El Poder Judicial condenó a 28 años y 3 meses de pena privativa de libertad efectiva a los acusados por los crímenes de los líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez, quienes fueron asesinados el 1° de septiembre del 2014, en Ucayali.
La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, presidida por la jueza Ana Karina Bedoya Maque, dictó dicha sentencia contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como autores mediatos de homicidio calificado, y a Eurico Mapes Gómez, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix como coautores del mismo delito. Además, se les impuso el pago de S/ 200 mil por concepto de reparación civil.
Durante la lectura del fallo en primera instancia, los jueces precisaron que suspendieron la ejecución de la pena hasta que esta sea confirmada. Mientras tanto, a los acusados se les impuso reglas de conducta, como registrar su firma en la corte cada mes.
Asimismo, el Juzgado Penal Colegiado dejó en suspenso la pena contra el talador Eurico Mapes, que aún está prófugo. En la audiencia estuvieron las viudas de los líderes indígenas asesinados, Julia Pérez Gonzáles, Hergilia Rengifo López, Lita Rojas Pinedo y Lina Ruiz Santillán.
Después de 53 audiencias consecutivas, desde el 2 de noviembre del 2023, esta sentencia es un gran paso en la búsqueda de justicia por los defensores ambientales que lucharon contra la tala ilegal en sus comunidades.
“Vamos a defender esta sentencia condenatoria y esta reparación civil que se ha otorgado, así que vamos a estar muy vigilantes en la segunda instancia y acudiremos de manera conjunta. El testimonio del testigo protegido ha sido crucial tanto así que los jueces han motivado esta declaración y ha servido para emitir esta sentencia”, sostuvo Yusen Caraza, abogado de los familiares de las víctimas.
El letrado considero que ha sido una sentencia justa, ya que está debidamente acreditado con medios de prueba, los cuales fueron narrados en la lectura de sentencia.
“Hay dos 2 puntos de diferencia con la sentencia anterior (de febrero del 2023). En primer lugar, el testigo protegido, que declaró de manera válida y legal, sin ningún tipo de problemas. Y, en segundo lugar, es que hay una debida motivación en esta resolución”, explicó.
A la audiencia asistió el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien saludó la sentencia del Juzgado Penal Colegiado de la provincia de Coronel Portillo.
“Como saben, el caso Saweto es emblemático, ocurrido en setiembre del 2014, cuando 4 dirigentes fueron ultimados por estas bandas criminales que se dedican a la tala ilegal y otros hechos criminales. En ese entonces, la justicia no tuvo apoyo de la prensa ni del gobierno de Estado y se dictó una sentencia que fue declarada nula. Fue un hecho que causó protesta”, sostuvo el titular de Justicia.
En la sala también se hicieron presentes representantes de la embajada de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la embajada de Australia, así como el viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto, y el viceministro de Interculturalidad, José Carlos Rivadeneyra.
Mientras tanto, representantes y cientos de miembros de las comunidades nativas encabezadas por ORAU siguieron la audiencia en una pantalla colocada frente a la sede de la Corte Superior de Justicia.
Algunos dirigentes nativos consideraron que su seguridad sigue en riesgo. Ya que la ejecución de la sentencia está suspendida, creen que los acusados pueden huir o hasta provocar represalias contra el testigo protegido de este caso.
La sentencia del caso debe ser ratificada en segunda instancia. La lectura completa del fallo está prevista para el 23 de abril y luego de ello habrá un plazo de 5 días para la apelación correspondiente.
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