Frente a la adopción de la Ley N. ° 32330, que disminuye la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años en Perú, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en el país (Unicef Perú, UNFPA Perú y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) difundieron un comunicado conjunto manifestando su inquietud y pidiendo al gobierno peruano que respete los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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En el mensaje, las organizaciones enfatizan que esta convención, que el Perú ha ratificado, reconoce a los niños y adolescentes como portadores de derechos humanos y establece que los países deben proporcionar una respuesta penal adaptada para los jóvenes. Esto implica leyes, procesos y entidades especializadas que tomen en cuenta su desarrollo físico y psicosocial, así como la necesidad de mantener a los menores separados de los adultos si se encuentran privados de libertad.
Las entidades firmantes destacan que el 98% de los delitos en el país son perpetrados por adultos, por lo que consideran que la medida recientemente implementada no hará una mejora significativa en la seguridad pública. En lugar de ello, advierten que someter a los jóvenes a un sistema penal para adultos podría incrementar su participación en actividades delictivas, complicando su rehabilitación y reintegración social.
“Compartimos la preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana y nos solidarizamos con la sociedad peruana en su conjunto y en especial con las familias afectadas por la violencia”, señalaron las agencias.
“Sin embargo, los estados parte de la convención deben cumplir ese objetivo con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil”, agregaron.
Asimismo, recordaron que el Perú dispone de normativas como la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, que tiene como objetivo prevenir la delincuencia juvenil, fortalecer la justicia penal juvenil y asegurar la reintegración social.
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Por ende, las agencias de la ONU exhortan a los poderes del Estado a considerar la anulación de la Ley N°32330 y a proporcionar los recursos necesarios al sistema de justicia penal juvenil como una reacción más efectiva y humana ante los desafíos de seguridad. También ofrecieron su apoyo técnico para trabajar de manera conjunta en soluciones sostenibles que respeten los derechos de los adolescentes y contribuyan a una sociedad más segura y justa.
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