El golpe fallido del 7 de diciembre del 2022 terminó con un gobierno de uñas largas y moral corta. El profesor no tenia clase, el lápiz no tenía punta y el sombrero tenía hueco. Para más señas de su desastre, el lema de “no más pobres en un país rico” se convirtió en un latiguillo de intenciones corruptas. El Castillo de Pedro se derrumbó y varios de Perú Libre podrían acabar presos.
Hace apenas unas horas el Poder Judicial ordenó el auto de enjuiciamiento por el caso del fallido golpe y emitió un documento en el que ordena que Castillo vaya a juicio, para determinar si su revuelta fue un delito y va 34 años preso. La resolución -a la que accedió El Comercio- fue firmada por el juez supremo Juan Carlos Checkley y no solo incluye a Castillo. Junto a él son acusados tres ministros al momento del golpe, para quienes se solicita 25 años: Betssy Chávez, presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, ministro del Interior; y Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo y actual congresista. También está Aníbal Torres, exjefe del Gabinete Ministerial y asesor principal de la PCM durante los hechos. Para él se piden 15 años como condena.
El grupo perulibrista que capturó el poder planteaba un quebrantamiento de la democracia, todo por TV y delante de 33 millones de peruanos que podrían ser testigos. Una ruptura improvisada que felizmente fue muestra de la ineficacia de su gobierno. No es un tema de derechas o de izquierdas, de caviares o fachos. Es un asunto de decencia. Y Castillo y sus socios no tenían ni un poquito.
Más sobre el próximo juicio a Castillo en la nota de Víctor Reyes, de la sección Política.