A lo largo de la reciente campaña electoral, Donald Trump despotricó contra los inmigrantes ilegales en Estados Unidos y prometió “la mayor deportación de la historia”. Es una retórica repetida en la que acusa a los indocumentados, que en el 2022 alcanzaban la cifra de 11 millones, de “envenenar la sangre del país” y los tacha de “terroristas”, “violadores” o “animales” salidos de “cárceles y manicomios” para tomar los pueblos y ciudades del territorio. “Estados Unidos es ahora un país ocupado”, aseveró el hoy presidente electo en un mitin en Georgia. “Pero el 5 de noviembre de 2024 será un día de liberación”.
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Ahora que las urnas le han dado a Trump el mandato, cabe preguntarse cómo podrá cumplir esta promesa, así como qué consecuencias podría tener para el país y el resto del mundo si las lleva a cabo.
¿De qué magnitud y qué frenos hay?
Es imposible predecir el futuro, sobre todo para un político tan poco convencional como Donald Trump, pero para María Puerta Riera, profesora de Ciencia Política en el Valencia College (Orlando, Florida), no hay duda de que el político republicano buscará hacer cumplir su palabra.
“Hoy su portavoz, en las primeras declaraciones que dio como representante del presidente electo, dijo que Trump va a iniciar el proceso de deportación masiva el primer día de su presidencia, el 20 de enero del 2025″, señaló la experta en Ciencias Políticas en diálogo con Francisco Sanz y Milagros Asto en una transmisión en vivo del programa “El mundo ahora” de El Comercio. “Creo que los que vivimos la política de separación de niños en la frontera sabemos que no solamente lo está diciendo, lo va a hacer”.
Donald Trump se impuso frente a su rival demócrata Kamala Harris. (Foto de Ryan M. Kelly / AFP).
/ RYAN M. KELLYOtros expertos consultados por este Diario parecen compartir esta opinión, aunque difieren en la magnitud que Trump podría alcanzar con la política de deportaciones. El director de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), Juan Negri, considera que el gobernante electo no va a poder ejecutar una ley de inmigración por falta de votos, aunque podría intentar llevar a cabo su promesa mediante órdenes ejecutivas.
“En el caso de las deportaciones masivas, podría encontrar un freno en los tribunales, así que es probable que las expulsiones masivas no se lleven a tan gran escala, no porque no quiera, sino porque va a encontrar varios obstáculos judiciales y logísticos”, aclara.
Mientras tanto, Nicolás Terradas, profesor en la carrera de Relaciones Internacionales de la PUCP, señala que si bien durante su primer gobierno Donald Trump dejó una serie de promesas incumplidas o solo nominalmente completadas – siendo su muro en la frontera el mejor ejemplo -, esto se debió no a falta de voluntad política, sino a inexperiencia con los mecanismos de Washington, un problema con el que ya no carga en la actualidad.
“Ahora tenemos a un Trump 2.0, una versión reactivada que tiene todos los indicios de estar rodeado por un equipo un poco más capaz”, considera el catedrático. “Mi previsión es que, si las cosas van mal para su gobierno, va a apuntar a cumplir promesas como la de la deportación masiva para distraer la atención”.
Es un juicio similar al expresado por Octavio Pescador, profesor de UCLA y colaborador de CNN en Español, quien apunta que si bien es difícil saber qué tan masivas serán las deportaciones durante la próxima administración, lo más probable es que haya acciones muy visibles y mediáticas, a manera de maximizar la inversión del gobierno en tiempo, esfuerzo y dinero. “No vas a mandar a cinco patrullas de ICE para detener a tres personas”, señala. “Lo que se quiere es que se vea a gran escala la eficiencia del programa.”
Migrantes colombianos, con las manos y los pies esposados, hacen fila para subir a un avión en el aeropuerto Albrook Gelabert de la ciudad de Panamá el 20 de agosto de 2024, durante su deportación. Durante su campaña, Trump prometió una deportación masiva de los migrantes indocumentados en los Estados Unidos.
¿Cómo serían las deportaciones?
En este aspecto, Pescador estima que hay tres grupos de migrantes ilegales a los que podría apuntar por su relativa facilidad para ubicarlos. “Se especula que como el argumento de Trump es que muchos de los inmigrantes son criminales y en las cárceles estadounidenses hay indocumentados, deportarlos sería una forma fácil para su administración de cumplir su promesa”, considera. “Una segunda opción sería realizar redadas en ciertas industrias en las que se sabe que se contrata a inmigrantes indocumentados, aunque esa estrategia sería más complicada porque afecta a la economía del país. Y la tercera opción es algo que mencionó durante su campaña, donde habló de grupos de inmigrantes y solicitantes de asilo que se habían apoderado de complejos de departamentos y estaban molestando a los vecinos”.
“Para ellos, lo más factible o rentable es lo más visible, lo que les va a generar dividendos mediáticos y si tu ves a 200 o 300 personas siendo transportadas en camiones y aviones puedes tener la impresión de que se está haciendo algo a nivel nacional”, agrega Pescador. “No van a ser 20 millones, puede que sean 100.000 o 200.000 los indocumentados que estén en esa condición en las cárceles, pero en cuanto hagas una movilización bastante visible en lugares estratégicos – por ejemplo, aquellos donde la población está muy inconforme-, ahí se va a poder redituar esas movilizaciones.”
Lo cierto es que cualquier esfuerzo de Trump se verá empoderado por el casi completo control de todas las ramas del gobierno por sus aliados republicanos, ya que no solo acaban de capturar el Senado después de dominar la Cámara Baja durante años, sino que también posee una mayoría afín en la Corte Suprema, quitando de lado a casi todos los posibles obstáculos para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas.
