El último “Marco Macroeconómico Multianual” (MMM) publicado por este gobierno tiene una proyección al 2027. De una rápida lectura de las cifras correspondientes a “Gastos tributarios” (exoneraciones), vemos que al 2024 estas se proyectan sobre el 2,19% del PBI, que equivalen a S/23.266 millones. De este monto referido, el mayor volumen de exoneraciones se concentra en distintos rubros que benefician a la Amazonía y que, de acuerdo con el BCR, no muestra señales claras de haber logrado resultados importantes ni haber contribuido con la reducción de la pobreza en dicha zona del país.
Comento esto a propósito del reciente proyecto denominado “Nueva Ley de Industrias” (PL. 5892/2023), promovido por el congresista José Jeri(Somos Perú)y parte del sector empresarial, que pretende aprobar un marco de incentivos que fomente la reinversión, regímenes especiales de depreciación, fomento de inversiones alto andinas y amazónicas a través de exoneraciones de impuesto a la renta e IGV, tasas arancelarias de importaciones de bienes de capital, insumos y materias primas, entre otros, que beneficiarían a ocho sectores de la economía nacional. Asimismo, facultaría al MEF a suscribir con Cofide un fideicomiso para establecer un “fondo de desarrollo industrial” que colisionaría con la regulación del endeudamiento público y dejaría sin efecto la prohibición al Ejecutivo de otorgar garantías financieras a favor del sector privado. Además, generaría un trato privilegiado para las empresas que adquieran bienes nacionales de sectores estratégicos, lo que violaría la Constitución que otorga igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera y podría generar conflictos con los países con los que tenemos suscritos 22 tratados de libre comercio.
El proyecto requiere de una reflexión por parte de expertos de distintas áreas de la sociedad civil y del propio Estado, que garantice una discusión pública que tome en cuenta las posibles afectaciones a la caja fiscal o que se expongan pública y transparentemente las proyecciones económicas de aquellos beneficios que se esperaría lograr, teniendo en consideración que tanto los rezagos de la pandemia como la recesión económica que vivimos, han afectado a muchos sectores de la economía que no están incluidos en la norma en discusión. En esa línea, también es preciso llamar la atención sobre una necesaria y sincera reforma del sistema laboral que posibilite la formalización de más del 75% de trabajadores de la PEA nacional que hoy se encuentran sumidos en la informalidad, sin gozar de los derechos sociales reconocidos en la Constitución y que brilla por su ausencia en este proyecto de ley.
Lo que nuestro Estado debería procurar es un claro ambiente de confianza y seguridad jurídica, promoviendo con ello la llegada de capitales y flujos privados de inversión. ¿Qué nos hace pensar que no regresaremos también a la tentación de resucitar el dólar “MUC” para beneficiar a unos sectores por sobre otros? El Congreso no tiene competencia para crear ni aumentar gasto público, como tampoco para aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud expresa del Ejecutivo, y debería tener en cuenta que toda ley de índole tributario referido a beneficios o exoneraciones requiere obligatoriamente de un informe del MEF y que solo por ley expresa aprobada por dos tercios de los congresistas podría establecer selectiva y temporalmente tratamiento tributario especial para una determinada zona del país.
El cálculo de aumento de “exoneraciones” que traería esta iniciativa se especula que llegaría a más de S/15.000 millones anuales. Debatamos y reflexionemos con mucha seriedad.
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