Al día siguiente, por Alfredo Thorne

A poco de la votación, muchos nos preguntamos: ¿Qué tan acertados son los planes de gobierno para enfrentar los problemas que se encontrarán? Al establecer una relación entre los objetivos de la agrupación política y cómo planean modificar la economía o los derechos de los ciudadanos, son un elemento clave para la gobernabilidad, le permiten al elector decidir la visión de país que más les conviene y seguir los hitos para su implementación.

En nuestro país la ausencia de partidos políticos estables induce a que los electores le den un mayor peso al candidato y menos al plan de gobierno. Ha habido abuso por parte de los candidatos y muchos planes se han convertido en simples promesas para atraer votos. Esto se ve más claramente en el contraste entre las promesas de los planes y lo que probablemente encuentren una vez llegado al gobierno.

Existen tres grandes problemas que los planes omiten, pero que el candidato ganador tendrá que enfrentar. Primero, el bajo crecimiento económico. Muchos proponen la creación de empleos temporales o el apoyo a las Mypes con dinero del gobierno, pero pocos atienden al hecho de que encontrarán una economía que sale de una de sus peores crisis desde los años 80 y en ausencia de nuevos motores de crecimiento. Los economistas anticipamos un rebote este año, pero se olvida decir que es el resultado de la fuerte recesión que experimentamos el año pasado y que pronto perderá ímpetu. Las fuentes tradicionales del crecimiento de largo plazo, como la alta tasa de inversión privada o la fuerza laboral altamente calificada y que contribuye con su alta productividad, han caído a sus peores niveles desde los años 80.

A quien le toque sentarse en el sillón presidencial tendrá que recrear nuevas fuentes de crecimiento. Se hace más necesario que nunca diseñar un plan de reactivación económica que use el poco impulso fiscal que queda para inducir una gran respuesta del sector privado, pero pocos lo plantean. Una señal de la necesidad de un impulso reactivador es la alta tasa de ahorro privado que ha llegado a su nivel más alto desde que hay registro. Desde la derecha se plantea destrabar los proyectos mineros, pero sin especificar cómo hacerlo; y desde la izquierda se plantean programas de gasto público de diverso tipo, pero sin decir cómo se financiarán.

El siguiente reto es la situación fiscal. Hemos pasado de ser un país que usó la estabilidad fiscal como ancla para lograr la estabilidad económica a uno en donde no hay certeza de cuál será el compromiso fiscal. En el pasado esa certeza se logró estableciendo metas fiscales de largo plazo, pero estas fueron suspendidas en el 2020. El año pasado el déficit fiscal llegó al 8,9% del PBI, el más alto desde los años 80 y se pudo financiar con los ahorros fiscales que se generaron desde esos años y la reputación de ser un país que mantenía unas finanzas públicas sanas, que permitía el acceso al mercado de bonos internacionales.

Pocos son los candidatos que han hecho una promesa de mantener esta estabilidad fiscal y muchos los que plantean mayores gastos, tanto desde la izquierda como desde la derecha. De hecho, solo un par de planes citan metas de endeudamiento público y muchos evitan discutir una necesaria reforma tributaria. Los que la mencionan piensan aumentar la recaudación en casi tres puntos del PBI, cuando las mejores reformas han logrado solo uno. Quien se siente en el sillón de Pizarro tendrá que establecer metas fiscales para evitar una reducción en la calificación crediticia y que los costos de intereses se disparen como sucedió en los años 80.

Finalmente, queda –lo que será el mayor reto– aumentar la eficiencia del Estado. Todos los días nos sorprendemos con un nuevo ejemplo del Estado disfuncional. Solo en un país con nuestro grado de desinstitucionalización se permite que el presidente y su entorno se vacunen sin que el resto del país se entere, que no podamos conseguir oxígeno o que nos tomemos un año para comprar tablets. Esta disfuncionalidad es aun más grave en términos de los permisos que requiere un empresario para constituir una empresa, o navegar por las miles de páginas de los distintos regímenes laborales y fiscales.

Pocos candidatos hablan de cómo aumentar su eficiencia. Algunos mencionan la necesidad de la profesionalización del servicio público extendiendo el régimen Servir, pero pocos quieren discutir las leyes laborales, el exceso de burocracia, el tiempo que cuesta destrabar un gran proyecto o lo que significará para el empleo gubernamental y su eficiencia la desaparición de los contratos temporales como el CAS.

Una vez le pregunté a un amigo asiático por qué sus países habían sido tan exitosos y me contestó “porque nos pasamos haciendo planes institucionales de largo plazo que se extienden por más de un gobierno y todos los cumplen”.