Cada día los buses de los corredores complementarios se someten a una competencia desleal contra los autos colectivos en rutas que, de acuerdo al contrato de concesión, deberían ser exclusivas para ellos y no albergar ningún tipo de servicio informal.
LEE TAMBIÉN: A 5 años de creación de la ATU la informalidad y el caos se imponen por completo en las vías de Lima
Asimismo, pese al desorden y el caos en el transporte al que contribuyen en gran medida los autos colectivos, en los últimos días se han originado dos iniciativas tanto en el Congreso como en la Municipalidad de Lima que buscarían prolongar el tiempo de vida de estos vehículos.
El último viernes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció el inicio del empadronamiento de colectiveros que circulan por las vías de la capital, a cargo de la Policía Nacional. En una primera etapa, agregó, esta acción se llevará a cabo en la avenida Arequipa.
“Lo que estamos haciendo es empadronar, hacer intervención en toda la avenida Arequipa para empezar, para saber quién realmente es un chofer y quién un asaltante”, indicó.
El burgomaestre explicó que la medida tomada por la Municipalidad de Lima responde a la suspensión temporal de las rutas 101 y 107 del corredor amarillo, que originará que miles de usuarios opten por abordar colectivos. “No es mi culpa (que empadronar a colectiveros sea peligroso). Yo estoy reaccionando a un problema que es de la ATU”, expresó.
En tanto, el congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para formalizar el servicio de autos colectivos en Lima Metropolitana y el Callao. Se trata de la iniciativa legislativa N° 04909/2022-CR.
La propuesta, suscrita también por otros parlamentarios de la misma bancada, busca modificar la sexta disposición complementaria de la Ley N° 31096, norma que precisa los alcances de la Ley N° 28972, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a nivel nacional, a excepción de Lima Metropolitana y el Callao.
En ese sentido, con dicha iniciativa se propone que los transportistas de las unidades de clasificación vehicular M1 y M2 sean autorizados para brindar el servicio de colectivo sin distinción alguna, es decir, incluyendo Lima y Callao.
Reacciones de corredores
Sobre el empadronamiento a colectiveros en la avenida Arequipa, Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora del corredor azul, dijo a El Comercio que entiende que el propósito de esta medida sería conocer la magnitud del problema para luego tomar acciones más concretas en contra de este servicio.
“Nosotros creemos que el alcalde va a actuar dentro de los cauces legales y del contrato de concesión. No creo que bajo ningún concepto se quiera avalar la informalidad. Puedo imaginar que al terminar el empadronamiento sabrá la cantidad de colectivos, cuántos tienen SOAT, qué números de fiscalizadores necesitarán, dimensión de los depósitos, etc.”, señaló.
LEER TAMBIÉN: Taxis colectivos en la Av. Arequipa: así operaban las mafias de transportistas que ahora podrían empadronarse | VIDEO
Respecto a la iniciativa legislativa de parlamentarios de Perú Libre para formalizar taxis colectivos en Lima y Callao, Morán consideró que es un “despropósito” y que no cuenta si quiera con algún fundamento técnico que lo avale, pues aumentaría tremendamente la cantidad de carros en las vías y reduciría el tiempo de viaje de los usuarios. Asimismo, la catalogó de una propuesta “populista”.
“En un bus caben 80 usuarios. Es decir, lo que entrarían en 20 colectivos. Serían 20 motores, el ruido del claxon, contaminación ambiental y sonora, el uso de la vía, sería algo brutal, antitécnico y trágico para la ciudad. Son proyectos antojadizos, populistas, de parte de ciertos grupos parlamentarios salen a la luz cada cierto tiempo”, dijo.
Por su parte, Morán dijo que viene conversando con Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para ver la posibilidad de mejorar el contrato de concesión, el cual define al servicio del corredor como autosostenible, pues las ganancias son solo del pago de pasajes.
“Nosotros llevábamos más de medio millón de pasajeros antes de la pandemia. Hoy no llegamos ni a 370 mil. Es un golpe del 35 % de la demanda. Tiene que haber cambios estructurales en el contrato que permitan la continuidad del servicio. Estamos trabajando con ATU para poder llegar a buen puerto y presentarlo una propuesta al MEF”, agregó.
Por su parte, Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del corredor morado, calificó de “lamentable” el empadronamiento de colectivos iniciado por la Municipalidad de Lima, pues dijo que es un accionar que contraviene la idea de implementar un sistema integrado de transporte ordenado y masivo.
“Lo único que va a originar es mayor congestionamiento en las vías. Tenemos pistas y paraderos en mal estado en las vías de los corredores. El alcalde debería preocuparse más por reparar estas vías metropolitanas, que sí es de su competencia, en vez de regularizar a informales” expresó.
