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Mientras César Acuña se graba con jóvenes streamers, se ríe de sus metidas de pata y convierte sus mitines en shows itinerantes con cómicos invitados, hay otra función que transcurre fuera de cámaras. Su partido sigue promoviendo candidaturas al Congreso de personas que cargan investigaciones por presunta pertenencia a redes de corrupción. Britty López candidata a diputada, y Wilmer Benites, aspirante al Senado, son señalados de movilizar dinero ilícito vinculado al gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces (APP), hoy detenido por lavado de activos.
El Congreso no es un set de streaming ni una cabina para gamers. Es el lugar donde se redactan las reglas de nuestra democracia. Mandar allí a aspirantes bajo sombra fiscal tensiona la cuerda de la ética pública y esa cuerda ya es casi una hilacha. Acuña podría decir que no sabía y ofrecer alguna explicación a modo de trabalenguas, pero no es la primera vez que se le escapa la tortuga. En el 2021, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que Yeny Solidad Quispe Quiquijana, candidata de APP, había sido detenida un año antes por transportar casi 12 kilos de cocaína. En el 2016, Acuña defendía la presencia de Benicio Ríos, con proceso por colusión agravada, y de Edwin Donayre enjuiciado por apropiación y desvío de combustible en el célebre caso conocido como el “gasolinazo”. La política puede permitirse humor, pero lo que no debería permitirse es amnesia.
