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Laura Bozzo, ‘Chibolín’ y la historia de un depósito a EE.UU. que los vincula peligrosamente
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Durante las investigaciones del Ministerio Público sobre las transferencias de dinero realizadas por personas allegadas a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, se detectó un nombre bastante conocido por los peruanos. Se trata de Laura Bozzo, conductora de televisión que reside actualmente en México, y que fue procesada en nuestro país por supuestamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, exjefe del desactivado Servicio Nacional de Inteligencia (SIN).
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De acuerdo con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Orangel Enrique Ortega Tovar, chofer de ‘Chibolín’, le depositó a Bozzo Rotondo 9.427 dólares en su cuenta del Wells Fargo Bank. La fecha de la transacción es del 11 de febrero del 2022.
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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Andrés Hurtado y Laura Bozzo mantenían una gran amistad, incluso la conductora de programas de talk show consideraba a ‘Chibolín’ como su “único hermano”.
¿Qué respondió Laura Bozzo sobre el depósito que le hizo un allegado de ‘Chibolín’?
Laura Bozzo señaló que aún no le ha llegado una notificación del Ministerio Público para que declare por el depósito que le hizo una persona sospechosa de ser testaferro de Andrés Hurtado, pero aclaró que tiene toda la intención de venir al Perú y dar su testimonio.
Consultada por el motivo de esa transferencia de dinero, Bozzo Rotondo afirmó que se trata del pago por una entrevista que le brindó a ‘Chibolín’, quien le informó que el envío de dinero lo haría una persona cercana a él.
“No soy ninguna cobarde que se esconde detrás de nadie. Si me citan, obviamente agarro mi avión y me voy para allá (Perú). El que no la debe, no la teme. Yo no tengo nada malo, qué he hecho. Yo he hecho una entrevista, la entrevista está”, indicó Bozzo a ATV.
“Yo cobro por entrevista, punto. Si a mí la transferencia me la manda una persona que, según Andrés (y me dice:) ‘No, no te preocupes, que alguien de mi equipo te va a mandar la transferencia’. Yo no sé, yo no me voy a poner a investigar. A mí qué me interesa, a mí me pagan por un servicio, punto”, agregó.
“Yo estoy totalmente abierta a hablar todo, porque el que no la debe, no la teme”, remarcó Bozzo.
La conductora de televisión dijo desconocer que Orangel Ortega sería un presunto testaferro de ‘Chibolín’ y que no le interesa si se trata de dinero de origen ilícito o que se configure el delito de lavado de activos.

“No sé de quién me hablas, no tengo la menor idea (quién es Orangel Ortega Tovar). Yo no sé, yo no tengo la menor idea que sea testaferro o no. Si a mí me dicen: ‘Es parte de mi equipo’, yo no tengo nada que ver, qué puedo saber yo, tú crees que voy a investigar quién es, quién no es”, precisó Bozzo.
“Yo no sé, ni me interesa (si el dinero es ilícito), no tengo la menor idea. No me interesa (si se configura el delito de lavado de activos), la verdad. Conozco todo el sistema judicial de los caviares, quienes están histéricos”, añadió.
Respecto a la situación que afronta su otrora “hermano del alma”, Bozzo dijo esperar que se presenten “las pruebas contundentes del caso” porque le parece un caso “grave”.
“La verdad que sí me ha sorprendido muchísimo (las denuncias contra ‘Chibolín’) y, la verdad, es que estoy esperando, como mucha gente, las pruebas contundentes del caso. Si hay esas pruebas, obviamente tiene que haber sanción. Yo soy abogada, me parece muy grave todo esto. Gravísimo. Me parece que se tiene que investigar y que se tiene que probar. Y a las pruebas me remito”, remarcó.
Depósitos podrían complicar a las hijas de ‘Chibolín’
Andy Carrión, abogado penalista, remarcó que ha quedado en evidencia que Andrés Hurtado utilizó la modalidad del ‘pitufeo’ para enviar dinero a sus hijas Josetty y Génnesis Hurtado en Estados Unidos, lo cual complica su situación legal y afecta su pedido de revertir los mandatos de prisión preventiva dictados en su contra.
En diálogo con El Comercio, el especialista advirtió que estas transferencias también complican a las hijas de ‘Chibolín’, ya que podrían ser incluidas en la investigación como testaferros.
“Dentro del lavado de activos, la modalidad de ‘pitufeo’ implica que puedan enviarse montos que sean difícil de rastrear. Debemos recordar que Andrés Hurtado no tiene sustento en muchas de sus actividades”, manifestó Carrión.
“Al tratarse de sus hijas las receptoras de los dineros de Andrés Hurtado, ellas debieron estar en la capacidad de presumir el origen de esos dineros. Esto podría implicar que las citen ya no solo como testigos, sino que eventualmente también puedan ser incluidas como testaferros”, agregó.

