

El equipo del magnate Elon Musk, quien por encargo del presidente Donald Trump tiene la misión de reducir el gobierno de Estados Unidos, ahora también está enfocado en diseñar un sistema para que el país venda las anunciadas visas doradas de 5 millones de dólares, y promover así la llegada de migrantes adinerados.
El diario The New York Times informó que ingenieros asociados al equipo de Musk han estado colaborando con personal del departamento de Estado, el departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para crear un sitio web y el proceso de solicitud de la visa dorada.
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De acuerdo con el NYT, el proyecto representa una especie de cambio en la misión del equipo de Musk, el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cuya tarea es recortar los costos del gobierno, para dedicarse a un nuevo objetivo que genere ingresos a Estados Unidos.

Marko Elez y Edward Coristine, del DOGE, dirigen el proyecto de la tarjeta dorada y llevan trabajando en él al menos desde el mes pasado, informó el NYT.
Sobre Elez, el NYT dijo que es un extrabajador de SpaceX vinculado a una cuenta anónima de la red social X donde hacía comentarios racistas. Mientras que Coristine es un ingeniero que fue despedido de una empresa por filtrar datos confidenciales.
Joe Gebbia, multimillonario cofundador de Airbnb, también participa en el proyecto.
Los tres ingenieros han estado en coordinación con otras agencias para ver el modo de “acelerar el proceso de cribado de inmigrantes típico, que requiere entrevistas y revisiones de antecedentes, y obtener aprobación de residencia para solicitantes de alto patrimonio neto en un plazo de dos semanas”, indicó el diario. El proceso normal podría llevar años.

A inicos de abril, Trump mostró una tarjeta plastificada dorada que llevaba su rostro, la Estatua de la Libertad y un águila calva. Dijo a los periodistas que saldría en “menos de dos semanas”.
Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo secundó y manifestó que Musk está creando el software “ahora mismo”.
El jueves de la semana pasada, Lutnick actualizó el cronograma y anunció que la tarjeta dorada estaría lista “en una semana y media”.
“La gente rica vendrá a nuestro país"
A fines de febrero, Trump anunció que Estados Unidos venderá una tarjeta de oro a extranjeros adinerados por un pago de 5 millones de dólares.
Dijo que los que la compren tendrán el derecho a la residencia permanente y se les abrirá un camino hacia la ciudadanía.
“La gente rica vendrá a nuestro país comprando esta tarjeta. Serán ricos y tendrán éxito, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente. Creemos que será un gran éxito y que nunca se ha hecho nada parecido”, sostuvo Trump.
También habló de la posibilidad de que el gobierno federal pueda vender 10 millones de tarjetas de oro para reducir el déficit. “Podría ser grandioso, tal vez sea fantástico”.
Según medios locales, a diferencia de los ciudadanos estadounidenses, los titulares de la visa de oro estarían exentos de pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos en el extranjero.
Reemplaza a la visa EB-5
Esta visa de oro sustituirá al Programa de Inmigración para Inversores EB-5, que permite a inversores extranjeros, junto con sus esposas e hijos menores de 21 años, obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
La EB-5 fue creada por el Congreso en 1992 para otorgar green cards a inmigrantes que realicen inversiones de 1,8 millones de dólares en zonas de alto empleo, y de 900.000 dólares en el ámbito rural, según el sitio web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Además, los beneficiarios deben crear o conservar 10 empleos permanentes para trabajadores estadounidenses calificados.
USCIS detalla que el capital incluye dinero en efectivo, equipo, inventario u otros bienes tangibles, así como equivalentes en efectivo y deudas respaldadas por los activos del empresario extranjero.
Según el Anuario de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, unas 8.000 personas obtuvieron visas de inversionista en el período de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre del 2022.
El programa también ha recibido críticas en el Congreso de Estados Unidos, donde se advirtió que se había desviado de sus objetivos y necesitaba ser reformado. Además, planteaba riesgos de fraude, incluida la posibilidad de que no se pueda verificar que los fondos de los inversionistas se obtuvieron legalmente.
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