Para Terradas, un incidente que puede servir como adelanto de una política de deportaciones masivas fue la orden dictada en enero de 2017, durante su primer mandato, cuando Trump prohibió el ingreso de ciudadanos de siete países musulmanes, un acto que si bien fue bloqueado inmediatamente a través de recursos de amparo, al final la Corte Suprema tomó una decisión a favor del entonces mandatario. Siguiendo un camino similar, el caso de las deportaciones masivas podría comenzar por etapas, primero como una simple declaración o un decreto ejecutivo que escalará a nivel jurídico con recursos de amparo, y luego con una segunda etapa que suponga una oleada de legislaciones migratorias que tenga luz verde del Congreso.
“La agenda conservadora me parece que va a ser lo más rápido que pueda”, opina el catedrático de la PUCP. “Entonces en un plazo de un año y medio podrían pasar una ley, mientras que ya hemos visto que la Corte Suprema va a respaldar lo que el presidente decida”.
Ejemplo de ello son los repetidos llamados de Trump durante su campaña electoral de utilizar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a los inmigrantes ilegales, una norma nacida para enfrentar casos de espionaje sin necesidad de realizar el debido proceso legal y que fue utilizada por el presidente Franklin D. Roosevelt para confinar en campos de internamientos a familias enteras de ciudadanos o inmigrantes de origen alemán, japonés e italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Su uso como mecanismo migratorio es inédito, pero en opinión de Terradas forma parte de los giros que los miembros de la nueva administración podrían realizar para dar una pátina de legalidad a sus decisiones.
Un costo muy alto
En caso de que se lleven a cabo las deportaciones masivas, ¿qué costo podría tener? Un reporte publicado en octubre por la ONG Consejo Americano de Inmigración calculó que una deportación masiva de la magnitud que promete Donald Trump le costaría al gobierno estadounidense US$315.000 millones, un monto que toma en cuenta no solo a los 11 millones de migrantes ilegales que estaban en el país en 2022, sino también a los 2,3 millones que el Departamento de Seguridad Nacional reportó que cruzaron la frontera entre enero del 2023 y abril del 2024. Es una cifra que consideran “altamente conservadora”, ya que no cuenta con la carencia de capacidades institucionales para capturar, retener y sacar del país tan alto número de personas en un periodo tan corto de tiempo.
Mientras tanto, una política más pausada como la presentada por el vicepresidente electo JD Vance, que aumenta el ritmo actual de deportaciones cada año a un millón de personas (el doble que el récord histórico), tendría un costo todavía mayor a largo plazo, elevándose el costo anual a US$88 mil millones y el total a US$968 mil millones en un periodo de poco más de una década, los que se gastarían para aumentar masivamente el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como los centros de detención y los tribunales migratorios.
Pero ninguno de estos dos estimados cuenta el verdadero precio de la promesa de Trump, que radica en que estos inmigrantes ilegales se han convertido en parte crucial en la sociedad y la economía estadounidenses, particularmente en industrias como las de la construcción y de alimentos, por lo que la nueva administración tendrá que ser bastante selectiva al aplicar una política de deportación masiva.
“No quieres dejar a una industria que tiene un 40% de mano de obra de carácter indocumentado sin reemplazo”, advierte Octavio Pescador. “Hace unos 15 años algunos estados del noreste del país implementaron políticas públicas que restringían la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados tuvieran negocios o asistieran a la escuela y ello provocó la caída de las economías de estas comunidades, puesto que los llamados ilegales contribuían al desarrollo económico local”.
La comunidad haitiana de Springfield, Ohio, fue uno de los focos de atención de los ataques de la campaña de Donald Trump en materia migratoria. (Photo by REBECCA NOBLE / AFP)
/ REBECCA NOBLE / AFPEs una situación que recuerda a la localidad de Springfield, Ohio, que estuvo en el ojo del huracán durante la campaña electoral luego de que Donald Trump repitiera rumores infundados de que los inmigrantes haitianos que vivían ahí se estaban comiendo a las mascotas de los locales, lo cual fue desmentido por la misma administración de la ciudad de 60 mil habitantes, un tercio de los cuales proviene de la isla caribeña.
“Las autoridades saben lo que representan en términos económicos, fueron ellos los que los invitaron porque no tenían mano de obra en muchos lugares”, cuenta Pescador. “Y sí, esto genera resentimiento por parte de algunos residentes locales, pero eso es lo complejo del asunto, que no puedes tener contentos tanto a los que necesitan a los trabajadores como a aquellos que no los quieren en su comunidad. Entonces lo que buscas como político, seas demócrata o republicans, es maximizar el número de personas que están por lo menos no enojadas y expresándote en tu contra”.
Las deportaciones masivas no solo tendrían consecuencias internas dentro de Estados Unidos, sino también en su relación con los vecinos de la región, en particular México como el país más cercano.
“Si realmente estas deportaciones masivas tienen lugar, van a marcar de manera fundamental la relación bilateral entre Trump y los países latinoamericanos, como ya ocurrió con El Salvador en los años 80 con la Mara Salvatrucha -banda criminal con origen en Los Ángeles que se extendió por Centroamérica con la deportación de sus miembros-”, anota Juan Negri. “En muchos casos, los países latinoamericanos no están preparados para absorber a estas poblaciones, que suelen ser flujos muy disruptivos con comunidades muy empobrecidas, y esas crisis podrían ser un elemento que complique la relación entre Trump y América Latina. Pero todo eso depende de si Trump puede llevar a cabo esta política.”
