Perú es el país que mayor gasto destina a contener los efectos provocados por desastres naturales en América Latina, según un estudio de las Naciones Unidas; un ejemplo más de que en el Perú no faltan recursos, sino estrategia y metodología.
Poco nos puede sorprender del fenómeno de El Niño. Llega cada vez de manera más frecuente, y su capacidad para agarrarnos desprevenidos se ha ido mitigando con la sofisticación de la tecnología, que permite medir con exactitud cómo avanza la temperatura del mar, día a día. Y aunque nos va muy bien monitoreando dicho avance, fallamos siempre en la ejecución del plan de prevención y contención de la emergencia, situación que no viven países vecinos como Chile o Colombia.
Todo parece indicar que en setiembre tendremos mayor certeza del impacto del fenómeno, que se extendería con fuerza desde noviembre a inicios del 2027, una fecha clave dado el calendario electoral subnacional. Las elecciones se celebrarán en octubre y las nuevas autoridades ingresarán en enero próximo. Así, estamos pues en un momento de transición que conocemos bastante bien. Lamentablemente, las autoridades actuales no trabajan con la celeridad que exige el calendario, entre la ausencia de la gestión de riesgos y de la planificación territorial.
Dando por hecho que el nuevo gobierno considerará esta emergencia como una de sus primeras crisis a gestionar, es importante la agilidad, la precisión y la articulación con los sectores involucrados y el sector privado. Y es que, este fenómeno climático será una prueba política, social y económica: mostrará si el Estado es capaz de convertir gasto en gestión, y alerta temprana en acción oportuna. Por tanto, si este momento de transición se convierte en un laboratorio de errores previsibles, volverá a ser la confirmación de un país que gasta mucho para aprender muy poco. Pero, si este ciclo de transición sí se aprovecha, El Niño puede ser el punto de partida de una institucionalidad más seria frente al riesgo.
