Una corte de Trinidad y Tobago suspendió temporalmente la deportación de una veintena de migrantes venezolanos, entre ellos 16 menores, mientras se dirime la legalidad del proceso que ha sido cuestionado por diversas organizaciones, informó un abogado que participa en el caso.
Tras la polémica desatada el fin de semana por la devolución a Venezuela en una precaria embarcación del grupo de migrantes, quienes retornaron días después a la isla gracias a una medida judicial, un tribunal decidió la noche del miércoles que los venezolanos permanezcan en Trinidad y Tobago hasta que se resuelva sobre el proceso de deportación, dijo el abogado Julio Henríquez, coordinador internacional de la organización humanitaria venezolana Foro Penal, que está prestando apoyo para la protección de los 16 niños.
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Henríquez dijo a The Associated Press que la luego de la sentencia los adultos y menores fueron sacados de una estación de policía en el sur de Trinidad y Tobago y llevados a un refugio en mejores condiciones en la localidad de Chaguaramas.
El abogado informó que para la tarde del jueves fue convocada una nueva audiencia en una corte para decidir el tiempo de la cuarentena que cumplirán los migrantes y sobre una solicitud que hicieron algunos padres que viven en Trinidad y Tobago para que les entreguen a sus hijos que están detenidos.
El Foro Penal presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que se le dé una medida de protección al grupo de migrantes, precisó Henríquez. Asimismo algunos padres están tramitando ante ACNUR una solicitud para que se de protección internacional a los menores.
Activistas han dicho que el grupo está integrado por 29 personas, aunque la prensa local en Trinidad señaló el jueves que sólo estuvieron 26 en la audiencia judicial, incluidos 10 adultos, 15 menores y una bebé de cuatro meses.
Organizaciones como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno trinitario proteger a los niños y las personas que buscan refugio.
Desde Trinidad y Tobago, la activista Heide Diquez, integrante de la fundación TTV Solidarity Network, afirmó que las autoridades trinitarias han seguido procesos similares con otros migrantes venezolanos que son llevados a instalaciones para cumplir una cuarentena por el nuevo coronavirus y luego son deportados.
Diquez dijo a The Associated Press que la decisión de la corte puede ser “un paso para ganar tiempo, o simplemente organizar un traslado más organizado en conjunto con el régimen (de Venezuela)”, y agregó que pudiese haber una sentencia diferente en el caso de los niños, si se confirma que llegaron para reunirse con familiares que están legalmente en la isla.
Los migrantes llegaron por primera vez y sin autorización a Trinidad y Tobago el 17 de noviembre y fueron detenidos a su llegada. El 22 de noviembre se les regresó a Venezuela, y según activistas no se siguieron los protocolos adecuados de deportación. Luego de que una corte trinitaria ordenara revertir la devolución y su decisión se diera a conocer a través de medios locales, los migrantes volvieron, pero tras su segunda llegada se les retuvo nuevamente.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo el martes en conferencia de prensa que cualquier migrante ilegal que ingrese a la isla en el período actual es declarado “indeseable” inmediatamente después de arribar, y se le aplica lo que establecen las leyes para devolverlos.
El gobierno de Venezuela convocó el miércoles a una reunión con Trinidad y Tobago para evaluar asuntos de seguridad.
Sin hacer mención al incidente ocurrido con los migrantes, el canciller venezolano Jorge Arreaza señaló en su cuenta de Twitter que por instrucciones del mandatario Nicolás Maduro se llamó a un encuentro con las autoridades de Trinidad y Tobago para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico, pero no se precisó cuando se realizará el encuentro.
Las autoridades venezolanas no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre el caso.
A inicios de semana, la CIDH manifestó inquietud por el proceso que aplicó Trinidad y Tobago en el caso, y exhortó al gobierno de la isla a garantizar el ingreso a su territorio de venezolanos que buscan protección internacional por “razones humanitarias urgentes”, así como “respetar el principio de no devolución” previsto en convenios internacionales suscritos por la nación caribeña
De acuerdo a estimaciones de ACNUR, a Trinidad y Tobago han emigrado en los últimos años unos 35.000 venezolanos que huyen de la compleja crisis económica y social que azota a Venezuela.
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