¿La prohibición de X en Brasil es un atentado contra la libertad de expresión?

El reciente bloqueo de X en Brasil, ordenado por el juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo, ha desatado una tormenta política y legal que avizoramos tendrá implicancias relevantes más allá de las fronteras brasileñas.

Bajo el argumento de proteger la democracia ante la propagación de discursos de odio, la decisión sienta un precedente peligroso que podría extenderse a otros países. La censura judicial preventiva puede estar justificada solo en algunos casos y bajo determinados supuestos. Sin embargo, cerrar una plataforma global debido a su negativa de bloquear ciertos perfiles extremos no es proporcional, tal y como se desprende de la jurisprudencia internacional previa. En lugar de moderar contenido específico, Brasil optó por una solución drástica que limita la libertad de expresión de millones de usuarios.

La sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Moody vs. NetChoice, LLC y NetChoice, LLC v. Paxton (julio 2024) contrasta fuertemente con la decisión brasileña. En ese fallo, la corte defendió el derecho de las redes sociales a ejercer su propio control editorial, argumentando que la primera enmienda de su Constitución protege a las plataformas de la interferencia estatal en la moderación de contenido.

Permitir que los estados impongan qué contenidos se deben mostrar podría abrir la puerta a la censura, algo que el fallo estadounidense evita.

El bloqueo de X envía un mensaje alarmante. Si el argumento de proteger la democracia justifica medidas tan severas, ¿cuántos otros países podrían seguir el ejemplo de la justicia brasileña para silenciar voces disidentes bajo el pretexto de mantener el orden? Así, el verdadero peligro radica en que esto puede replicarse en naciones con menos estabilidad democrática, erosionando aún más la libertad de expresión. El control judicial preventivo no debe convertirse en una herramienta de censura estatal, disfrazada de protección democrática, ni en Brasil ni en ningún otro país.

La decisión tomada por la justicia brasileña de bloquear la plataforma X del multimillonario Elon Musk se enmarca en los esfuerzos en diversas partes del mundo para luchar contra la desinformación, los mensajes de odio y otros contenidos divulgados en las redes sociales. Esto, en especial, por las graves consecuencias que pueden tener en materia de orden público y del funcionamiento de la democracia.

Así, la Unión Europea se ha dotado, desde el 2022, de un reglamento que obliga a las plataformas a monitorear lo que circula a través de sus espacios y eliminar aquello que sea considerado peligroso. La entidad encargada de velar por el cumplimiento de la norma es la Comisión Europea, una mezcla de Gabinete Ministerial y de entidad similar al Indecopi peruano.

En el caso de Brasil, se optó por encargar a un solo juez de la Corte Suprema la lucha contra los contenidos considerados dañinos; concretamente, al famoso Alexandre de Moraes, quien ha adoptado un gran número de medidas obligando a las plataformas a eliminar ‘fake news’ e incitaciones al odio, así como el bloqueo de cuentas de usuarios que las divulgan. Sus críticos denuncian que varias de sus órdenes son secretas y no son motivadas. Algunos de sus defensores consideran que, en el caso de X, ha ido demasiado lejos, al amenazar con fuertes multas a las personas que tratan de acceder a la plataforma a pesar del bloqueo.

Ciertamente, el tema es complejo, pero el deber de controlar lo que se divulga en las redes es ineludible. La libertad de expresión no puede ser utilizada para fomentar la violencia o los golpes de Estado. Que exista el riesgo de que, en la tarea de luchar contra los contenidos dañinos, se pueda cruzar la línea de la censura no puede significar cruzarse de brazos ante graves amenazas contra la convivencia social y la democracia. De ser necesario, se podrán hacer los correctivos pertinentes para evitar abusos, pero sin renunciar al desminado de las redes sociales.