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Jornada de ocho horas y El Comercio, por Héctor López Martínez

“Durante el segundo gobierno de José Pardo la llamada cuestión social se fue crispando cada vez con más vehemencia”.

Rodríguez

“Finalmente, el 16 de enero, el Gobierno expidió un decreto estableciendo obligatoriamente la jornada de ocho horas y el arbitraje laboral”. (Ilustración: Raúl Rodríguez)

Durante el segundo gobierno de José Pardo (1914-1918) la llamada cuestión social se fue crispando cada vez con más vehemencia e incluso violencia. Se multiplicaron las huelgas en todo el país. Además de aumento de salario, los obreros exigían, ya desde 1905, la jornada laboral de ocho horas, conquista por la que se luchaba en numerosos países del mundo.

A postrero de 1918 se inició en Lima una huelga de panaderos. Su pliego de reclamos era nutrido pero, en primer lugar, se pedía la jornada de ocho horas. El día 7 de enero de 1919 los obreros textiles de las fábricas El Inca, Vitarte, Victoria, San Jacinto y La Unión se plegaron a los panaderos exigiendo también las ocho horas al mismo tiempo que formaban un comité pro paro general.

El día 8 los huelguistas, que recibían el constante apoyo de otros gremios, hicieron llegar a El Comercio una larga exposición de motivos respaldando su decisión. En la parte final, decían: “La jornada de ocho horas no solo es aspiración de tejedores y panaderos, sino de todo el elemento trabajador que sufre en fábricas y talleres…”.

Estando así las cosas, el ministro de Gobierno ordenó la clausura del diario “El Tiempo”, dirigido por Pedro Ruiz Bravo. El Comercio, ideológicamente en las antípodas de ese medio, no dudó en protestar enérgicamente defendiendo la libertad de prensa. El día 13 el comité directivo de trabajadores de la fábrica El Inca envió a El Comercio una carta pidiendo la adhesión de los estudiantes universitarios para decretar el paro general. La Federación de Estudiantes respaldó inmediatamente a los trabajadores y nombró, como elementos de enlace, a Víctor Raúl Haya de la Torre, Bruno Bueno y Valentín Quesada. Luego de una reunión de obreros y estudiantes acordaron que el paro duraría 48 horas.

Mientras tanto llegaban a Lima terribles noticias sobre los duros enfrentamientos ocurridos en Buenos Aires entre miembros de las Fuerzas Armadas y obreros que exigían la jornada de ocho horas. Se informaba, todavía confusamente, que habían muerto centenares de trabajadores y algunos miles quedaban heridos por acción de las balas. El 14 de enero El Comercio dijo editorialmente en su edición de la mañana: “Razones de humanidad y de justicia nos han hecho mirar con simpatía las aspiraciones del proletariado”. Y añadía: “Es preciso armonizar las necesidades de la industria con las que el obrero tiene en el orden moral y material; cuidar del mantenimiento de la salud de los trabajadores, evitándoles un desgaste exagerado de energías en la faena diaria”.

Lamentablemente durante ese día hubo numerosos actos de violencia en Lima y Callao. Las bombillas eléctricas que colgaban en las calles de ambas ciudades fueron rotas a pedradas. Se levantaron los rieles de algunos tramos de las líneas de tranvías y se atacó la propiedad pública. En su edición vespertina El Comercio condenó los destrozos causados pidiendo calma y cordura.

El día 15 el tráfico rodado quedó suspendido y siguió la violencia acordando los dirigentes obreros y estudiantiles mantener el paro general por tiempo indefinido. Finalmente, el 16 de enero, el Gobierno expidió un decreto estableciendo obligatoriamente la jornada de ocho horas y el arbitraje laboral. Inmediatamente comenzaron a restablecerse los servicios públicos y tuvo lugar una gran manifestación en la Plaza de Armas. El presidente Pardo habló a los trabajadores desde un balcón de palacio en términos entonados y conciliadores.

Todo indica que los sucesos de Buenos Aires impresionaron vivamente al ministro de Trabajo Aurelio Vinelli, quien no deseaba que un baño de sangre igual ocurriera entre nosotros y, según se dijo, convenció a Pardo para que cediera. Ese día editorializó El Comercio: “Ha hecho bien el gobierno al establecer la jornada de ocho horas. El gobierno no podía presentarse, en los tiempos actuales, como un patrón intransigente ante el justo reclamo de sus operarios, porque los nuevos rumbos de la democracia moderna se inspiran en principios de carácter social, fundados en la equidad colectiva y en una justicia humana más amplia y más fraterna que el antiguo derecho estricto”.

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