Colectivos en Lima: PL para legalizarlos tiene texto copiado de informe que propone todo lo contrario | #NOTEPASES

En un nuevo intento por legitimar el taxi colectivo en Lima y Callao, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó a inicios del mes un proyecto de ley para formalizar el servicio en el área metropolitana pese a que es inseguro para el pasajero, precario para los conductores, invade carriles y paraderos de buses formales e implica perpetuar un sistema que no apuesta por el transporte masivo y de calidad.

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Hace unos días, El Comercio reveló que Montalvo, miembro de la comisión de Transportes y Comunicaciones, tiene el brevete cancelado y cinco procesos penales. Una revisión del proyecto que defiende su postura pro colectivos demuestra, además, que se trata de un texto copiado.

El proyecto N° 04909/2022-CR, presentado el 5 de mayo de este año, consta de 18 páginas, de las cuales siete son idénticas al informe “Transporte Urbano: ¿cómo resolver la movilidad en Lima y Callao?”, escrito por Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, para el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en el año 2016. Esta parte corresponde al Resumen Ejecutivo de la exposición de motivos que sustentan el proyecto de ley. Pese a ello, no hay ninguna mención a la autora o título original del texto, solo tres rutas a documentos a los que no se puede acceder.

Lo paradójico es que en la argumentación se enfatiza en que el problema de la movilidad en Lima y Callao es que las políticas públicas “han estado orientadas a favorecer al auto privado y no a plantear soluciones que se centren en la movilidad sostenible como eje de desarrollo para ofrecer distintas formas de movilizarse que prioricen, sobre todo, al transporte público y también al peatón y al ciclista”. El proyecto de ley incluye también los cuadros del informe de Alegre y las recomendaciones de opciones de política -el texto original fue lanzado en contexto electoral- como la “incorporación del enfoque de movilidad sostenible como eje para las políticas públicas”.

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Consulta al respecto, Mariana Alegre lamentó que el parlamentario haya decido no citar la fuente y la autoría como corresponde. Aún así, saludó que los congresistas usen evidencia para sustentar sus propuestas como es el caso del informe que elaboró en el 2016, el cual fue preparado justamente para contribuir al diseño de mejores políticas públicas.

“Más allá de esto [la copia] me preocupa mucho que haya utilizado un informe en el que las recomendaciones de política no incluyen en ningún caso la formalización del taxi colectivo. Medida que es muy dañina para la ciudad y va en contra de los objetivos que se buscan alcanzar: cómo mejorar el sistema de transporte integralmente, disminuir víctimas de siniestros viales y gestionar adecuadamente los flujos viales. Invito a que lean el Documento de Política completo para revisar la información y las recomendaciones que se plantean”, añadió a El Comercio.

Este Diario se comunicó con el congresista Montalvo; sin embargo, por problemas de señal pidió responder nuestras consultas sobre la autoría del documento durante la noche.

Lo que propone el parlamentario es modificar la sexta disposición complementaria de la Ley N° 31096, norma aprobada por insistencia en diciembre del 2020, durante el anterior Congreso, para formalizar el transporte terrestre de pasajeros en autos colectivos a nivel nacional, a excepción de Lima Metropolitana y el Callao.

Con la modificadora propuesta, este servicio se autorizaría para automóviles tipo M1, de carrocería seda y station wagon, y los M2, aquellos de más de ocho asientos, “sin distinción alguna” en Lima y Callao.

La promesa de formalización no es nueva. Los últimos intentos tienen antecedentes cercanos en noviembre del 2021 cuando el entonces ministro del Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se reunió gremios cuestionados cuya agenda incluye desde amnistía de papeletas, reducción de requisitos para revalidación de brevetes y formalización del colectivo también en Lima. En esa reunión también se pactó la salida de la entonces jefa de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y cambios en la ATU. Lo último, en otro contexto político, se concretó a inicios del año cuando el MTC publicó decreto supremo Nº 007-2023-MTC que incluye la “pérdida de confianza” como causal de vacancia para la presidencia de la ATU.