmite a las víctimas el mensaje de que su voz carece de importancia y de que podrían experimentar nuevamente situaciones de violencia”, explica.

En la misma línea, Sausa asegura que no retirar a los profesores denunciados por abuso “empodera al agresor sexual”, además de exponer a los menores a una afectación emocional “no solo de las víctimas, sino también de los posibles testigos”.

Alfaro precisa un punto adicional: dado que mientras dure la investigación al docente este puede seguir obteniendo un salario, es importante que los colegios le asignen actividades productivas fuera de la escuela.

Según la data del SíseVe, más del 50% de casos de presunto abuso sexual reportados en las aulas no ha sido resuelto, pese al vencimiento del plazo.

Sausa explica que a los colegios que incumplan los plazos “se les debe aplicar las sanciones administrativas correspondientes”. En el caso de las escuelas públicas, el proceso administrativo se realiza ante la UGEL, mientras que en las privadas, la denuncia se presenta ante Indecopi, el cual determina la multa que corresponde.

Para Álvarez, la educación sexual integral es “crucial” para combatir la violencia sexual en las aulas, pues “proporciona a los niños y niñas información esencial sobre sus derechos en el ejercicio de su sexualidad”.

Sausa agrega que, en algunos casos, los mecanismos de prevención y abordaje de abusos sexuales “no son activados o no son prioridad en las instituciones educativas. Esto significa que la educación sexual y la prevención son de muy baja calidad, y se gestionan con estrategias de poca efectividad”.

El portal SíseVe no está libre de cuestionamientos. León Trahtemberg, cofundador del Colegio Áleph (Chorrillos, Lima) ha criticado públicamente lo que considera falencias en el sistema de reportes.

En respuesta a preguntas de El Comercio, el educador sostuvo que la obligación de elevar a la plataforma los casos en investigación en plazos que considera breves “le expropia al colegio el manejo educativo de los casos de transgresiones que ocurren entre niños y adolescentes [no de parte de profesores], judicializa sus conductas y confronta familias y grupos de alumnos, unos contra otros”.

Asimismo, el educador señala que las penalidades aplicadas a los colegios que no sigan los protocolos del Minedu “hace que los colegios denuncien cualquier caso para protegerse, incluyendo muchos que no ameritan tal denuncia”. Ello, opina, generaría “el número tan elevado de registros en el SíseVe, que da la impresión de que en Perú es mejor no ir al colegio por la exposición generalizada a la violencia”.

Otra crítica común al portal entre los educadores tiene que ver con la falta de distinción entre grupos de edad de los escolares. Odaly Sánchez, directora del colegio Nuestra Señora del Consuelo (Surco, Lima), opina que puede ser problemático que las reglas del SíseVe para reportar casos de violencia de un alumno a otro sean iguales en el caso de adolescentes y niños de temprana edad que cursan el jardín o inicial.

“Los niños de tres o cuatro años aprenden de manera sensorial, es complicado hablar de acoso o bullying en esos casos”, sostiene.

Trahtemberg coincide:

“¿Puede un niño de inicial o primaria ser acusado de acoso sexual, violencia o bullying y que eso quede registrado para toda su vida, así sea inocente? ¿Qué significa acoso sexual entre niños de cinco, siete o nueve años? En general, yo diría que finalizada la investigación a fondo y conocidos los motivos, contextos, antecedentes y gravedad del caso, recién entonces el colegio debería elevar al SíseVe solo los casos más graves y verificados, para que se registren las conductas sancionables más allá de lo que el colegio considera manejable”.

En la misma línea, la red de colegios Innova Schools, en respuesta a un cuestionario enviado por este Diario, señaló que “en el SíseVe se reportan situaciones de convivencia escolar, ya sean cotidianas o graves, pues la norma del sector no permite que se evalúe la gravedad de la situación”. Ello, señala la institución, “significa que no todas las situaciones registradas corresponden a situaciones de violencia”.

Según Innova Schools —que, además, señaló tener distintos sistemas de prevención de violencia—, el 95% de los casos en SíseVe son reportados por el mismo colegio, en cumplimiento de la normativa. El Comercio no ha confirmado este dato.

Para el exministro Alfaro, el SíseVe debería funcionar como “un mecanismo de última instancia” al que se acude cuando el colegio no solucione el caso.

“Es decir, si el estudiante no encuentra en su comunidad más próxima —directores, profesores o padres de familia— una voz que lo ayude a resolver el problema, tendría que tener oportunidad de poder reportarlo en el SíseVe y hacer que su voz se escuche”, considera.

“Hay un profesor que me ha propuesto que sea su enamorada. Yo le dije que no quiero, siempre me molesta por eso”.

A las 5:43 de la tarde del pasado 26 de septiembre, “con un semblante de tristeza y de miedo”, una alumna de 15 años acudió a la oficina del psicólogo del colegio nacional Chapiza, (provincia de Condorcanqui, región Amazonas).

“Hay un profesor que me ha propuesto que sea su enamorada. Yo le dije que no quiero, siempre me molesta por eso, yo de roche no asisto a sus clases. Saca a dos de mis compañeras, para así poder quedarme sola con el profesor”, se lee en el documento redactado por el profesional de la salud mental, que se incluye en una denuncia fiscal contra Neil Oliver Taish Petsa, maestro de matemáticas del colegio.

Dos compañeras de la agredida confirmaron los hechos denunciados. “Sí, es cierto. El profesor Neil Oliver Taish Petsa nos saca fuera del salón para que converse a solas con ella, a la vez que le toca los hombros” se lee en el documento.

Los riesgos de que la denuncia no prospere en la escuela estuvieron presentes desde el comienzo: el director —según argumentó en la denuncia Víctor Sausa, abogado defensor de la alumna— sería pariente del docente acusado de acoso sexual y del Apu del centro poblado.

Taish Petsa fue retirado del colegio recién 10 días después de que el caso fuera reportado, a pesar de que la normativa del Ministerio de Educación exige la suspensión inmediata, mientras duren las investigaciones. Además, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Río Santiago y la policía no acudieron al centro educativo en el plazo establecido.

Al momento de la denuncia, Neil Oliver Taish Petsa tenía antecedentes y un hijo producto de una violación sexual cometida en el 2018. La víctima de este último de caso ha declarado que el docente continúa acosándola. Además,Taish ha sido señalado por realizar tocamientos indebidos a una menor de 12 años, “cuya denuncia no se realizó por falta de autorización de la madre”, aseguró Sausa.

El Comercio envió al Minedu un cuestionario. A pesar de haber confirmado su recepción, al cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

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