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Durante la noche del 26 de setiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron dejando una herida abierta en México. Los jóvenes pertenecientes a la escuela para maestros rurales de Guerrero se dirigían a la Ciudad de México para ser parte de una manifestación por el 2 de octubre. A un mes de cumplirse 8 años de la matanza, la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia —creada para esclarecer la desaparición— presentó un informe que señala que este fue un “crimen de Estado”.
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El jueves 18 de agosto, la comisión presentó su informe donde avanza sus primeras conclusiones. El encargado de hacer público el documento fue el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, quien adelantó que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes desaparecidos aquella noche pueda estar vivo.
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“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, señaló Encinas durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles”, añadió el subsecretario de Derechos Humanos.
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El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, asiste a un informe sobre los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa por miembros de un equipo de expertos internacionales, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, México, 18 de agosto de 2022.
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¿Qué pasó con los 43 de Ayotzinapa?
Como se recuerda, tras la matanza de Iguala el Gobierno de Enrique Peña Nieto esbozó una polémica versión de los hechos ocurridos esa noche, la llamada “verdad histórica”. Según este enfoque, un grupo de policías corruptos habría detenido a los normalistas y los entregó al cártel Guerreros Unidos, el grupo que habría sido el encargado de asesinarlos e incinerarlos en el basurero de Coluca, para finalmente tirar los restos al río San Juan.
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Antecedentes
Amenazas, violencia y un dirigente muerto
El 3 de junio de 2013, se dio la desaparición y asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona. Este hecho motivó a los normalistas a movilizarse y tomar las oficinas del Ayuntamiento. Recibieron amenazas del alcalde y de algunos miembros de Guerreros Unidos. Posteriormente llegaron a tener un enfrentamientos por el uso de la plaza para el “trasiego de la droga”, precisa el informe.
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¿Por qué se movilizaban los estudiantes?
Represión
Cada 2 de octubre se realiza una marcha en conmemoración de los mártires de la matanza de Tlatelolco, en 1968. Esta excesiva represión fue llevada a cabo por los francotiradores del Batallón Olimpia contra las personas que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas.
En 2014, la Normal de Ayotzinapa iba a ser la sede que concentraría a las 16 delegaciones de las normales del país, para la movilización del 2 de octubre en la CDMX, para lo cual requerían camiones para su traslado. Según precisa el informe, "la toma de autobuses en Chilpancingo, Zumpango y Tierra Colorada fue impedida por las policías estatal y federal", lo cual significó un cambio de planes para los dirigentes. Esta conclusión desvirtúa la versión de la “verdad histórica” sobre el móvil del traslado de los estudiantes a Iguala.
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Todas las autoridades sabían
Omisión
Las autoridades realizaban un seguimiento de las actividades estudiantiles. Por ello tenían entre los alumnos que desaparecieron a un soldado infiltrado. Según el informe, las autoridades federales, estatales y municipales sabían de: la toma de camiones; el traslado de los estudiantes a Iguala; su llegada a la Central de Autobuses y sobre los hechos de persecución, violencia y desaparición. Por lo que han sido señalados como responsables por omisión.
Por su parte, el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha ocupado de desmentir dicha “versión oficial” del caso Ayotzinapa. Esto lo ha hecho de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual sostiene —en un informe propio publicado en 2015— que los cuerpos de los 43 desaparecidos no pudieron ser quemados en esa zona.
Dentro de un mes se cumplen 8 años de este crimen. Durante todo este tiempo se han ido encontrando algunos restos óseos pertenecientes a las 43 víctimas. No se halló ningún indicio de que alguno hubiera sobrevivido y con las palabras de Encinas, las familias de los desaparecidos empiezan a cerrar parte del ciclo —para concentrarse en la búsqueda de justicia y verdad—, informaron que se tomarán un tiempo para procesar el contenido del informe de 103 páginas y anexos, antes de emitir una respuesta conjunta.
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Las claves del informe sobre los 43 de Ayotzinapa
Tras la presentación del informe, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa:
No hay indicios de que estén vivos
Este jueves, uno de las declaraciones que resaltó fue la afirmación de Encinas sobre a seguridad de que “no hay indicios” de que alguno de los 43 estudiantes estuviera vivo. Esto se debe a que todos los testimonios y evidencias recabadas apuntan a que los normalistas fueron “arteramente ultimados y desaparecidos”.
“Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”, detalla el resumen del informe que fue expuesto por Encinas durante la conferencia de prensa.
Hechos alterados
Una de las primeras conclusiones que adelantó Encinas es “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes”. El subsecretario también los acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, señaló Encinas refiriéndose a los dirigentes, las fuerzas del ejército mexicano y policía.
Nunca estuvieron juntos
Coincidiendo con el informe realizado por el GIEI —donde se desmiente la posibilidad de que 43 cuerpos hayan sido quemados juntos esa noche— el informe de la Comisión de la Verdad señala que los estudiantes “nunca estuvieron juntos” a partir del momento en que se separan en la estación de Iguala.
Además, se concluye que no hubo comunicación entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos. La investigación también reveló que hubo intervención de la policía de Iguala, al momento del aseguramiento de los estudiantes.
El tráfico de heroína
Entre los datos que se ofrecieron durante la conferencia, resaltó también el resurgimiento de la hipótesis del tráfico de heroína que se realizaba en Guerrero, lo que puedo estar en ele epicentro del crimen.
El subsecretario explicó, según recoge AP, que aquella noche un autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes que habían y “nunca fue detenido”. Según mensajes interceptados a presuntos criminales posteriormente, ahí se encontraba “la mercancía”, la cual “es o droga o dinero”, precisó Encinas.
Esta hipótesis se investigaba desde 2016, la Policía Federal habría bajado a los estudiantes de uno de los autobuses que los jóvenes pretendían llevarse para la protesta, y escoltó ese vehículo hasta la salida de la ciudad, lo que levantó la sospecha de que el vehículo podía haber estado involucrado en el negocio del tráfico de heroína entre Iguala y Chicago y que los normalistas lo habrían tomado por error.
Julio César López : el soldado infiltrado
El grupo de los normalistas estaba infiltrado por un soldado, Julio César López Patolzin, quien trabajaba como informante para la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena). Él corrió con la misma suerte que los estudiantes, desapareció y los mandos militares no realizaron la búsqueda correspondiente pese a que solían tener información en tiempo real de su situación.
Sus tareas consistían en “informar lo que acontecía en las asambleas de la Normal y dar seguimiento movilizaciones de estudiantes”, esta información debía pasar a su mando inmediato el Teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería. Lo último que se supo de Julio César López, fue su informe del 26 de setiembre de 2014 alrededor de las 10:00 horas, luego de eso no se aplicó lo establecido en el “Protocolo para militares desaparecidos”.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin”, precisó Encinas como parte de las conclusiones del informe.
Tomás Zerón: el exfuncionario involucrado
Encinas también anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón —el más alto exfuncionario involucrado en el caso y actualmente prófugo en Israel— un acuerdo para que colabore con la justicia dando información que ayude a esclarecer los hechos de aquella fatídica noche en Iguala.
“El 16 y 17 de febrero de 2022 se llevó a cabo, en Tel Aviv, Israel, una entrevista con Tomás Zerón de Lucio”, detalló Encinas. Zerón —acusado de tortura y desaparición forzada, considerado el artífice del crimen en Ayotzinapa bajo la “versión oficial” del gobierno de Peña Nieto— no aceptó la oferta de forma inmediata, pero las autoridades mexicanas siguen en contacto con sus abogados.