En el caso de Laura Bozzo, remarcó que se trata de un solo depósito y que ella ha argumentado que se trató de un pago por una entrevista, por lo que podría ser citada, por el momento, solo como testigo.
Las hijas de Andrés Hurtado en la mira
Josetty y Génnesis Hurtado podrían verse afectadas por los depósitos que recibieron de su padre en caso no hayan pagado los impuestos en Estados Unidos o el dinero tenga un origen ilícito, ya que se podría configurar un presunto delito de defraudación o de lavado de activos, respectivamente.
“Si se puede establecer que tiene un origen ilícito, por ejemplo, que en el caso de él (Andrés Hurtado) no tenía un asidero y esa transferencia de fondos parte desde ya sin haberse declarado, en el caso de Perú se estaría convirtiendo y transfiriendo dinero de origen ilícito hacia Estados Unidos, y en ese sentido lo que estás haciendo allá es un acto de conversión. Lo estás ingresando a través de cuentas de EE.UU. y darle una apariencia de legalidad”, precisó el abogado.
“Las personas que reciben, que en este caso son sus hijas, tratan de aparentar que tienen una actividad formal y ellas tratarán de decir que ganaron ese dinero lícito porque en Perú son gente famosa y les pagan un reality y lo pueden tributar en Estados Unidos. Si no pagó impuestos en Estados Unidos, entonces van a considerar que han defraudado”, agregó.
Remarcó que los envíos de los allegados de ‘Chibolín’ a sus hijas Josetty y Génnesis por montos menores a 10 mil dólares fue para evadir los controles de las autoridades de los países, ya que cifras mayores a esa cantidad deben ser reportadas y sustentadas.
Ante la implicancia de Laura Bozzo en el caso, Padilla remarcó que ella deberá mostrar algún documento que demuestre que cobró más de 9 mil dólares por una entrevista.
Movidas en el Poder Judicial y el Ministerio Público por caso ‘Chibolín’
Si bien Andrés Hurtado cumple prisión preventiva, las noticias respecto a sus casos siguen dando que hablar. Alejandra Cárdenas, fiscal suprema adjunta, ya no participará en las investigaciones que se siguen contra ‘Chibolín’ por la presunta entrega de sobornos, de acuerdo con la decisión tomada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Según la resolución publicada el pasado 14 de abril, Cárdenas deja la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que dirige el fiscal supremo Alcides Chinchay, y pasa a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria.

Por otra parte, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial planteó, en un informe, que se destituya y se denuncie penalmente a la jueza Paola Valdivia Sánchez, quien es acusada de recibir obsequios para su departamento de parte de Andrés Hurtado a través de su asistente personal Eduardo Romero Santana, conocido como ‘El chamo’, pero quien, en realidad, es de nacionalidad cubana.
A inicios de octubre del 2024, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a través de su Unidad de Procedimiento Administrativo Disciplinario, suspendió preventivamente por seis meses a la jueza Paola Valdivia Sánchez, integrante de la Corte Superior de Justicia de Lima, y le inició un proceso administrativo disciplinario.
A la magistrada se le atribuyen faltas muy graves, como el presunto uso de un lenguaje procaz en intervenciones públicas, la presunta remodelación de su departamento por orden de Andrés Hurtado, entre otros casos.
Buscan libertad de Andrés Hurtado
Elio Riera, abogado Andrés Hurtado, pidió ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, que se archive la investigación en contra de su cliente por el presunto delito de tráfico de influencias.
La defensa de ‘Chibolín’ argumenta que el delito de tráfico de influencias en cadena no tiene sustento legal, pues considera que no está establecido en la legislación penal peruana. Riera se amparó en la “excepción de improcedencia de acción” para cuestionar la procedencia de la imputación presentada por el Ministerio Público.