Además, Hermoza dijo sentirse asombrado, y preocupado a la vez, pues refiere que en el equipo de regidores del alcalde López Aliaga hay gente que ha trabajado en Protransporte y conocen del tema de contratos con los corredores. “¿Cómo es posible que quieran contravenir los contratos sabiendo que no se puede?”, dijo.
“No ha implementado una fiscalización electrónica, reparado vías, paraderos. Es decir, ni siquiera hace su trabajo principal (el municipio de Lima) y encima desconoce que no tiene competencias en el tema de transporte”, detalló.
En tanto, sostuvo que la iniciativa legislativa presentada en el Congreso no tendría validez, pues recordó una vez más que de acuerdo al contrato de concesión los corredores son los únicos que pueden prestar servicio en las avenidas licitadas.
“Se estaría contraviniendo el contrato. Esa ley no podría ser aprobada, no pueden crearse leyes que afecten los contratos de concesión, ya que estos son considerados ley. En caso se apruebe esta ley nosotros vamos a iniciar las denuncias y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional”, añadió.
Expertos opinan
Patricia Alata, directora técnica de ‘Lima Cómo Vamos’, indicó a este Diario que si se quiere fortalecer el trabajo que están realizando los corredores se tendría que apostar por el aumento de la flota, su renovación, y eso de ninguna forma va de la mano con el empadronamiento de los colectivos ni su formalización. Agregó que esta medida no representa ningún beneficio para los buses ni los usuarios.
“No es el camino. El camino es fortalecer el sistema integrado de transporte. Buscar que el servicio de colectivo se convierta en un sistema formal y efectivo solamente debilita al sistema de corredores. Además de que sabemos que no brinda ningún tipo de seguridad a los pasajeros, estos carros no tienen ni el SOAT, no se sabe si los choferes tienen antecedentes, cuál es la calidad de los vehículos”, señaló.
Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, resaltó que el servicio de autos colectivos no solo es informal, sino que también es ilegal, ya que no cuenta con ninguna norma que lo respalde. En esa línea, criticó el empadronamiento de colectiveros iniciado por la Municipalidad de Lima y el pretender inmiscuirse en temas que no le corresponde, como es el de transporte.
LEER TAMBIÉN: Corredores complementarios, las rutas y los problemas que afronta cada uno: ¿podrían suspender sus operaciones?
“Yo no sé por qué toma esta iniciativa la Municipalidad de Lima pues el transporte no es su competencia, su competencia es el tránsito. En Luz Ámbar nos parece sumamente preocupante este asunto, ya que se trata de un servicio ilegal al que se busca formalizar desde hace tiempo”, indicó.
En cuanto a la iniciativa originada en el Congreso, el experto consideró que “es una lástima” que un grupo de congresistas suscriban un documento que es absolutamente irracional, antitécnico e ilegal.
“Como siempre los congresistas tratan de sacar partido de estos problemas sin medir ninguna consecuencia. Esa iniciativa es ilegal porque colisiona con la Constitución, la Ley General de Tránsito y Transporte y obviamente con el sentido común”, puntualizó.
¿Cómo operan mafias de colectiveros?
Hace poco más de dos años, El Comercio reveló la existencia de mafias de extorsión y cupos de taxis colectivos a lo largo de la avenida Arequipa, donde circula el corredor azul, y cuál era su forma de operar.
Estas redes utilizaban stickers o algún tipo de adhesivo que eran pegados en la luna u otra parte del auto colectivo a fin de otorgarle una determinada ruta (zona de operaciones) al vehículo y también protección en caso sea intervenido por fiscalizadores de la ATU. Para ello, los conductores debían parar entre 150 a 200 soles mensuales.
Con ayuda de fiscalizadores, en aquella ocasión se pudo grabar como un grupo de 20 sujetos que operaban como ‘chalecos’ aparecieron súbitamente y rodearon un vehículo que apenas minutos antes había sido intervenido por inspectores. Estas personas intentaron evitar a toda costa que se lleven el vehículo al depósito.
Lo primero que hacen es desinflar las llantas de la grúa para evitar que se lleve el carro. Luego permanecen al lado del auto colectivo durante horas, si es necesario, para confundir e impedir la intervención. Este sujeto pagó un cupo a estos extorsionadores, según el funcionario municipal. Tenía un sticker.
Según comentó Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora del corredor azul, estas mafias aún operan bajo la misma modalidad, al menos en la ruta que comprende este corredor.
Asimismo, señaló que a los autos colectivos que pagan cupos no solo se les asigna determinados stickers para ser distinguidos, sino que reciben indicaciones de colocar franelas (de preferencia de color rojo) en alguna parte de la carrocería y que sean visibles desde fuera.
Vale decir que la ATU también ha referido en varias ocasiones que en las rutas correspondientes a los corredores operan mafias que brindarían protección a estos vehículos, factor que dificulta los operativos de fiscalización, pues personal de la entidad ha recibido golpes y amenazas por parte de grupos de sujetos que impiden su labor.