El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha logrado despertar los sentimientos primarios que algunas veces hacen que nos permitamos reacciones irracionales. El miedo es el principal de todos. El miedo al otro, a lo que no entendemos. El miedo como respuesta que lo permite todo.
Me cuesta entender a las personas que quieren para nuestro país gobiernos similares al salvadoreño para enfrentar los problemas estructurales del Perú. Mi sorpresa fue mayor al escuchar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señalar que hay cosas que imitar en materia de seguridad, cosas por las que el propio Nayib Bukele se ha llamado a sí mismo “dictador”, como una demostración más de que se siente por encima de cualquier forma de control que no sea la que proviene de su propia voluntad.
Bukele ha violentado la independencia de poderes, ha tomado decisiones a partir de su mayoría legislativa que han significado que el 30% del Poder Judicial en El Salvador haya sido cesado, con lo que ya imaginamos quién pondrá a ese nuevo 30%, sometiendo la justicia a sus decisiones en la búsqueda de esa impunidad tan soñada por todos los que se sienten por encima de la ley y la usan para sus fines, con medidas populistas que no tienen respuesta en el mediano y largo plazo, pero que terminan dando una aparente sensación de seguridad, sin darse cuenta de que las violaciones a los derechos humanos nos dañan a todos.
Que los regímenes autoritarios intenten cooptar el sistema de justicia no es algo nuevo; lo hacen a través de nombramientos temporales, controlando los sistemas de selección, nombramiento o ratificación de jueces y fiscales. Cuando se concentra el poder, los perjudicados son los ciudadanos. Por eso, el equilibrio de poderes es el fundamento del Estado de derecho.
Se equivoca, señor presidente del Poder Judicial. El camino de Bukele, como el de cualquier dictador de derecha o de izquierda, es el camino del abuso del poder, es el camino que rompe la ley que usted representa. No hay nada que copiarle a quien se considera por encima de la ley y usa el miedo de las personas que debe proteger para pretender un respaldo que terminará volcándose en su contra, lamentablemente, tarde.
El Poder Judicial tiene muchas tareas pendientes. Si bien no es encargado de la prevención, como sí lo es el Ejecutivo, que tendría que estar atacando causas y no consecuencias, sí es el responsable de procesar y sancionar. Para ello, debería trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), atender la carga procesal que existe y meter a la cárcel a quienes tienen que estar en ella.
Las declaraciones del presidente del Poder Judicial no son precisamente la guía y el equilibrio que un país como el nuestro necesita, con un Legislativo y un Ejecutivo deslegitimados, cuestionados y criticados. Esperemos que se trate solo de una declaración poco feliz que no se corresponda con la claridad en el rol del Poder Judicial, la base que soporta el Estado de derecho.
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