El 8 de enero del 2023, miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron el palacio presidencial, y las sedes del Congreso y la Corte Suprema, en un intento fallido por sacar a Luis Inácio Lula da Silva del poder. Más de un año después de la asonada golpista que dio la vuelta al mundo, la justicia de ese país le sigue el rastro a más de 100 condenados e imputados que se encuentran prófugos, decenas de ellos en Argentina.
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La semana pasada, la Policía Federal (PF) de Brasil fue tras los pasos de más de 200 prófugos como parte del megaoperativo “Lesa Patria”, que investiga el fallido golpe. Más de 100 no pudieron ser localizados, y parte de ellos se encuentran en la Argentina, de acuerdo con las autoridades brasileñas.
El diario argentino “La Nación” detalla que cerca de 60 fugitivos ya han sido identificados en suelo argentino por la PF, que incluirá sus nombres en la lista de buscados de la Ameripol, la comunidad de policías de América. La fuerza policial brasileña ya adelantó que solicitará su extradición, en coordinación con la cancillería y la corte suprema.
Según las autoridades, los fugitivos son personas que incumplieron sus medidas cautelares judiciales al retirarse las tobilleras electrónicas, cambiar de domicilio sin comunicación o no comparecer ante la justicia en los plazos asignados.
El caso tiene el potencial de ser un nuevo foco de tensión entre Brasil y Argentina, cuyos gobiernos están en las antípodas ideológicas. Las alarmas se encendieron luego de que medios brasileños reportaron que algunos de los 60 fugitivos que están en Argentina habrían pedido “asilo político” al presidente liberal Javier Milei, aliado político de Bolsonaro.
Por lo pronto, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha negado tener conocimiento de la presencia de prófugos en suelo argentino, y dijo que el hecho se mantiene como una “propaganda” del gobierno brasileño.
Con un tono más calmado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró el lunes que Argentina “va a hacer todo lo que la ley indique hacer” en relación con este caso. “Por anticipado uno no puede tomar absolutamente ninguna determinación más que apegarnos específicamente a lo que marca la ley” y “las cuestiones internacionales en materia de seguridad”, afirmó el lunes ante la prensa.
Afinidad con Milei
La atención está puesta ahora en la postura del gobierno de Milei ante este caso, especialmente si se concretan los pedidos de extradición.
Milei no ocultó en el pasado su animadversión por Lula da Silva y dijo que era un “comunista con el que no negociaría”. Hace un año describió al brasileño como un “zurdo salvaje apoyando dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre”. Si bien ha moderado esa postura, la relación se ha mantenido distante.
Lula decidió no acudir a la investidura de Milei, celebrada el pasado diciembre. Quien sí acudió fue Bolsonaro, con quien el libertario argentino mantiene una estrecha relación.
La agencia Efe recuerda que el pasado 1 de junio, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, participó en un evento en el Parlamento argentino organizado por una diputada de la formación oficialista La Libertad Avanza durante el cual hubo un pronunciamiento a favor de los brasileños “perseguidos” y se dijo que “no son delincuentes”.
Daniela Neves, doctora en Ciencia Política y especialista en elecciones en Brasil, afirma que la afinidad de los seguidores de Bolsonaro por Milei viene de las actitudes del presidenta argentino, que son muy parecidas a las de Bolsonaro como mandatario.
“Ambos tienen un discurso populista, no muestran preocupación por la diplomacia y quieren ser vistos como “outsiders” de la política tradicional, además de hacer con frecuencia declaraciones polémicas y generadoras de conflictos. Por ello, ven a Milei como una alternativa a la extrema derecha latinoamericana, que ya existía en Brasil”, dice a El Comercio.
Según “La Nación”, la policía de Brasil identificó que parte de los prófugos ya pidió refugio al gobierno de Milei.
Una prueba para la relación presidencial
Es claro que el impacto de este caso en la relación entre Lula y Milei dependerá de la posición que tome el gobierno argentino.
“Existe la posibilidad de que el gobierno de Milei conceda asilo político a los prófugos, o que no proceda con sus pedidos de extradición, lo que ciertamente creará bochorno entre los dos gobiernos porque es una clara afirmación del gobierno argentino de que existe una persecución política y jurídica al grupo de simpatizantes de Bolsonaro”, dice Neves.
Para Lula da Silva, el destino de los fugitivos y de las sanciones por el fallido golpe es un tema crucial. Su gobierno lo ha demostrado apoyando todas las investigaciones y procesos judiciales sobre el ataque que puso en riesgo la democracia en Brasil.
“Para el gobierno y para los demás poderes que fueron atacados el 8 de enero, el castigo de los crímenes es importante para reafirmar que Brasil vive en democracia y en un Estado de Derecho, en el que el respeto a las instituciones y a las decisiones tomadas en las elecciones debe permanecer”, explica Neves.
Añade que las escenas de la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado fueron un grave ataque a las instituciones del país, además de significar serios delitos previstos en la legislación brasileña.